El pasado 23 de febrero efectivos del OS7 de Carabineros llegaron con orden de entrada y registro hasta el domicilio de María Pía Peñaloza, asesora de Eduardo Lagos, uno de los principales imputados en la trama bielorrusa.

Ese día, como dio cuenta este medio, allanaron la vivienda de la profesional e incautaron una serie de dispositivos electrónicos, lo que generó cierta alerta entre los intervinientes en esta causa. De acuerdo con antecedentes contenidos en el expediente de la causa, Peñaloza habría llevado registro de los supuestos pagos que tanto Lagos como Marios Vargas habrían realizado a Gonzalo Migueles para que su pareja, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, los favoreciera en resoluciones judiciales ligadas a la contienda entre Codelco y Belaz Movitec.

De hecho, en la declaración que el Ministerio Público le atribuye a Lagos -declarada ilegal hace algunas semanas-, el imputado indica que ella hacía varias transferencias a petición de él a propósito de pagos a Migueles.

Pues bien, tras confirmar el allanamiento a la vivienda de Peñaloza y la incautación de celulares y computadores, la defensa de Lagos, liderada por el abogado Marcelo Abujiar, presentó una cautela de garantías para que la revisión y extracción de antecedentes se realice sólo con el objetivo de obtener información sobre la causa de la trama bielorrusa.

Los elementos requisados, como sostuvo el abogado, correspondían a insumos pertenecientes a la oficina de Lagos y Vargas, y estaban en su poder porque ella se mantiene con permiso postnatal.

La defensa pide que se protejan datos personales ajenos a la investigación, que no se divulguen confidencias recibidas en el ejercicio de una profesión, ni datos de clientes o empresas que no forman parte del proceso penal en cuestión. Todo, aseguran, en atención a que en esos dispositivos hay datos de clientes o empresas que no forman parte del proceso penal que podrían verse afectados.

Lagos, en ese sentido, plantea que “la revisión indiscriminada de un dispositivo por parte de la Fiscalía o las policías puede vulnerar la estrategia de defensa y la confidencialidad abogado-cliente”.

En el escrito postulan, de esta forma, que “resulta del todo plausible restringir el acceso a información sensible o ajena al caso, para lo cual es menester limitar a términos de búsqueda (palabras clave) o rangos de fechas específicos vinculados estrictamente al hecho punible, como también se establezca límites respecto de la extracción de datos para asegurar que no se acceda a carpetas personales o amparadas por secreto profesional".

Atendido los elementos expuestos, el juez Freddy Cubillos habilitó la audiencia programada para el 26 de marzo próximo -donde Lagos prestará declaración judicial- para también resolver sobre esta cautela de garantías.

Adicionalmente, durante la jornada de ayer martes 3 de marzo, la Corte Suprema revocó la determinación de la Corte de Apelaciones de Santiago que había declarado inadmisible el recurso de amparo deducido por la defensa de Lagos por la negativa de modificar su medida cautelar.

Situación de Vivanco

En medio del expediente de la causa, también existe una reciente solicitud de la defensa de Vivanco para que se le permita el ingreso de su psicóloga, conforme al tratamiento que seguía antes de ingresar a cumplir prisión preventiva en atención a que se le había autorizado a ingresar de medicamentos.

“Vengo en solicitar autorizar a mi representada para sostener una entrevista clínica con la psicóloga, la que se inserta en el contexto del proceso clínico al que se encontraba sometida y que se viera interrumpido por su privación de libertad, mediante modalidad telemática”, se lee en la presentación.

La defensa de la exmagistrada mencionó que “la entrevista se encuentra agendada, según la disponibilidad de agenda de la psicóloga señalada, para desarrollarse el próximo día sábado 7 de marzo de 2026, entre las 10:00 y 13:00 horas, entrevista que se solicita autorizar en modalidad telemática, instruyendo a Gendarmería para otorgar las condiciones técnicas de contacto en la modalidad señalada".

Pese a ello, el tribunal declinó la petición. “Atendido el día en que se pide sea realizada la entrevista, la duración de la misma (tres horas) y la imposibilidad de coordinar con la debida antelación, además de la falta de antecedentes justificantes, no ha lugar en los términos solicitados”, indicó el juez Cubillos.