En palabras del fiscal Cristián Aguilar, hoy el Ministerio Público sólo requería sentar indicios ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de la eventual participación del gobernador metropolitano Claudio Orrego en el supuesto fraude cometido por la Fundación ProCultura. Esto, con el objetivo de lograr su desafuero y así proseguir con su formalización. Era, según sus palabras, solo una etapa preliminar.

Se requería dar este paso porque a juicio de la Fiscalía, Orrego fraguó junto a Alberto Larraín un fraude que generó un perjuicio de más de mil millones al Gobierno Metropolitano, por la vía de una transferencia para la ejecución de un programa para la prevención del suicidio, llamado Quédate.

Sin embargo, y aunque para el ente persecutor se trataba de un estándar alcanzable en este momento, el tribunal de alzada capitalino fue claro y rotundo al determinar que los argumentos expuestos por la Fiscalía no fueron suficientes para privar al exdecé de su fuero como autoridad regional.

Así, tras una audiencia que se extendió por poco más de dos horas y un receso para dirimir, se informó a las partes que los 24 ministros que integraron el pleno decidieron rechazar la petición formulada por Aguilar en representación del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien por encargo del fiscal nacional, Ángel Valencia, encabeza la indagatoria.

De esta forma, por 24 votos contra cero, la corte asestó un duro golpe a las pretensiones del Ministerio Público, que ahora deberá buscar caminos a seguir para sacar a flote un caso donde han conocido una serie de derrotas.

Si bien el desafuero de Orrego era considerado como una pieza central en este caso, hace algunos días los fiscales también vieron frustrados sus requerimientos cuando el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la prisión preventiva de Alberto Larraín y los otros imputados, enfatizando que no se advertían delitos. Decisión que fue confirmada luego por la misma Corte de Santiago.

Esa serie de derrotas previas provocó que la defensa de Orrego, dirigida por Ciro Colombara, fuera tajante al sostener que los persecutores han realizado una ponderación más que errónea de los hechos.

“Aún no conocemos la sentencia, los fundamentos, vamos a esperarla, pero evidentemente el hecho de que el desafuero haya sido rechazado de manera unánime es satisfactorio para nosotros y para el gobernador Claudio Orrego (...) El gobernador viene cumpliendo con su trabajo de manera impecable al igual que todas las personas del gobierno regional“, afirmó Colombara.

Luego agregó: “El Ministerio Público, como institución y en términos generales, funciona de manera adecuada, de manera correcta. Día a día hay fiscales que hacen su trabajo, pero también hay excepciones. Me parece que en este caso concreto hay un error gravísimo en la Fiscalía al imputar una conducta inexistente al gobernador Orrego, al desprestigiarlo durante meses, hubo filtraciones interesadas parciales, pero siempre, todas las decisiones judiciales nos dieron la razón".

Lo que viene ahora, según complementó el abogado, es esperar la sentencia para analizar los fundamentos, aunque desde ya adelantan que es evidente que procede el sobreseimiento definitivo de su representado.

Desde la otra vereda, el fiscal Aguilar aseveró que en tanto no conozcan el contenido de la resolución de los ministros, no puede adelantar comentarios ni qué pasos van a seguir.

Como sea, en el Ministerio Público son conscientes de que la determinación de esta jornada deja en pésimo pie el futuro de este caso, o al menos de esta arista, ya que hay otras investigaciones vinculadas a ProCultura en otras regiones.

Los alegatos

Previo a la resolución, el fiscal Aguilar intentó defender el caso y expuso los argumentos que sostenían su intención de desaforar a Orrego.

Como describió, en base a las diligencias desarrolladas, era evidente de que hay indicios claros de que los imputados actuaron de manera fraudulenta y concertada. Aguilar comentó que se conocían desde hace años y para el Ministerio Público fraguaron un proyecto para supuestamente ayudar a la comunidad, pero lo asignaron a dedo, casi entre amigos.

Prueba de ello, como dijo, es que el mismo día en que ProCultura recibe los recursos, decide invertirlos en fondos mutuos. Además, se enfatizó que la ONG nunca tuvo un giro vinculado a cuestiones de salud.

Eso, como dijo el fiscal, era reconocido abiertamente por Orrego, pues incluso en su declaración dijo desconocer la experiencia de ProCultura, pero sí la experiencia de Larraín como siquiatra.

“Acá no son tan solo los $ 1.686 millones o los $ 1.000 millones que no fueron restituidos. Estamos hablando de un proyecto social que impactaba en esa época pospandemia, el año 2022, respecto de aquellas personas jóvenes, adultos, que tenían tendencias suicidas o para aportar a quienes habían ya tomado esa decisión y sus familias necesitaban asistencia”, dijo Aguilar.

El fiscal añadió que “el problema es que acá se afectó a toda la comunidad de la Región Metropolitana, a un sector de los más vulnerables. Y también eso debe ser considerado. No es tan solo la probidad administrativa o el patrimonio fiscal, sino que también es la comunidad que se ve afectada de recibir un servicio”.

Por su parte, Colombara inició su alegato haciendo presente que “las actuaciones respecto del programa Quédate son absolutamente impecables desde el punto de vista del trabajo del Gore, no hubo concierto, no hubo dolo ni ánimo defraudatorio. Claudio Orrego declaró, abrió sus cuentas bancarias y sus comunicaciones son conocidas. Salvo antecedentes indiciarios e interpretados erróneamente, no hay nada. Orrego no ha cometido infracción alguna. Ni penal ni ética".

El defensor subrayó que se aborda el programa Quédate como algo instrumental, pese a que atendió a más de 15 mil personas, y que se insiste en que hay indicios de irregularidades a pesar de que ya la investigación se ha extendido por más de dos años.

El hecho de que ProCultura hubiese invertido los dineros en fondos mutuos, agregó Colombara, no es algo por lo que se pueda responsabilizar a Orrego. Según recordó, cuando el gobernador supo de irregularidades y atrasos en los pagos que debió realizar ProCultura, inmediatamente determinó cerrar anticipadamente el convenio.

Por lo demás, agregó, desde ese momento ha seguido una serie de acciones, tanto civiles como penales, para que ProCultura reintegre los más de mil millones de pesos que no rindieron. A su juicio, el gobernador no ha hecho más que intentar proteger los fondos públicos.