El jueves 16 de abril el gobierno concretó el primer operativo de expulsión masiva de migrantes. Tras una serie de coordinaciones de la Subsecretaría del Interior y el Servicio de Migraciones con la PDI, Gendarmería y la Fuerza Aérea, 40 extranjeros que mantenían órdenes administrativas y judiciales salieron de territorio nacional.

La noticia se difundió ampliamente por parte del Ejecutivo, pues como se transmitió, evidenciaba que la nueva administración cumpliría con la promesa de campaña del Presidente José Antonio Kast, quien insistió en que sacarían del país a todos los irregulares o con antecedentes.

Pero aunque semanas después el mandatario se llenó de reproches por sostener que la idea de expulsar a 300 mil migrantes “era una metáfora”, fuentes de La Moneda recalcan que no van a ceder en esa labor. De hecho, sostienen que todas las semanas se están llevando a cabo expulsiones.

El problema, según han advertido desde la oposición, es que hasta ahora las cifras reportadas han incluido casos de migrantes que, teniendo orden de expulsión, se acercaron a la autoridad para dejar el país de manera voluntaria y salieron por sus propios medios de suelo chileno.

Por lo mismo, se ha reprochado que los números estarían “inflados”. Según exautoridades, están considerando antojadizamente en los balances casos que no son expulsiones forzadas, que son justamente las que debe ejecutar y coordinar el Ejecutivo.

El registro del gobierno, efectivamente, lo han construido así, pues como reconocen desde Palacio, contabilizan la salida de personas que tienen orden de expulsión en términos amplios, porque -insisten- “lo importante es que salgan”.

Eso sí, como pudo comprobar este medio, el 70,6% de los casos registrados durante el periodo corresponden a expulsiones forzadas.

De acuerdo con reportes de la PDI a los que La Tercera tuvo acceso, entre el 11 de marzo y el 18 de mayo de este año han dejado el país 395 personas que mantenían orden de expulsión.

De ese total, 279 correspondieron a expulsiones forzadas y fueron coordinadas por el gobierno. Las otras 116 personas mantenían orden para salir del país, ya sea judicial o administrativa, pero se presentaron de manera voluntaria, quedando con la respectiva prohibición de ingreso. Por lo mismo es que en los reportes se registran decenas de ciudadanos venezolanos, pese a que a ese país no se ejecutan deportaciones, ya que las relaciones diplomáticas están quebradas.

Del total de migrantes expulsados de manera forzada, 169 dejaron el país vía vuelos comerciales, 80 en vuelos de la Fuerza Aérea y 30 por la vía terrestre. De los sujetos con órdenes que abandonaron Chile de manera voluntaria, 106 salieron desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez, dos por el aeropuerto de Antofagasta, cinco lo hicieron por el paso fronterizo en Colchane y tres por Chacalluta.

En cuanto a las nacionalidades del total de los expulsados, 37,4% son colombianos, 20,7% venezolanos y 16,7% bolivianos.

Al comparar esos datos con un periodo similar de los primeros meses de la administración del expresidente Gabriel Boric, del 11 de marzo al 6 de mayo de 2022, se evidencia que este año las expulsiones se han incrementado. En ese periodo Boric expulsó a 199 migrantes.

Al comparar esa cifra con las expulsiones forzadas de Kast, se aprecia que los casos aumentaron 40%. Se debe tener presente, eso sí, que en 2022 las exigencias para ejecutar expulsiones no eran las mismas, pues en ese momento era requisito notificar al sujeto personalmente en dos ocasiones y ahora basta con hacerlo por correo o carta certificada.

Antes del cierre de esta edición, además de estas cifras, estaba considerado que durante la noche se ejecute la expulsión de otros cuatro extranjeros en vuelos comerciales hacia Paraguay, Ecuador y Perú. Con ello, el total de expulsados durante 2026 llegará a 700, y bajo la administración de Kast, a 405.

El diseño

Según enfatiza el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), la administración de Kast está trabajando empeñosamente en concretar la mayor cantidad de expulsiones. En ese camino han identificado tres frentes en los que deben hacer modificaciones o robustecer herramientas.

Lo primero es que sí o sí se requiere retomar las relaciones con Venezuela para redirigir a sujetos con órdenes a ese país, pues más del 60% de las órdenes de expulsión decretadas los últimos 10 años son respecto de personas de esa nacionalidad.

Lo segundo, también definido como condición esencial y decisiva, es la aprobación de la indicación que permitirá solicitar antecedentes a centros de salud y colegios respecto de extranjeros en situación irregular para así dar con su paradero.

El tercer punto es obtener más recursos, ya que en promedio la expulsión de una persona tiene un costo de $ 2.956.000 y el volumen de órdenes pendientes de ejecución bordearía los 80 mil.

“Aquí no hay ninguna metáfora. El objetivo es claro. Nosotros tenemos que ordenar la casa y vamos a ejecutar todas las expulsiones que podamos. Sin parar”, afirma Pavez.

El subsecretario hizo presente que se utilizarán todas las herramientas necesarias “y no vamos a cejar en demostrar voluntad política para materializar todas las expulsiones que podamos. Acá la diferencia con el gobierno anterior es el cambio de mano. Eso significa voluntad política. En el gobierno de Boric el primer avión lo sacó en octubre y a regañadientes, nosotros ya llevamos dos”.

El director del Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig), Frank Sauerbaum (RN), añadió que “desde que asumió el Presidente Kast se han producido más de 15.000 fiscalizaciones para el cumplimiento de la ley migratoria”.

Desde el Sernamig precisaron que en medio de los operativos de fiscalización se detectaron 7.558 personas que mantenían situación migratoria irregular, por lo que se procedió al inicio del proceso para su salida. Así, también hacen presente que desde el 11 de marzo han emitido y firmado 4.107 decretos de expulsión.

Salidas voluntarias y reconducciones

En medio de los balances que hace el gobierno en materia migratoria, también se registran salidas voluntarias de extranjeros, es decir, personas que tienen situación irregular en territorio nacional, pero que no tienen orden de expulsión en su contra.

Ahí, dicen desde el Ejecutivo, también se nota “la mano del gobierno”, pues se ha repetido que no habrá perdonazos con quienes no tengan su documentación al día.

Desde el 11 de marzo al 21 de mayo, también de acuerdo con reportes de PDI, se contabilizan 1.374 salidas voluntarias: 590 personas salieron en marzo, tras la llegada de Kast a La Moneda, 635 en abril y en lo que va de este mes, 149.

Otro factor son las reconducciones de sujetos que intentan ingresar por pasos no habilitados y que son detectados por personal policial. En lo que va de este año, esos casos suman 678.

Bajo esta administración fueron 216 en marzo, 52 en abril y 54 hasta el 21 de mayo, lo que revelaría, según fuentes oficialistas, que menos personas se están atreviendo a ingresar a Chile al margen de la norma o que al menos se les estaría haciendo más dificultoso.