Si hay algo que quedó en evidencia los últimos cuatro años a la hora de hacer balances respecto del estallido social del 18 de octubre de 2019, es que la administración del Presidente Gabriel Boric se vio obligado a hacer un giro y moderar diametralmente sus pretensiones.

En su primer año en La Moneda, cuando el Mandatario conmemoró los tres años del 18-0, convocó a los medios de comunicación y dio un discurso que se extendió por 17 minutos. Ahí remarcó el fondo de las manifestaciones registradas durante meses y reivindicó el objetivo que tenían -a su juicio- quienes salieron a las calles clamando por mayor justicia, aunque también condenó los actos delictivos que se perpetraron en el mismo contexto.

Cuando se cumplen seis años de dichas protestas, el ambiente es otro. Hay instrucciones generales para que no haya mayores pronunciamientos y mucho menos se planificó alguna ceremonia o acto conmemorativo.

Los cambios no sólo se dieron en el ámbito comunicacional y discursivo. De hecho, el giro se evidencia con aún más fuerza si se analizan las políticas propuestas y las realmente llevadas a cabo en esta materia. Entre lo más evidente está que Boric no logró establecer la Política Integral de Reparación para las Víctimas del Estallido Social, una fórmula anunciada con fuerza por la administración frenteamplista.

En mayo de 2022, Boric junto a la entonces ministra de Justicia Marcela Ríos (FA), la exsubsecretaria de DD.HH. Haydee Oberreuter y la senadora Fabiola Campillai, presentaron la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación, instalando que el actual gobierno era el primero en asumir esa responsabilidad. En ese momento, se referían a lo ocurrido como la “peor crisis de derechos humanos desde el retorno de la democracia”.

Así, el Presidente destacaba que tenían la responsabilidad histórica de “aprender de los errores del pasado, siendo proactivos en la lucha contra la impunidad, con el fin de no dejar heridas abiertas”. Pero esa deuda -como reconocen en privado desde la administración- está vigente.

Pese a que esa promesa implicó el despliegue de mesas de trabajo en todas las regiones, el gobierno terminó cediendo en dicho anhelo. Según el diagnóstico interno, tanto el clima político como social les impidió ir más allá. Además los errores políticos del gobierno, como los indultos a los denominados presos del estallido, también generaron efectos.

De todas formas, meses más tarde y de la mano de quienes han estado a la cabeza de la Subsecretaría de Derechos Humanos, primero Xavier Altamirano (PS) y ahora Daniela Quintanilla, se intentó replantear el asunto, aunque con un enfoque que no estuviera centrado únicamente en el estallido, sino en todas las víctimas de violencia institucional.

De hecho, se dejó de hablar de víctimas del estallido como denominación y se optó por la de víctimas de violencia institucional.

Al menos durante el segundo semestre de 2024, como dejó en evidencia Quintanilla, el planteamiento de las autoridades era “responder a las deudas sobre reparación integral de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en un amplio espectro, tanto aquellas de justicia transicional como de algunos otros episodios, como las adopciones irregulares, los niños y niñas bajo custodia del Sename y del estallido social”.

Pero eso, nuevamente, no se logró en los meses que vinieron y, de acuerdo con las propias proyecciones oficialistas, no se concretará.

¿Qué se ha hecho?

En la administración del Presidente Boric reconocen que la reparación está inconclusa. Sin embargo, reafirman que se ha seguido de manera continua apoyando a víctimas que se han acercado a los proyectos que han permanecido. Según recalcan desde la administración, el norte sigue siendo lograr una reparación integral .

Aún, eso sí, no hay un paneo de cuántas son las personas que realmente siguen requiriendo ayuda. Actualmente, la Subsecretaría está consolidando un catastro de víctimas a través de una comisión especial creada para dichos fines. A la fecha, dicha instancia ha identificado a 1.863 víctimas.

En el ámbito de reparación administrativa, han optado por la disposición de pensiones de gracia concedidas por el Presidente de manera excepcional. Según información oficial del Departamento de Acción Social de Interior, entre 2022 y 2024 se otorgaron 419 pensiones de gracia, de las cuales 394 permanecen vigentes a 2025. Este beneficio lo reciben personas que a causa de sus lesiones sufrieron menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo.

De igual forma desde la Subsecretaria explican que se ha reforzado el componente de reparación en salud, a través del Ministerio de Salud y del Programa PACTO (Plan de Acompañamiento y Cuidados a Personas Víctimas de Trauma Ocular, lesionadas por perdigones y otras lesiones graves).

Este, a partir de 2022–2023, consolidó equipos multiprofesionales en seis Servicios de Salud del país. Según el detalle de las autoridades, durante el primer cuatrimestre de 2025 el programa registró más de 1.000 prestaciones a 621 personas.

El gobierno aún persiste en la idea de que el Ministerio de Salud logre la institucionalización definitiva del Programa PACTO dentro de la estructura regular del sistema de salud, con el objetivo de superar el carácter extraordinario o transitorio de las medidas iniciales.

Por otro lado, destacan desde el gobierno, han fijado tratos de colaboración, se retomó el funcionamiento de la Subcomisión de Violencia Institucional, se ha impulsado espacios de trabajo directo con las organizaciones y litigantes que representan a víctimas del estallido social. En septiembre se sostuvo una reunión con 15 abogados y abogadas de la sociedad civil, incluyendo instituciones como Libertades Públicas, CODEPU, Defensa Popular, CINTRAS, Universidades y abogados pro bono.

Desde enero de 2025 se viene trabajando en una mesa de trabajo mensual con sobrevivientes, familiares y organizaciones sociales, en la que se abordan sus necesidades y requerimientos individuales y acceso a la justicia.

El programa Pacto

Desde su implementación, el Programa Pacto ha experimentado varios cambios. Según indican algunas voces de la cartera sanitaria, tuvo que ponerse en marcha de manera acelerada y además enfrentó los desafíos impuestos por la pandemia en 2020. En ese contexto, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales explican que, al asumir Bernardo Martorell en abril de este año, instruyó avanzar en su consolidación del modelo de atención y redes integradas del sistema público.

Desde la subsecretaría explican que “esto ha requerido afinar la coordinación con las redes asistenciales del país, con el objetivo de asegurar que toda persona, en cualquier punto del territorio, que necesite esta atención pueda acceder a ella de forma oportuna, pero también instalando procesos y competencias que permitan que la política sea sostenible en el tiempo”.

Según la última información de la cartera, hasta junio se habían registrado 621 personas, de las cuales 435 correspondían a trauma ocular, 23 a lesiones por perdigón y 19 a lesiones graves. Aun así, desde la Subsecretaría de Redes destacan que entre 2019 y 2024 se han realizado más de 5.000 atenciones, beneficiando a un total de 572 personas.

En la reformulación del programa de PIRO a Pacto se amplió la población objetivo, incorporando no solo a personas con trauma ocular, sino también a quienes presentan lesiones graves o provocadas por perdigones en el contexto de la contingencia social.

El programa ofrece una atención integral, que combina cuidado físico y psicológico tanto de las personas afectadas como de sus familiares directos, mediante atención individual, intervenciones grupales y acompañamiento psicosocial.

Pese a esto, la evaluación que hacen organismos de DD.HH. no es la mejor. “Si bien han existido algunas iniciativas estas instancias han sido insuficientes. El instituto ha sostenido que la reparación a las víctimas debe cumplir con una serie de iniciativas dirigidas a la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción, y desde ese punto de vista, los esfuerzos emprendidos en materia de reparación han sido insatisfactorios”, sostiene el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic (FA).

Ljubetic agrega que el organismo ha determinado indagar rigurosamente las medidas del Estado atendiendo especialmente a las recomendaciones formuladas por el INDH en su informe anual 2019.

Por su parte el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, recalca que “las medidas que se han adoptado han sido escasas, insuficientes y tardías. No ha habido una política pública de reparación integral”.

Por lo mismo insistió en que Amnistía “llama al Estado a cumplir urgentemente con sus obligaciones y diseñar una política pública de reparación integral basada en los estándares internacionales, que determine de manera clara la naturaleza de las medidas a adoptar, las etapas en que se dividirá su implementación y el financiamiento necesario para garantizar su correcta y completa aplicación considerando una total transparencia y la participación de las víctimas”.