“Que, consta en causas judiciales, que en el inmueble antes singularizado, existieron prácticas de hechos constitutivos de secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas, durante la vigencia de la Dictadura Cívico-Militar”. Con esas palabras comienza el decreto exento número 60 del 7 de julio del 2025 en el que el gobierno de Gabriel Boric aprobó el programa de expropiación de los inmuebles de Villa Baviera en el Maule, conocido como “Colonia Dignidad”. Pero este fin de semana, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció en La Tercera que como nueva administración echarán pie atrás a ese acto expropiatorio. “Vamos a reversar la expropiación”, sostuvo. De ahí en más, una nueva polémica se abrió entre administraciones entrante y saliente, ahora alcanzando la arista administrativa.

Tanto en el gobierno entrante como en el saliente hay una confrontación por las distintas interpretaciones que se hacen de la ley y lo que permite.

Y es que el anuncio de Poduje no solo generó críticas en la oposición, sino que también en los antiguos gobernantes. El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, habló de una “bofetada directa a la memoria de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos”, mientras que el extitular de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, este lunes en la radio La Clave defendió la “importancia histórica” de expropiar dichos inmuebles.

Con la polémica desatada, Poduje defendió en Mesa Central de Canal 13 y en la red social “X”. Principalmente dos fueron sus argumentos: la falta de dinero en el ministerio -Poduje ha hablado de un 97% del presupuesto comprometido por “deudas de arrastre” y de un costo de $ 47 mil millones solo la parte urbana-, pero también el ministro ha argumentado que la ley solo permitiría las expropiaciones para ser usadas como inmuebles habitacionales.

¿Qué dice la ley?

La noche de este domingo Poduje en un hilo de “X” dio sus argumentos. Básicamente el actual ministro dice que las expropiaciones se restringen a razones de vivienda, mientras que en el gobierno pasado hablaban de que Colonia Dignidad en su calidad de monumento nacional tiene un carácter especial.

La Ley 16.391 que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo fija en sus artículos 50 y 51 las facultades de esa cartera para iniciar expropiaciones. El artículo 51 fija que los inmuebles “deben ser indispensables para el cumplimiento de los programas de construcción, alteración o reparación de viviendas, equipamiento comunitario, obras de infraestructura y remodelaciones”. Mientras que el artículo 53 del Decreto Supremo 355 de 1977 reitera esta facultad.

De ahí que Poduje en su hilo de X retrucó que “desde el inicio aparecía el problema de base. Potestad expropiatoria del Serviu la restringen a vivienda, equipamiento comunitario, infraestructura y remodelaciones”.

Pero en el gobierno pasado tenían una distinta interpretación, pues citan el decreto ley 2.186 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que “aprueba ley orgánica procedimiento de expropiaciones”. De hecho ese decreto fue citado en el documento administrativo que aprobó la expropiación, aludiendo a que dicho documento habla de expropiaciones “por causa de utilidad pública o de interés social o nacional”.

Además, el gobierno pasado aludía a que mediante el decreto 208 del Ministerio de Educación del 2016 se declaró como “monumento nacional” -en la categoría de “Monumento Histórico”- a la Colonia Dignidad, “por lo cual dichos inmuebles quedaron sometidos a un régimen legal especial de protección patrimonial contenida en la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales, lo que impone restricciones y obligaciones específicas a su propietario, ya que pasan a tener un estatus de bien de interés público".

Poduje en redes sociales dijo que esto fue advertido por el área jurídica del Serviu del Maule, que acusó que “no había proyecto habitacional o urbano asociado”. Además, el ministro agregó que un convenio reconocía que “no existe ley especial”, que hubo falencias legales como un decreto que no se emitió como decreto exento, sino que como decreto supremo y que la Contraloría en un oficio habría “validado” los cuestionamientos sobre la modalidad de “expropiar para un tercero”.

En Canal 13, Poduje fue enfático en señalar que “la Contraloría indica claramente que no podemos”.

Al cierre de esta edición desde el ente contralor no respondieron a la consulta de este diario sobre el tema.

El ministro sostuvo que para llevar a cabo la expropiación “habría habido irregularidades”, ya que se buscó la figura de expropiar “para un tercero, y el tercero pasaba el tema a Bienes Nacionales”.

Pero el exministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, dice a La Tercera que “las diferencias técnicas y jurídicas entre ministerios y servicios relacionados son pan de cada día en el Estado, intercambios necesarios para resolver mejor, no tienen nada escandaloso per se. Lo mismo los intercambios con Contraloría. Y la expropiación de Colonia Dignidad se programó pero no se alcanzó a ejecutar, por lo tanto el ministro no tiene nada que ‘reversar’, puede corregir todo lo que quiera. El gobierno subordina la tarea de gobernar al afán de agredir a su adversario, eso grafica esta ocurrencia del ministro Poduje y no me parece nada sano”.

Otro argumento de Poduje en la entrevista con este medio fue que “implica básicamente expropiar una localidad completa que ya tiene casas, viviendas, una zona urbana. Eso no se ha hecho nunca”. Pero en el gobierno pasado dicen que ya se han hecho expropiaciones a terrenos urbanos. Por ejemplo, hay casos en Tarapacá, Magallanes, Valparaíso, Maule y Biobío durante el gobierno pasado.

Fuentes cercanas a la gestión anterior señalan que “la causal de utilidad pública es la que dispone el acto administrativo que ordena la expropiación y aquí no se ha expropiado nada a la fecha”.

Agregan que la normativa establece que dentro de los inmuebles que se pueden expropiar se incluyen aquellos que “beneficien a la comunidad”.

Afirman que “la expropiación se plantea como equipamiento comunitario, museo. Hay expropiaciones en urbano y rural”. Además añadieron que “mientras no se encuentren tasados todos los inmuebles no es posible aseverar el monto (…) El Minvu y Serviu sí pueden expropiar equipamientos comunitarios con destino museo. Hay varios sitios de memoria que fueron expropiados por el Minvu en administraciones anteriores, basándose en la misma normativa”.

En todo caso, la arremetida del ministro también generó revuelo a nivel internacional, pues Colonia Dignidad era un lugar donde vivían ciudadanos alemanes. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, Kathrin Deschauer, dijo que “puedo decir, fundamentalmente, que el esclarecimiento de los crímenes de la antigua Colonia Dignidad es y seguirá siendo una preocupación importante del Gobierno Federal. Por ello, el Gobierno Federal apoya el proyecto de creación de un memorial en Chile”.