Fue en noviembre del año pasado cuando en plena campaña presidencial el hoy Presidente José Antonio Kast llamó la atención cuando en un acto electoral apareció con un panel de vidrio blindado y antibalas cubriendo su podio. Ahora, meses después, el Servicio Electoral (Servel) le rechazó ese ítem como gasto de campaña. ¿El argumento de la entidad fiscalizadora? No tratarse de un gasto con fines electorales.

Así quedó desprendido en la resolución G1345 que aprobó -con observaciones- la cuenta de ingresos y gastos electorales del Mandatario, con fecha 9 de abril de este año. Para esa campaña, Kast declaró gastos por $3.421.598.647.

A esa rendición se le levantaron observaciones, pero el administrador electoral de la campaña de Kast -Julio Feres, hoy administrador de La Moneda- “evacuó respuestas de forma extemporánea”. Por lo mismo, el Servel determinó “que los antecedentes aportados no alcanzaron el mérito suficiente para levantar o tener subsanadas la totalidad de las observaciones”. El Servel autorizó la devolución de $3.125.089.680, pese a que se había pedido un reembolso de $3.165.188.281, lo que dejó una diferencia de $40.098.601

En el documento quedó establecido que en un cierre de campaña en Viña del Mar el gasto por el blindaje antibalas -por $20.670.300- “no cumple con los requisitos legales para ser considerado gasto electoral. Es así como el artículo 2 de la Ley N° 19.884 establece que se considerará gasto electoral ‘todo desembolso o contribución avaluable en dinero, efectuado por el precandidato en lo que corresponda, el candidato, un partido político o un tercero en su favor, con ocasión y a propósito de actos electorales".

El Servel argumentó que “el propósito, intención o finalidad en el uso de blindaje o láminas de seguridad, era únicamente la protección de la integridad física del candidato ante amenazas eventuales, que, solo cabe presumir, la candidatura estimó como existentes o posibles. Este gasto, sin embargo, no tiene un propósito o intención de promoción del candidato entre el electorado”.

Para otro evento en Concepción también fue rechazado ese gasto por $3.570.000.

Otra observación fue la relativa a gastos por “propaganda impresa y merchandising”. Hubo gastos por $185.737.032, pero “no se habían rendido gastos por concepto de brigadistas y/o voluntarios que distribuyeran o usaran dichos materiales”. Hubo $4.878.297 de gastos en radioemisoras que no se registraron en la cuenta de ingresos y gastos. Lo mismo ocurrió con propaganda impresa. Tampoco se acompañaron certificados de donaciones por $53.518.297 donados a 76 candidaturas a diputados y senadores.

Hubo otro gasto por $20.000.000 por el concepto “Evento Casa Santiago”, del cual se detalló que también fueron rechazados gastos por el panel, además de $2.975.000 por un “detector de metales”.

Matthei

En el caso de la candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, el Servel determinó que “que existen inconsistencias u omisiones en su contabilidad electoral, sin embargo, estas no revisten de la gravedad suficiente para motivar el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales”, por lo que ésta fue aprobada con observaciones. En su caso, ella pidió un reembolso de $3.153.980.529 pero -debido al umbral de votos que consiguió y a las observaciones del Servel- solo se le aprobó una devolución total de $2.447.159.637, lo que dejó una diferencia de $706.820.892. Cabe destacar que Matthei declaró gastos por $4.707.157.116 en su fallida candidatura.

Dentro de las observaciones, destaca un aporte propio de la candidata por $304.971.142 “el cual no fue ingresado a través del Sistema de Recepción de Aportes (SRA) del Servicio Electoral”. El administrador electoral -su hermano Fernando- justificó por qué no se usó el sistema, argumentando los fines de cada dinero. Sin embargo, el Servel determinó que “pese a los argumentos presentados por el Administrador Electoral, no se utilizó el Sistema de Recepción de Aportes (SRA), lo que constituye una vulneración directa de lo dispuesto en el artículo 19, inciso primero, de la Ley N°19.884 (...) en consecuencia, la declaración de parte del Administrador Electoral confirma y reafirma que no se ejerció el deber de registrar el aporte mediante la plataforma SRA, vulnerando así la transparencia y trazabilidad de los ingresos de campaña, elementos esenciales para la fiscalización y control de los gastos electorales".

Otra observación señala que “se detectó un indicio de eventual existencia de gastos no declarados, asociados a facturas por un total de $5.255.393 y a boletas de honorarios por un total de $21.466.172. Que, no obstante lo anterior, atendida la falta de una respuesta adecuada y suficiente por parte de la candidatura, no se cuenta con antecedentes que permitan imputar los montos señalados a la contabilidad electoral respectiva”.

Un punto que se hizo fue que se gastaron $40.623.030 para una actividad de campaña en el gimnasio municipal de Temuco. El Servel cuestionó que “atendido que dicho recinto se encuentra bajo administración municipal y sujeto a regulación para la realización de espectáculos y eventos masivos, resulta procedente y exigible la obtención del permiso municipal correspondiente para su utilización”.

En ese sentido, el Servel fue tajante e indicó que “se derivarán los antecedentes a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral, para la determinación de las eventuales responsabilidades y sanciones”.

También hubo varias observaciones relativas a “informes genéricos” por el desempeño de actividades de algunos funcionarios. Hubo errores administrativos como un gasto de $8.330.000 por la franja de TV que aunque se realizó efectivamente el servicio, al ser declarado tardíamente por el administrador no fue aprobado el gasto.

Los reparos a Jara

El Servel también hizo observaciones a los antecedentes presentados por la candidata del PC, Jeannete Jara. Su contabilidad electoral presentada fue de $ 3.073.425.678, con gastos registrados y declarados por $ 3.055.776.907. Es decir, hay una diferencia de poco más de 17 millones de pesos. “No se logró aclarar la diferencia indicada, y conforme a las modificaciones efectuadas a la cuenta de ingresos y gastos electorales (...) se ha determinado una descuadratura final de $ 23.884.507, el cual será descontado de los documentos solicitados para reembolso”, se lee en la resolución del Servel, que corrigió a $ 100.322.367 el aporte propio que hizo Jara a su candidatura.

Jara terminó solicitando $ 2.421.147.931 en reembolsos de gastos electorales, autorizándose un monto mayor de devolución de $ 2.444.456.991, lo que se explica por ajustes contables durante el proceso.

Entre otras cosas, a la rendición de Jara le fueron rechazados $ 1.875.000 por un encargado de comunicaciones -Diego Ibáñez Irribarra- por no haber presentado la boleta de honorarios dentro del plazo legal, a pesar de que el gasto cumplía con los requisitos. Una situación similar ocurrió con tres facturas por servicios de alimentación por $ 797.300, $ 840.000 y $ 1.785.000 y otra de $ 350.877 por un arriendo de vehículo, las que no fueron rendidas a tiempo.

El Servel, además, detectó la existencia de gastos de campaña no declarados por montos de $ 7.383.602 y $ 3.250.000. Y aunque el equipo de la excandidata intentó aclarar algunos de ellos, no todas las observaciones lograron ser subsanadas, por lo que el servicio las mantuvo y en algunos casos imputó el gasto a la contabilidad electoral, remitiendo a su vez los antecedentes a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral para que se determinen eventuales responsabilidades.

El resto de candidatos

Otros candidatos también tuvieron reparos. Al economista Franco Parisi se le plantearon observaciones por las labores realizadas por su funcionario José Victorino por un total de $17.544.000. Se cuestionó que sus labores coincidían con las del administrador electoral. Además, el Servel determinó que el gasto de $18.000.000 en asesorías legales de Mauricio Pavez presentan observaciones pues “el precio pagado por el servicio no se justifica en atención a las labores efectuadas”.

Hubo observaciones por pasajes aéreos a gente que por contrato no podía hacerlo. También se derivó la información para proceder a posibles sanciones por la compra de 1.400.000 volantes, pues no se acreditó la identidad de los encargados de su distribución, por $41.650.000.

Otra observación a Parisi fue la denuncia de su exencargado de hacienda, Juan Carlos Fernández Lazo, quien denunció al Servel que había pactado un pago de $800 millones por seis meses de trabajo para la elaboración de un programa económico, sin embargo el gasto no fue incorporado en la contabilidad de la campaña, pese a que el denunciante sostuvo que el monto estaba pactado. El Servel envió los antecedentes para investigar.

En el caso de Johannes Kaiser su cuenta fue aprobada sin observaciones. Con Harold Mayne-Nicholls se observó que hubo $3.600.000 por “otros gastos” que no lograron ser acreditados. A Marco Enríquez-Ominami se le objetó que no se usaron $2.777.122 por pasajes, que debido a un problema de salud no se utilizaron. A ME-O se le cuestionaron $23.800.000 por encuestas, pues el Servel no logró determinar los antecedentes que justificaran el gasto. También se le cuestionó que cobrara por traslado de Carabineros en circunstancia que ello es cubierto por el Estado.

Cabe destacar que los excandidatos pueden acudir a la justicia electoral -a través del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel)- para objetar las observaciones del Servel.