Fue hace casi una semana que la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD) reflotó una idea que incomodó al gobierno durante los cuatro años de la administración del Presidente Gabriel Boric.

“Yo creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar a esas personas antes de que llegue el próximo presidente”. Esas fueron las palabras de la exabanderada presidencial que reactivó un asunto que el Ejecutivo, pese a los reparos de algunos, ya había sepultado.

Tohá hacía alusión a los migrantes en situación irregular que acudieron al llamado del Ejecutivo para realizar el empadronamiento biométrico. Sin embargo, la intervención de Tohá solo generó molestia en el gobierno.

En privado, fuentes de La Moneda que saben de esto comentan que cuando Tohá se desempeñó como ministra del Interior, efectivamente, estaba por avanzar en un proceso de regularización, pero luego, cuando decidió ser candidata presidencial ,“dejó de empujar ese carro” al irse de La Moneda y tras su salida el gobierno no persistió en la idea.

Desde el día uno la administración de Boric ha sabido que la regularización de migrantes es una política pública impopular, que trae costos políticos y poco rédito en la opinión pública. Pero a pesar de eso, dicen fuentes oficialistas, cuando Tohá llegó a Interior siempre fue de las que defendían que el gobierno debía avanzar en esa línea, a pesar de eventuales impactos electorales.

De hecho, al interior del gobierno ya es una certeza de que en esta administración no será posible ejecutar un plan de este tipo, a pesar de que estaba todo listo para lanzar el proceso.

La historia de un plan fallido

El primer hito que selló la idea de avanzar hacia una regularización ocurrió en 2023, cuando se lanzó la Política Nacional de Migraciones y Extranjería. En ese documento se fijaron ciertas condiciones para eventuales procesos de regularización.

Ahí se sentaban las bases para avanzar en conversaciones con los sectores interesados en la materia, sobre todo los más opositores. Todo debía ser paulatino, ya que en La Moneda sabían que si explicitaban su intención de regularizar, se activaría una crisis.

Una vez que esa política entró en vigencia a fines de 2023 y partió el proceso de empadronamiento, comenzó el diseño del plan que pretendían llevar adelante. Los pilares que levantaron para justificarlo era que esto se requería por razones de seguridad, que sería acotado y que tendría condiciones claras.

De hecho, las mismas fuentes recuerdan que el primer semestre de 2024 un equipo del Servicio Nacional de Migraciones, encabezado por el director Luis Thayer, comenzó a trazar un diseño que permitiera a los migrantes que se empadronaron regular su situación.

Ese plan fue conversado con el equipo de la ministra Tohá y la idea era tener todo listo para cuando el presidente diera el vamos definitivo. Algo que nunca llegó.

Así fue como se depuró el listado de empadronados, se analizaron en detalle los antecedentes con la PDI, se hicieron los cálculos y se definió que el proceso tendría un costo de $ 1.000 millones y se estipuló que el proceso se autofinanciaría, ya que se cobraría US$ 100 a cada solicitante. El trabajo quedó tan avanzado que incluso se diseñó e implementó la página web para postular

El proceso exigía requisitos, los cuales se definieron en línea con la política migratoria. Estos fueron: personas empadronadas, con arraigo laboral (contrato) y arraigo familiar. El universo se calculó en 150 mil posibles postulantes.

En paralelo, se trabajó un plan comunicacional para amortiguar los costos políticos de la iniciativa. Los equipos de Interior se reunieron con el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali; con representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura, alcaldes y parlamentarios de derecha.

Todo el trabajo de hizo con silencio y cautela. Solo recién a fines de 2024 el entonces subsecretario del Interior Luis Cordero reconoció públicamente que se estaba evaluando un proceso de regularización acotado. De hecho, Cordero, al igual que Tohá y Thayer, eran de las voces que empujaban en esta dirección. De acuerdo con quienes trabajaron el plan, uno de los más férreos opositores a esta idea fue el exsubsecretario Manuel Monsalve. La exautoridad siempre fue un detractor del plan, y hasta que estuvo en el cargo -octubre de 2024- insistía en que al gobierno no le convenía persistir en esa política pública.

Cordero luego lo reafirmó en la segunda sesión del Consejo de Política Migratoria de 2024, donde de acuerdo con el acta del encuentro, hizo presente que tanto en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara como en la inauguración de la conmemoración de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, el Ejecutivo ha señalado que está estudiando la implementación de un mecanismo acotado de regularización migratoria.

Pero luego, Tohá fue un paso más allá. En enero de 2025, en una sesión del Senado, abordó claramente lo que se estaba trabajando, entregando mayores lineamientos de la medida: “Lo que vamos a hacer es un proceso de regularización y no un perdonazo, y eso tiene por objeto la seguridad del país”.

Pero nada de eso vio la luz.

Fuentes de gobierno cuentan que el cálculo político -con voces en la Secom, Segundo Piso e Interior, liderado por el ministro Álvaro Elizalde (PS)- estuvo por sobre la convicción que tenían algunos. Por eso fue que cada vez que se evaluó lanzar la iniciativa, se analizaba la proximidad que había de una elección y el impacto que esto tendría para la aprobación del gobierno y, por lo mismo, el tema se terminaba postergando.

Con el plan sepultado, Thayer ha insistido en alguna salida. De hecho, en su última cuenta publica volvió a tocar este tema planteando que había que avanzar en el proceso. Pero el tiempo se agotó y la idea que hoy ronda en la repartición es la de eventualmente definir un proceso en que sólo se regule al migrante para que pueda salir del país sin sanción.