El 11 de agosto, la funcionaria del Registro Civil de Buin Fabiola Esparza (45) realizó una denuncia por un robo de dinero en efectivo desde el interior de las oficinas del organismo.

La denuncia activó varias diligencias policiales por parte de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 15ª Comisaría de Carabineros de Buin para dar con los responsables. Parte de esas diligencias fue la revisión de cámaras de seguridad del recinto.

Sorpresa causó en los investigadores que al revisar los videos, así como también otras pistas, dieron con que las responsables serían dos trabajadores del mismo organismo. Y no cualquier funcionario, sino que la jefa de oficina Carmen Audala (31), y su subrogante, la propia Fabiola Esparza.

“Con el trabajo investigativo que se realizó a posterior del denuncio por la plata sustraída el 11 de agosto se pudo posicionar, tanto a la jefa del Registro Civil, como quien la secunda, en un sector del recinto. Cuando se activa la alarma, se puede ver a una de estas dos personas que está al interior, específicamente en el vértice de la puerta”, explicó el mayor Pablo Muñoz.

El Registro Civil se refirió al hecho mediante un comunicado, señalando que el dinero sustraído alcanzó los $17 millones en recaudaciones en efectivo y que interpusieron una querella ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo por hurto y el delito de malversación culposa contra quienes resulten responsables de este hecho.

Carabineros detuvo a ambas mujeres durante la mañana. Con todo, hasta la tarde de este martes, el dinero no había sido habido.

57 segundos

Fue con esos mismos videos que pudieron ver que una de las mujeres, presuntamente la oficial civil encargada de la oficina, entró portando una capucha y vestida completamente de negro. 57 segundos habría estado dentro del recinto. Sin embargo, ese ingreso habría sido una suerte de fachada por una posible investigación, ya que el dinero habría sido retirado antes.

De acuerdo a Carabineros, el 11 de agosto constataron que el inmueble presentaba forzamientos leves en sus accesos y desorden en diversas oficinas, en lo que dice relación con documentación, cédulas de identidad y placas patentes. Además, los uniformados pudieron constatar que la caja fuerte había sido abierta.

Otro detalle que es parte de la investigación es que Audala se encontraba con licencia médica para la fecha de los hechos. Posterior a esa licencia, la mujer tomó días de vacaciones. Personal del SIP continuaba realizando diligencias con el fin de determinar si hubo más responsables en el robo.

De acuerdo a la policía uniformada, una de las funcionarias ya había denunciado hace un año, un supuesto robo en el mismo servicio público, por un monto de $11 millones.

El mayor Muñoz agregó que ninguna de las mujeres reconoce haber participado en el ilícito. “No obstante a eso, hay ciertas inconsistencias tanto en sus declaraciones como en el levantamiento de información de la parte investigativa que la SIP pudo realizar”.

Sumario

El organismo señaló que “previo al robo, el área de Auditoría Interna había detectado irregularidades en el manejo de recaudaciones, motivo por el cual se dispuso la realización de una intervención en la oficina.

Además, agregaron que ”la Dirección Regional Metropolitana instruyó un sumario administrativo con el objetivo de esclarecer eventuales responsabilidades internas y determinar posibles incumplimientos de los protocolos de custodia y manejo de valores”.

Tanto Audala como Esparza son funcionarias a contrata. “El Servicio manifiesta de manera categórica que no tolerará ningún acto de corrupción ni faltas a la probidad al interior de la institución”, añadieron.

Por su lado, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó que “ningún funcionario público que cometa un ilícito va a quedar en la impunidad. En ese sentido la Justicia va a determinar si efectivamente algunas de las funcionarias del Registro Civil cometieron ilícito y, por lo tanto, van a tener que responder ante la justicia”, sostuvo.

Las imputadas enfrentarán a los tribunales este miércoles cuando se controle su detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.