En declaraciones a la prensa tras la resolución del 4° Juzgado de Garantía de Santiago que fijó la prisión preventiva para Manuel Guerra, la defensa del exfiscal indicó que deben evaluar los pasos a seguir.

El abogado Carlos Mora asumió la vocería del equipo de penalistas que representa al expersecutor que tiene que cumplir la medida cautelar en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

“Fue una resolución bastante larga, resolución que evidentemente nosotros no compartimos”, comentó Mora en el Centro de Justicia, explicando que deben estudiar la decisión del tribunal.

“Tenemos plazo de cinco días para ver qué acción recursiva vamos a oponer, pero la verdad es que ustedes tienen que entender que nos afecta”, agregó.

El defensor recalcó que el exfiscal “llegó caminando a la audiencia” y “colaboró durante toda la investigación”.

“No estamos conformes. También ustedes tienen que entender que la defensa con el Ministerio Público tenía un acuerdo, que fue imputado. Y eso ensució todo el trayecto, digamos, de esta audiencia”, comentó.

La Fiscalía de Arica, inicialmente solicitó el arresto domiciliario total de Guerra en el marco de una negociación con la defensa, sin embargo, dieron por desechado el acuerdo tras la declaración judicial que hizo el imputado en el tribunal.

Por otro lado, Mora anunció que van a insistir en su alegación de que es ilegal el acceso a las conversaciones privadas de Guerra con el abogado Luis Hermosilla.

La investigación se originó por el acceso a esos registros alojados en el celular incautado al penalista en el caso Audio.

“Con respecto a la ilegalidad de la obtención de los mensajes, hay distintas oportunidades en el proceso para discutirlo. Esta era una oportunidad y también se puede discutir en la audiencia de preparación de juicio oral, como lo señala la ley. Por supuesto que vamos a insistir”, adelantó Mora.

El otrora fiscal regional de la Fiscalía Metropolitano Oriente, Manuel Guerra Fuenzalida, está siendo imputado como autor de los delitos reiterados de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos.

Se fijó un plazo de investigación de 45 días.

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