El fiscal adjunto de San Bernardo, Rubén Salas, solicitó el pasado viernes 5 de diciembre a la Policía de Investigaciones (PDI) realizar una serie de nuevas diligencias en el contexto de la causa por fraude al fisco en contra de la exalcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas (UDI).

En el documento, al que tuvo acceso La Tercera, el Ministerio Público pide a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Bernardo citar a declarar en calidad de testigos a todos los actuales concejales de la comuna.

En definitiva, deberán entregar declaración los ediles Karina Leyton (PS), Leonel Navarro (P. Radical), Cristina Cofré (PC), Romina Baeza (FA), Jaime López (FRVS), Carolina Fuentealba (P. Rep.), Juan Rivera (P. Rep.), María Jesús Núñez (P. Rep.), Marcela Novoa (RN) y Mariela Araya (UDI).

Cabe resaltar que la edil Mariela Araya es sobrina de la exjefa comunal, además de expareja del exjefe de finanzas del municipio, Mario Astorga, que también estaría siendo apuntado en la investigación.

Además de lo anterior, también se solicita enviar un oficio a la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, de tal forma que entreguen una copia de los antecedentes relativos a las rendiciones presentadas por los Fondos FAEP.

La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo presentaría un millonaria deuda por gastos no justificados provenientes de Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), recursos entregados por el Ministerio de Educación a los sostenedores para el mejoramiento de establecimientos públicos.

Según la demanda presentada por Consejo de Defensa del Estado (CDE), entre los años 2015 y 2017, no existió una adecuada rendición de cuentas que explicara el gasto de más de 4.000 millones de pesos en aquel período, los que aparentemente habrían sido gastados en otros fines o no habrían sido rendidos.

El detalle de aquellos gastos sería el siguiente:

• $1.649.452.435 en 2015
• $946.589.003 en 2016
• $1.652.244.411 en 2017

“Esa plata no era para sueldos ni fiestas, era para que los niños tuvieran mejores colegios. Ahora la Municipalidad de San Bernardo tendrá que sacar plata de su propio bolsillo para pagar esta deuda. Esa plata, que era para la educación de los niños y niñas de San Bernardo, para fortalecer nuestra educación pública, desapareció o se malgastó”, señaló sobre esta arista el actual jefe comunal, Christopher White (PS).

Las otras causas que enfrenta el municipio de San Bernardo

Además de la acción judicial contra la exalcaldesa Cuevas por el uso de los FAEP entre 2015 y 2017, el municipio también presentó en 2021 una querella por fraude al fisco en su contra por irregularidades en fondos no rendidos de subvenciones escolares entre 2016 y 2020, por montos superiores a $20.000 millones.

En aquella causa, la otrora jefa comunal y diputada habría prestado declaración a la Fiscalía como imputada durante el 2024.

En esa instancia, Cuevas detalló: “Yo delegué la mayoría de las funciones y decisiones técnicas en la corporación, por lo que no tengo conocimiento en específico de cómo se manejaron estos aportes. Quiero aclarar que yo tuve una actitud y acción muy macro de todo lo que era la corporación”.

Por otro lado, la actual administración comunal también enfrenta otro proceso. En octubre pasado, concejales republicanos y UDI presentaron un requerimiento al Segundo Tribunal Electoral Regional de la Región Metropolitana para cesar de sus funciones a Christopher White.

En su denuncia, acusan a White de notable abandono de deberes, los que habrían ocasionado un “grave perjuicio patrimonial a la comuna”.

Además de resaltar las ya detalladas deudas de la Corporación Municipal de Educación y Salud, también acusan que en 2022 se suscribieron convenios y contratos colectivos sin respaldo presupuestario suficiente, generando un déficit financiero superior a los $3.300 millones.