En prisión preventiva quedaron este miércoles tres ciudadanos venezolanos tras ser formalizados por el homicidio calificado de un comerciante del barrio Meiggs, registrado el pasado 19 de junio en la comuna de Ñuñoa.

Los sujetos fueron detenidos ayer martes en Estación Central por su presunta participación en el crimen de José Felipe Reyes Ossa, cometido cuando salía de un edificio en esa comuna del sector oriente de la capital. En la ocasión, otra persona sufrió un robo con intimidación por parte del grupo de delincuentes.

Esta jornada, el fiscal ECOH Sergio Soto afirmó que los sujetos fueron “formalizados por los delitos de robo con intimidación en contra de una de las víctimas y de homicidio calificado respecto de una segunda que, lamentablemente, falleció el día de los hechos”. Asimismo, fueron imputados por delitos de infracción a la ley de armas.

Además, el fiscal Soto confirmó que la tesis de la Fiscalía apunta al sicariato, ya que los ciudadanos extranjeros habrían recibido un pago por dar muerte al comerciante.

“Se dieron por acreditados todos y cada uno de los delitos. Se estableció que el móvil del homicidio de una de estas personas fue, derechamente, haber sido contratado este grupo de personas para darle muerte a cambio de una suma de dinero”, relevó.

Sobre la dinámica del hecho, sostuvo que los sujetos intentaron ingresar a la víctima a un automóvil y, al no lograr su cometido, le dieron muerte en el lugar.

“De acuerdo a la dinámica que hemos observado durante estos últimos años, normalmente los homicidios (por sicariato) se desarrollan en las comunas rurales de la Región Metropolitana, de manera que este intento ingresarlo a la fuerza a este vehículo (...) es posible que era para trasladarlo al lugar donde lo ejecutarían. Y a raíz de que no pudieron, lo mataron en el lugar de los hechos”, añadió.

Añadió que, al día siguiente, los agresores escaparon hacia la ciudad de Osorno, en la Región de Los Lagos.

“Se logró establecer que estos sujetos, al día siguiente de haber cometido este delito, y una vez que recibieron parte del dinero acordado por este homicidio, se trasladaron hacia el sur del país, particularmente a Osorno, lugar en el que estuvieron, aproximadamente, 15 días, a la espera de qué ocurría en el transcurso de la investigación”, informó.

El fiscal Soto agregó que “al estar más tranquilos en orden a que no habían podido dar con ellos, regresan a la Región Metropolitana la semana pasada y el día de ayer logramos establecer el ingreso de uno de los imputados a su domicilio, razón por la cual se activaron las medidas con las que se logró detenerlos”.

Pago de $ 30 millones

Sobre el pago convenido por el crimen, el fiscal Soto indicó que “todo apunta a que el ofrecimiento fue de alrededor de 30 millones de pesos. De este monto, se cancelaron alrededor de cuatro millones y medio al día siguiente de la comisión de este hecho”.

El persecutor explicó, además, que “las personas que cometieron este hecho fueron contactadas por otra persona de nacionalidad venezolana, quien, a su vez, fue contactado por una persona de nacionalidad chilena que estaba vinculado a los negocios de la víctima y que, a raíz de eso, habría encargado darle muerte”.

Agregó que se están realizando diligencias para confirmar la indentidad de quién sería el autor intelectual del crimen, para luego pedir la respectiva orden de detención.

“De acuerdo a los antecedentes que existen en la carpeta, él (autor intelectual) manejaba información muy privilegiada, muy cercana, muy íntima, lo que da cuenta que tenía acceso directo al grupo familia, al núcleo, de la persona fallecida”, destacó.

En este sentido, sostuvo que los atacantes manejaban los horarios de la víctima y contaban con una fotografía de esta, lo que confirma la premeditación.