Una creciente preocupación existe en la Región de Valparaíso tras el explosivo aumento de denuncias por amenazas de tiroteos en establecimientos educacionales, fenómeno que ha encendido las alertas de las autoridades y obligado a desplegar recursos policiales en múltiples puntos del territorio.

Al respecto, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó que desde el 23 de marzo al pasado viernes 17 de abril se han contabilizado al menos 232 denuncias, evidenciando una escalada que ha tensionado al sistema de persecución penal.

“Hemos recibido un número importante de denuncias desde que se están produciendo estos fenómenos. Llevamos contabilizadas 232 probablemente al día viernes (17 de abril) y claro, como a toda la ciudadanía nos preocupa en el sentido de que se trata de denuncias que ponen en movimiento el sistema de investigación criminal”, señaló la persecutora.

Denuncias que activan protocolos inmediatos

Según explicó la jefa regional del Ministerio Público, cada alerta -independiente de su veracidad- debe ser tratada como una situación potencialmente grave, lo que implica una reacción inmediata de las autoridades.

“Nosotros recibimos esas denuncias desde Carabineros, en muchas ocasiones por la inminencia del probable riesgo de atentado. Se deben recibir instrucciones inmediatamente de parte del turno de instrucción y flagrancia y, por lo tanto, activa la presencia de la policía”, detalló.

En ese contexto, comentó que el trabajo investigativo ha sido desarrollado principalmente por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, así como por las Brigadas de Criminalística (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiendo de la complejidad de cada caso.

Mayoría de amenazas son falsas

Pese al alto número de denuncias, la fiscal fue enfática en señalar que, hasta ahora, la mayoría de los casos no ha correspondido a amenazas reales.

“Lo lamentamos porque en general hemos advertido que la mayor parte de estos casos, si no todos, corresponden a denuncias falsas”, afirmó.

Sin embargo, subrayó que esto no reduce la gravedad del fenómeno, ya que cada advertencia obliga a desplegar recursos humanos y logísticos ante la posibilidad de que alguna sea verídica.

Las amenazas han surgido en distintos formatos, desde mensajes escritos en baños de colegios hasta publicaciones en redes sociales, lo que dificulta su trazabilidad inmediata.

“Es necesario activar la presencia policial y eventualmente instar por la identificación de quien está profiriendo esa amenaza. Es decir, el rayado en el baño, el mensaje a través de redes sociales, etc.”, explicó Perivancich.

Cabe señalar que el aumento de estos casos, que también se han registrado en otras regiones del país, no solo ha implicado un desafío para las policías y el ente persecutor, sino que también ha generado alarma en estudiantes, apoderados y docentes, obligando en algunos casos a suspender clases o adoptar medidas preventivas.