“Los que están presentes, por favor, completo silencio y la audiencia no puede ser interrumpida. Por lo tanto, si ingresaron no pueden salir durante el transcurso de la misma”.

Con tono duro y firme, la presidenta de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ministra Virginia Soublette, “abría los fuegos” para dar curso a los alegatos de un recurso de amparo que es observado atentamente tanto por el Ministerio Público como por las defensas de quienes aparecen como imputados en el denominado caso ProCultura.

Y es que esta es la primera vez que un tribunal superior se pronunciará sobre las diligencias que durante casi un año permanecieron en completa reserva por parte del equipo de la PDI y fiscales que dirige Patricio Cooper.

No por nada, se comenta, este es el “verdadero test de Cooper”, ya que del resultado de esta acción judicial se podrá interpretar si la justicia valida o no las interceptaciones telefónicas que aparecen como antecedentes clave en esta indagatoria y en las que -incluso- aparece el Presidente Gabriel Boric, ya que una llamada suya fue captada a propósito del “pinchazo” que existía al celular de la siquiatra Josefina Huneeus, exesposa del cofundador de ProCultura, Alberto Larraín, principal imputado del caso.

Bajo ese contexto es que la magistrada Soubette dio primero la palabra a la relatora que hizo un resumen de las vulneraciones de garantías constitucionales denunciadas en el amparo y que apuntan a la labor de la jueza de garantía Sissi Bertoglio, quien fue la que autorizó a la Fiscalía para que escuchara las conversaciones privadas de Huneeus. Tras esto fue el turno de los alegatos y partió el abogado de la siquiatra, el penalista Alejandro Awad.

El socio de BACS, Bascuñán, Barra, Awad, Contreras y Schurmann, fundó su recurso en que el teléfono de Josefina Huneeus habría sido intervenido, pese a que ella era testigo, ya que su número telefónico era de propiedad de quien fue su cónyuge y el padre de sus hijos, quien sí tiene calidad de imputado en el caso y que, al menos, hasta el 20 de diciembre de 2024 ella no era un sujeto de interés o, al menos, así se desprendía de las diligencias de la Fiscalía. Todo esto, según expuso, no habría sido advertido por la magistrada cuyo deber era garantizar que las medidas intrusivas se dirigieran a personas con calidad de imputados en los delitos que se investigan: fraude al Fisco y tráfico de influencias.

“Estas conversaciones nunca debieron haberse incorporado a carpeta de investigación. No solo el Ministerio Público no debió haber pedido la interceptación de un testigo, sino que le debió haber dicho al funcionario PDI ”señor oficial comisario, agradezco su buena voluntad, pero como abogado fiscal le digo: no puede ni interceptarse ni menos tomar registro ni menos incorporar en la carpeta conversaciones que provienen de interceptaciones de testigos", retrucó el defensor.

Conservación del Estado del derecho

Awad partió su alegato señalando: “Su señoría ilustrísima, con su venia, y aprovechando de saludarlos por tratarse hoy de el día del juez, el cual me parece que cae en un día importante para la justicia, al menos en lo que concierne a esta parte, ya que creemos que estamos ante un caso cuya importancia es difícil de exagerar, o sea, estamos en un caso donde se juegan cuestiones fundamentales para la conservación de un Estado de derecho".

Junto con esto, el penalista dijo que no estaba ahí para hablar del caso Convenios, tampoco de ProCultura, ni de las técnicas investigativas, ni de “tendencias que se han ido detectando por parte de la opinión pública con respecto a la forma de investigar del Ministerio Público”. Awad sostuvo que estaba ahí para hablar de “doña Josefina”, su clienta, y de un caso “extremadamente especial” y que era necesario analizarlo en detalle.

Fue ahí donde el defensor aseguró que “una cadena de equivocaciones e ilegalidades” han decantado en el resultado actual: “Una vida destrozada”. En esa línea, acusó que la calidad de imputada que la Fiscalía le atribuye a su representada es instrumental y cuestionó que las escuchas de la mujer han proliferado en toda la opinión pública, son parte de un minucioso análisis “desde los matinales a toda la prensa”. “¡Cuántas ilegalidades, cuántas infracciones hubo y qué es lo que explica que estemos ante una situación tan anómala!“, exclamó el abogado.

A juicio de Awad, la investigación siempre se enfocó en la cúpula de ProCultura y que se llega a su representada y a decretar una medida intrusiva porque la Fiscalía asigna dicho número como uno que le pertenece a Larraín, pese a que -según aseguró-, esa línea de celular “perteneció siempre” a Huneeus, incluso antes de conocer a Larraín, entonces “no sabemos de a dónde obtuvo la Fiscalía el teléfono de nuestra representada”.

Cuestionamientos a la jueza

Cuestionó en duros términos a la jueza Bertoglio por, según Awad, dictaminar una autorización para “pinchar” el teléfono de Huneeus sin considerar que a esa altura no era imputada. Y, apuntó, a que cuando la Corte le pidió informar respecto al amparo, la magistrada respondió con “84 palabras” un informe de una plana. “Ella no aporta nada, sino que falta a la verdad, no creo que deliberadamente, pero ella no hizo lo que dice haber hecho”, sentenció.

Fue en ese minuto en que el abogado volvió a la carga y expresó ante el tribunal de alzada la afectación que ha sufrido por estos días la siquiatra. “Sus conversaciones se desmenuzan con afán casi entomológicos en todos los medios de prensa, incluido los matinales, conversaciones de ella con personas de su confianza respecto al padre de sus hijos y versiones duras en donde ella expresa su opinión de ese minuto con respecto al padre de sus hijos. Su vida fue azotada por un tsunami y ello tiene una fuente gravemente ilegal”.

Aparición de Boric

Una de las cosas que Awad abordó con mayor ímpetu, para que el tribunal acogiera sus argumentos, era que en este caso, era importante considerar que “al menos yo que conozca, esta es la primera y única vez que se ha interceptado a un Presidente de la República en ejercicio, cuya transcripción hoy anega la prensa”.

Acto seguido denunció que se trata de “un Presidente, respecto del cual no había ninguna sospecha al momento de captar esa conversación. ¿De dónde proviene esto? De una interceptación ilegal a partir de un error, generado por entregarle al juez de garantía un número que nunca hemos sabido de dónde salió su vinculación con la persona Alberto Larraín y de la infracción sucesiva tanto de la PDI, como el Ministerio Público, el juzgado de garantía, de los derechos de mi representada y de la regulación más básica para la más intrusiva de todas las medidas investigativas".

Finalmente, el abogado hizo alusión a un reciente fallo en que la Corte Suprema acogió un amparo del ministro del TC, Héctor Mery, a quien le incautaron su celular pese a ser un testigo.

“Es imputada, con todas sus letras”

Tras esto, fue el turno del fiscal Eduardo Yáñez. Si bien el recurso de amparo se presentó en contra de la resolución de la jueza que permitió el “pinchazo”, el investigador fue a solicitar que se rechazara la acción constitucional, ya que a juicio del Ministerio Público, todas las diligencias habían sido requeridas y autorizadas judicialmente bajo estrictos estándares legales, es decir, conforme a derecho.

Lo primero, dijo, era despejar el por qué el teléfono de Huneeus fue blanco de una medida intrusiva. “Su señoría ilustrísima, doña Josefina Huneeus, con todas sus letras, ha tenido el trato de imputada y aquello no es peyorativo. Hay que ser claro. en Chile rige la presunción de inocencia y un imputado tiene derechos”, sostuvo.

Y, aclaró ante los magistrados, que ellos consideraban que no hay indicios, sino sospechas fundadas de participación en los delitos investigados y que si bien ellos entienden que la filtración de las interceptaciones pueden haberla afectado, en eso no tenía ninguna responsabilidad la Fiscalía.

Encubridora

Para explicar a los jueces el porqué todo está conforme a derecho, el fiscal Yáñez sostuvo que Huneeus tiene calidad de imputada como encubridora de los delitos que se investigan.

“La señora Josefina Huneeus tiene una relación con dos personas del núcleo de la Fundación ProCultura, me refiero a su fundador, Alberto Larraín, por cuanto es su excónyuge y con la directora ejecutiva, María Constanza Gómez, respecto de quien ella misma refiere ser una amiga íntima”, sostuvo.

Junto con eso, el investigador recordó que la ONG investigada, desde el 2022, recibió un flujo de dineros de más de 5.000 millones de pesos obtenidos desde gobernaciones y organismos públicos. “De manera ilegal iban a una cuenta corriente que es mal utilizada, precisamente, por estas personas mencionadas, entre otras, pero me concentro en la participación del señor Alberto Larraín y de la señorita María Constanza Gómez (...) Es válido representarse, su señoría, que doña Josefina Huneeus haya tenido la calidad de imputado por la vía de encubrimiento, es decir, aprovechándose de los efectos de la comisión de estos graves ilícitos penales”, aseguró el investigador.

En esa misma línea, contradijo a Awad y aseguró que el caso del ministro del TC Héctor Mery era completamente distinto. “Al ministro Mery se le había dado el trato de testigo durante una investigación penal llevada por otra Fiscalía, no la Fiscalía de Coquimbo y, por lo tanto, se le aportan elementos engañosos al juez de garantía que habría autorizado una entrada y registro de un lugar cerrado vinculado al magistrado y la incautación de su teléfono celular. Aquí hay claridad, su señoría, de que doña Josefina Huneeus tiene la calidad de imputada expresamente. Así se le señaló, se le leyeron sus derechos en la declaración de noviembre del 2024″.

Campañas políticas y financiamiento ilegal

Junto con esto el investigador reveló que “a la fecha investigábamos los delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y hoy día, yo me atrevería inclusive a agregar el delito de asociación ilícita y el de administración fraudulenta”. Con todo, sostuvo Yáñez, los amparos son para revisar una legalidad de una privación de libertad y, en este caso, “Huneeus nunca estuvo privada de la libertad, ni siquiera ha sido formalizada, no hay ningún arraigo a su respecto”.

En los alegatos, Yáñez además explicitó algo que se desprende de las solicitudes de interceptaciones telefónicas, pero que ningún fiscal había dicho públicamente y es que “una de las aristas investigativas es el financiamiento de campañas políticas, por lo tanto, es un punto que hay que definir y establecer durante el curso de la investigación”.

Todo en manos de la Corte

Durante el transcurso de la vista de la causa hubo dos preguntas que, quizás, adelantaron cómo podría resolverse este conflicto judicial sometido a conocimiento de la Corte.

Por una parte el abogado integrante Rodrigo Padilla consultó al Ministerio Público por qué consideraba a Huneeus imputada, tras lo cual Yáñez ahondó en la descripción de quien posee un grado de participación como encubridora.

En el otro extremo del estrado, el ministro Jaime Rojas hizo que el fiscal leyera la primera parte de la declaración que entregó la siquiatra y en el que se le daban a conocer sus derechos de no autoincriminarse y, también, de guardar silencio.

La magistrada Soublette no tuvo preguntas y dio por finalizada la audiencia.

Cerrado el debate, todos los intervinientes dejaron la sala a la espera de una resolución que -según los propios jueces- se conocerá en las próximas horas, usando para ello el plazo que tiene los amparos para resolverse “en no más de 24 horas”.

La gran interrogante es: ¿Pasará el test Cooper?