Arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional fue la medida cautelar que el Ministerio Público solicitó respecto a la exintendenta de Coquimbo Lucía Pilar Pinto Ramírez en el denominado caso “Papayagate”.

Este miércoles, luego de tres jornadas de audiencia, la jueza Carolina Baroncini, del Juzgado de Garantía de La Serena, determinó acceder a la solicitud del ente persecutor.

La Fiscalía de Valparaíso formalizó a Pinto por fraude al fisco junto al exadministrador regional de Coquimbo José Cáceres y al general de la Inmobiliaria Guayacán Pablo Bracchitta.

Cáceres también deberá cumplir arresto nocturno.

Respecto a Bracchitta, la jueza desestimó que se haya acreditado el delito imputado al empresario.

Los tres serían responsables de la operación para la compra de un lote de seis terrenos en el sector de San Ramón, en La Serena, que el Gobierno Regional de Coquimbo pagó con un sobreprecio millonario, a juicio del Ministerio Público.

Cáceres y Bracchitta mantenían un vínculo comercial cuando negociaron la compraventa.

Según explicó la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, la ex intendenta Pinto “consintió la defraudación con perfecto conocimiento de las relaciones comerciales entre Cáceres y el grupo empresarial vendedor y de lo exorbitante el precio pagado en consideración al valor del mercado de terreno al momento de la compraventa”.

El GORE de Coquimbo pagó $9 mil 800 millones por la propiedad. Seis años antes, esos terrenos habían sido adquiridos por un valor de $485.229.830.

Por otro lado, fueron formalizados por delitos tributarios Lorenzo Iduya Ortiz, Nicolás Bakulic, Karim Daire, Manuel Daire y Luis Iver. A ellos se les acusa de haber efectuado declaraciones de renta maliciosamente falsas de las inmobiliarias vinculadas al negocio. Todos ellos quedaron con firma mensual y arraigo nacional.

Cáceres, además, fue formalizado por un delito de negociación incompatible.

Querellante y CDE pedían prisión preventiva

El senador por la zona Daniel Núñez, querellante en el caso, pidió la prisión preventiva de la exautoridad y también lo hizo el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Javier Rojas.

“La petición se basa en entender que los imputados por el fraude fisco constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad por la pena probable que es de presidio mayor en su grado mínimo, de 5 años y un día. Y el Código Procesal Penal así da una orientación de entender que de esa pena efectivamente puede proceder la prisión preventiva”, manifestó Rojas este lunes, en la primera jornada de formalización.

El abogado del CDE aseguró que siempre hubo en los imputados la “determinación a pagar un sobreprecio” por los terrenos que el GORE adquirió para un proyecto deportivo.

La operación cuestionada se ejecutó entre los años 2019 y 2020, durante la segunda administración de Sebastián Piñera, cuando el jefe regional era el intendente y la autoridad era designada y no electa como actualmente.

La periodista Lucía Pinto, hija del expresidente regional de la UDI Floridor Pinto, era concejal por La Serena cuando en marzo de 2018 fue designada intendenta. El 26 de septiembre de 2020 presentó su renuncia al cargo, al iniciarse la investigación por la que sería formalizada cinco años después.

Argumentos de la jueza

Al entregar su resolución, Baroncini aludió los informes que se presentaron y que evaluaron el valor comercial del terreno en cifras muy por debajo del precio pagado por el GORE.

“No deja de llamar la atención que de todas maneras no se reparara siquiera en el hecho que existían dos tasaciones con un valor muy inferior a aquel que se solicitaba respecto a la compra”, comentó Baroncini, haciendo hincapié en que Cáceres y Pinto tenían “la obligación de velar por el eficiente uso de estos recursos”.

Sin embargo, la jueza hizo ver que “es, a juicio del tribunal, discutible establecer con claridad cuál es el perjuicio”.

“¿Es efectivamente un perjuicio de miles, de millones de pesos como señala el Consejo de Defensa del Estado o es un perjuicio muy inferior? Lo desconocemos. De hecho, existen tantas tasaciones en la causa, y son todas tan distintas, digamos que existen las que dicen que efectivamente el precio estuvo bien pagado, otras que, como una del Servicio Impuesto Interno, dan un precio que al parecer no se condice con ninguna de las otras tasaciones indicadas", planteó.

Pese a ello, indicó que el delito de fraude al fisco sí estaría justificado en los antecedentes que presentó el Ministerio Público para los efectos de considerar las medidas cautelares personales solicitadas.

En cuanto a la actuación de Pablo Bracchitta, la jueza indicó que él no elevó el precio solicitado y en su actuación no se infiere alguna intención de defraudar.

“No existen antecedentes que permitan arribar a la conclusión de que esta persona estaba de alguna manera concertada con los imputados Cáceres y Pinto para defraudar al fisco”, afirmó.

Por ello, estimó, que no había presunciones fundadas de su participación en el delito de fraude al fisco imputado.

Apuntando que no está acreditado el perjuicio y se desconoce si el ilícito por el que se formaliza merece pena de crimen, la jueza señaló que “no resulta justificado someter a los imputados a una medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva”.

Atendiendo que Pinto y Cáceres no tienen antecedentes y han comparecido a las citaciones y entregado declaración durante los cinco años de investigación se rechazó la solicitud del CDE y el querellante.

Se fijó un plazo de investigación de 180 días.