Finalmente, esta jornada se concretó la audiencia de formalización de tres abogados y un funcionario judicial detenidos en el marco de una investigación por asociación criminal y otros delitos de corrupción vinculados al sistema de administración de justicia penal en la ciudad de Los Ángeles, en la Región del Biobío.

Esto, luego de que la formalización no pudiera concretarse el domingo tras una solicitud de recusación presentada por las defensas para inhabilitar a la jueza Claudia Aguilera, lo que finalmente fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Cabe recordar que por el caso -cuya investigación está a cargo de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla-, fueron detenidos el pasado jueves 5 de marzo las abogadas Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, además del del exdefensor penal público jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado (esposo de Cortés Karmy) y del funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes.

Así, esta jornada la fiscal Mansilla informó que los tres abogados fueron formalizados por asociación criminal, lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos y sobornos.

De manera separada, a Susana Cortés y a Andrea Romero se les imputa, además, los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas de fuego, obstrucción a la investigación y prevaricación del abogado. En tanto, a Patricio Gutiérrez se le suma también el delito de revelación de secretos.

Este último, según la persecutora, “permitió, otorgando sus claves y los accesos que le correspondía como funcionario público, a estas abogadas, una de ellas su cónyuge, para poder ingresar a las causas de la Defensoría, donde además hay antecedentes que son reservados solamente para defensores penales públicos”.

Finalmente, el funcionario judicial Nelson Sáez fue formalizado por el delito de cohecho reiterado, “toda vez que recibió dinero y otras especies a cambio de arreglar audiencias para que estuviera una determinada jueza y así poder resolver en favor de las imputadas”.

“Hemos establecido que se trata de una asociación criminal para cometer delitos”, con el fin de asistir a los miembros de una “banda criminal que estaba compuesta por personas muy peligrosas, que tenían mucha droga, que fueron condenados por esos delitos”.

Agregó que hay dos personas en la causa que no han sido formalizadas aún: el exfiscal Rodrigo Durán y la magistrada Cherry Palomera.

“Respecto de ellos, por la calidad que ostentan, se requiere primero presentar una querella de capítulos. Como ustedes lo han visto en otros casos de connotación nacional, ese trámite lo estamos realizando”, explicó la fiscal. “Una vez obtenido el resultado, podríamos ver la formalización y las medidas cautelares”, sostuvo.

“Lo que nosotros hemos establecido es que, en definitiva, se trata de una asociación que lo que quería era poder favorecer a clientes para obtener beneficios económicos. Por eso el lavado de activos; hemos visto que hay dinero en juego y no estamos hablando de cantidades pequeñas, son grandes cantidades, millones de pesos”, relevó.

La causa

La fiscal regional Nayalet Mansilla precisó que en el caso de la asociación criminal, las abogadas imputadas, entre 2017 y marzo de 2025, atentaron contra el orden social de administración de justicia al cooptar al funcionario judicial Nelson Sáez, encargado de actas del tribunal, para que acomodara audiencias con una magistrada, también imputada en la causa, que fallaba en favor de sus intereses.

También cooptaron a Patricio Gutiérrez y a un fiscal de Los Ángeles, esposo de Andrea Romero e imputado en esta investigación, quienes facilitaron la obtención de información desde los sistemas informáticos de la Defensoría y de la Fiscalía que favorecieron a sus esposas en las defensas de sus clientes.

En la formalización, la persecutora expuso también que ambas abogadas eliminaron medios de prueba, advirtieron a sus clientes de diligencias reservadas de la Fiscalía y las policías, les instruían que usaran teléfonos viejos que no se pudieran interceptar, fabricaron una falsa cooperación eficaz y entregaron antecedentes falsos a fiscales, en el marco de las investigaciones que realizaban, entre otras acciones delictivas.

Por resolución de la jueza Aguilera, la audiencia continuará este martes con la solicitud de medidas cautelares en contra de los imputados y las réplicas de las defensas.