Durante la jornada de este jueves, la comisión de Constitución de la Cámara aprobó en general la reforma a Gendarmería, que traspasa al organismo desde el ministerio de Justicia al ministerio de Seguridad. Asimismo, se fijó un período para el ingreso de indicaciones, con el fin de continuar la discusión en particular del proyecto a partir del próximo martes 13 de enero.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que asistió a la discusión en la comisión, respondió a los cuestionamientos que han surgido por parte de los funcionarios de Gendarmería, ante la disolución de las asociaciones gremiales al incorporar a la institución a las fuerzas de orden.

“Me parece que bajo ninguna circunstancia se podría establecer que la reforma tenga algún vicio de constitucionalidad“, respondió Gajardo, añadiendo que la restricción al derecho de asociación es coherente con el estatuto de las fuerzas de orden.

“Se ha entendido, según nuestro diseño institucional y constitucional, de que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden no tienen la posibilidad de asociarse porque es un límite legítimo el derecho a la asociación”, mencionó el ministro, apuntando que “sería contradictorio que si uno hace este arreglo institucional y constitucional, subsistan esas asociaciones en la institución”.

“Si subsistieran estaríamos en una situación inconstitucional de facto”, expresó, detallando que “la misma reforma constitucional establece que estas se tienen que disolver según el mecanismo legal que hay de disolución, utilizando todos los procesos que establece ese mismo mecanismo legal para su disolución, con lo cual es una disolución en el marco de la ley”.

Previamente en la discusión, por parte de los funcionarios de Gendarmería habían cuestionado la disolución de las asociaciones gremiales, afirmando que vulnera el derecho de asociación, y que podría infringir la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Son asociaciones que actualmente han sido constituidas válidamente de conformidad con las normas jurídicas vigentes, que no incurren ni han incurrido en ninguna causal de disolución y que, sin embargo, por mandato constitucional se la disuelve sin un debido proceso”, mencionó el abogado Augusto Quintana en representación del Frente de Trabajadores Penitenciarios de Chile.

Además añadió que “se disuelve una entidad porque el Estado así lo dispone, sin que se precise ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuáles serían las razones o motivos que justifican la disolución”, reiterando que “las actuales asociaciones, ninguna de ellas ha incurrido en ningún ilícito constitucional o ilegal que admita su disolución y no corresponde que se disuelvan estas entidades sin que se siga un debido proceso”.