A 25 años de la publicación de la ley que crea la Defensoría Penal Pública (DPP), el gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó este martes al Congreso el proyecto de ley que busca la autonomía constitucional del organismo liderado por la defensora nacional Verónica Encina.

Según Encina, la iniciativa es una señal de “reconocimiento a la trayectoria institucional y al trabajo desarrollado por funcionarias, funcionarios, defensoras y defensores a lo largo del país”.

“Es un paso adelante muy importante en el equilibrio y la igualdad de armas que requieren todos los organismos que intervienen en el sistema de justicia para garantizar que funcione y se haga una mejor justicia para la ciudadanía”, agregó.

La noticia coincide con el aniversario N°25 de la Defensoría Penal Pública, institución creada en el marco de la reforma procesal penal, como un servicio público descentralizado con la misión de proporcionar defensa penal a las personas imputadas o acusadas por crimen, simple delito o falta.

El contenido del proyecto

El proyecto de ley consiste en la consagración de la Defensoría Penal Pública como órgano autónomo de jerarquía constitucional. Actualmente, la DPP es un servicio descentralizado bajo la supervigilancia del Presidente a través del Ministerio de Justicia.

En específico, el proyecto pretende definir a la DPP como un órgano autónomo con patrimonio propio “encargado de proporcionar asistencia letrada a imputados o acusados que no tengan abogado”.

Asimismo, establece que la defensa en tribunales militares seguirá regida por el Código de Justicia Militar y no por la DPP autónoma y que una ley de quórum orgánico constitucional regulará su organización, atribuciones y los requisitos de los defensores.

En tanto, la iniciativa también establece requisitos y normas estrictas para la máxima autoridad de la institución, que será designada por el Presidente.