La Fiscalía Regional de Antofagasta, encabezada por Juan Castro Bekios, enfrenta semanas complejas. No sólo porque han tenido sucesivas derrotas relacionadas con el caso ProCultura, sino porque también el equipo se fracturó. A raíz de esa causa, el ambiente se enrareció a tal punto que hoy el fiscal regional enfrenta una denuncia por maltrato del fiscal adjunto Eduardo Ríos, quien además -un día antes del revés ante la Corte de Santiago por el fallido desafuero de Claudio Orrego- presentó su renuncia a la institución.

La historia es larga, pero como aseguran fuentes que conocen de lo sucedido, todo comenzó cuando Ríos -en agosto- mostró diferencias respecto de la estrategia a seguir en esta arista del caso Convenios. Eso habría llevado a que las cosas se tensionaran y a que, como comentan desde el entorno del profesional, se le comenzara a “aislar”.

Ríos era de la idea de que la causa ProCultura se unificara y se tramitara como un todo, mientras que el fiscal regional, según comentan fuentes de la Fiscalía, quería mantener las aristas divididas por región, como ha sido el último tiempo.

Pero luego las diferencias se acrecentaron. En octubre se sumó la reclamación del abogado del gobernador Claudio Orrego, imputado en la causa, y que derivó en que Castro iniciara un sumario que puso la lupa sobre Ríos. En ese momento la Fiscalía de Antofagasta enfrentaba el golpe de tener que tramitar la solicitud de desafuero en la Corte de Apelaciones de Santiago y no en la jurisdicción de Antofagasta, por lo que la queja y la medida administrativa adoptada complicó aún más las cosas.

Eso marcó un quiebre. A partir de ahí, según relatan cercanos al fiscal Ríos, se le habría comenzado a desautorizar, se habría cortado su comunicación con Castro Bekios e incluso se le habría limitado su intervención en otras investigaciones.

Desde la otra vereda justificaban el accionar haciendo presente que efectivamente se habían notado irregularidades en la tramitación de la causa, pues no sólo habían perdido en la discusión en torno a quién debía decidir sobre el desafuero de Orrego, sino que también tuvieron varios portazos ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta respecto de una serie de medidas intrusivas. Había solicitudes mal formuladas, algunas incompletas e incluso en una ocasión terminó enfrascado en una discusión con uno de los magistrados del tribunal.

Quienes justifican las medidas de Castro Bekios, además, afirman que las determinaciones adoptadas fueron siempre en el marco de sus atribuciones, pues es él quien tiene la titularidad de las indagaciones. Si consideraba que había falencias, dicen desde su entorno, era su obligación reforzar el equipo, como lo hizo cuando sumó a Aguilar. Por lo demás, sostienen que era lógico que las asesoras del fiscal regional hicieran reportes sobre el avance de los procesos.

Bajo ese ambiente fue que a Ríos le cursaron una licencia médica y finalmente, el 29 de diciembre, decidió estampar una denuncia formal en contra de Castro Bekios a través de los canales internos de la institución.

La denuncia

En la denuncia ingresada por Ríos se detalla la situación que acusa haber vivido. No sólo se refiere a cómo se le habría pasado a llevar en la causa ProCultura, sino que también en la denominada causa Casa de Muñecas.

“Con todo lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025, hoy concluyo que lo que viví y lo que vivió mi equipo no fue un problema aislado ni una simple diferencia de criterios, sino un patrón que, en los hechos, se parece demasiado a un proceso de mobbing: una forma de hostigamiento que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida”, se lee en la denuncia.

El expersecutor hizo presente que “la segunda semana de diciembre de 2025 me entero de que, en noviembre, le habrían pedido a la abogada asesora Natalia Cumming un informe del estado de ProCultura, con instrucción expresa de mantenerlo en secreto, es decir, deliberadamente a mis espaldas, aun cuando esa abogada trabajaba en un equipo a mi cargo. No tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información ‘por fuera’ y medir o vigilar al equipo sin dar la cara, sin transparencia y sin respeto por la jefatura formal que yo ejercía".

En suma, como describió, lo que denuncia como maltrato laboral “se expresa en varios fenómenos concretos: espionaje a través de terceros para desestabilizarme, aislamiento, desautorización, control no transparente, instrucciones contradictorias que generan desorientación y desgaste, y silencio jerárquico cuando intento aclarar y ordenar. Todo eso, acumulado en pocas semanas y en causas sensibles, no sólo me afectó emocionalmente; afectó la operación, dañó la confianza interna y debilitó mi función como jefe“.

La renuncia

Tras ponderar todo lo ocurrido, el persecutor llegó a la conclusión de que, tras 21 años desempeñando funciones en el Ministerio Público, lo mejor era dar un paso al costado.

Así, la jornada de este lunes 16 de febrero remitió una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, con copia al fiscal regional.

“Por la presente comunico mi renuncia voluntaria al cargo de Fiscal Adjunto con efecto a contar del día 20 de marzo de 2026. Tras veintiún años de servicio, agradezco profundamente la oportunidad de haber sido parte de esta organización, el aprendizaje recibido y los vínculos humanos y profesionales construidos”, se lee en la misiva.

“He tomado esta decisión convencido de que mi desarrollo requiere abrirme a nuevos horizontes, dado que en el último tiempo he sentido limitadas mis posibilidades de desplegar plenamente mis capacidades. Me despido con sincero reconocimiento y con mis mejores deseos de éxito para la institución que dirige, su gestión y sus colaboradores”, complementó.

Según dan cuenta desde el ente persecutor, a Ríos le habría costado dejar a su equipo, e incluso algunos le habrían manifestado que querían partir con él, aunque todo ahora deberá ser objeto de indagación. A la fecha, como se planteó en su denuncia, sigue sin tener contacto con el fiscal regional.