La continuidad del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) no está en duda. Así lo confirman al interior del gobierno y así lo han dicho públicamente el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira (RN).

Esa determinación sigue en pie y por lo mismo desde Justicia defienden el hecho de haber pedido la renuncia de tres funcionarias de “exclusiva confianza” de la administración pasada del expresidente Gabriel Boric y del exministro Jaime Gajardo (PC).

Quienes saben del asunto comentan que el PNB tiene como órgano ejecutor al Programa de Derechos Humanos de la repartición que dirige Mira y por eso es ahí donde, en términos administrativos, ocurrieron los ajustes.

La jefa de ese programa era Paulina Zamorano, quien hoy fue notificada de su desvinculación. Fuentes de la administración anterior comentan que Zamorano llevaba 14 años en ese programa, pero conocedores de lo ocurrido comentan que su cargo es de confianza por lo tanto el subsecretario actuó usando sus facultades para conformar su equipo directo.

A Zamorano se suma Magdalena Garcés, la coordinadora del área de búsqueda y trayectorias que se creó para la implementación del PNB. Finalmente la tercera funcionaria despedida fue Tamara Lagos, quien era la coordinadora de archivo de la unidad del Programa de Derechos Humanos.

Lagos, al salir del edificio de Justicia, publicó en su cuenta de Instagram que la decisión del gobierno constituía “un acto brutal de desmantelamiento” del Programa de Derechos Humanos y del PNB. “Los avances que logramos son mínimos para una democracia, mínimos que demoraron décadas en ocurrir”, posteó Lagos.

El subsecretario Mira pretendía que las tres profesionales presentaran sus renuncias para el cambio de mando del pasado 11 de marzo, pero al no ocurrir, esperó al final de este mes para apartarlas de la subsecretaría. Para eso emitió decretos fundando las razones por las que les pedía su salida.

En un comunicado público, la Subsecretaría de Derechos Humanos informó que “los cambios se realizaron tras haber socializado el tema con la Asociación Funcionarios de Derechos Humanos, a quienes se les informó de los ajustes al funcionamiento del Programa”.

En esa misma línea añadieron que “la subsecretaría ratifica que seguirá adelante con su política de continuidad en materia de Derechos Humanos, particularmente con el Plan Nacional de Búsqueda y el Plan Nacional de Derechos Humanos”.

Fuentes del gobierno comentan que el PNB, en el que permanecerán trabajando el resto de 61 analistas y funcionarios, seguirá la planificación elaborada para el año 2026. Esto debido a que hay una serie de diligencias programadas para ejecutar junto a los ministros en visita que indagan causas de derechos humanos a lo largo de todo Chile. Nada de esto se pretende modificar y así lo informó hace semanas el ministro Rabat a su gabinete.

Además, el subsecretario Mira tiene en sus planes contratar a otras personas para cumplir las funciones de las asesores desvinculadas. Eso se pretende informar a partir de abril y la elegida para reemplazar a Zamorano es la abogada Constanza Garrido, quien en su pasado trabajó como abogada en el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Pese a lo comunicado por el gobierno, la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos rechazó la decisión del subsecretario Mira.

A través de un comunicado dijeron que solo se enteraron de esto luego de la notificación de los despidos. “Este tipo de decisiones no solo afecta gravemente a las personas directamente involucradas, sino que además impacta negativamente en los equipos de trabajo, al impedir cualquier proceso adecuado de traspaso de funciones y obstaculizar el trabajo colaborativo que debería ser lo esperado en una democracia y en el compromiso declarado con los derechos humanos”, se lee en una declaración difundida por el gremio.