Poco menos de tres meses han pasado desde que el fiscal nacional, Ángel Valencia, removió de la investigación sobre los convenios irregulares suscritos por la fundación ProCultura –una de las principales aristas del caso Convenios– al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Buscando garantizar el éxito de la indagatoria y tras irregularidades constatadas por la Corte Suprema en la aplicación de medidas intrusivas –como lo fue la interceptación telefónica ilegal de Josefina Huneeus–, el máximo persecutor reasignó la causa al titular del Ministerio Público en Antofagasta, Juan Castro Bekios.

Desde ahí, diferentes intervinientes exigieron que las pesquisas no se detuvieran, pues al momento del cambio de fiscal ya se daba por hecho que se venía la formalización. Por lo mismo, con el pasar de las semanas comenzaron las molestias y reproches por supuestos retrasos. Sin embargo, como el mismo Castro Bekios reconoció en entrevista con La Tercera, al momento de tomar la indagatoria no tenía todos los elementos necesarios para imputar cargos.

El persecutor requería condiciones mínimas para defender los cargos y así solicitar medidas cautelares. Como estrategia, definió junto con el equipo investigativo –integrado, entre otros, por el fiscal Eduardo Ríos– priorizar la arista vinculada a la Gobernación Regional Metropolitana, trazando una serie de diligencias. Dispuso nuevas instrucciones particulares al equipo de la PDI y, además, agendó una decena de declaraciones. Realizó al menos dos viajes a Santiago para recabar dichos testimonios, principalmente de funcionarios públicos.

Así fue como los persecutores fueron rearmando el puzzle y tapando los espacios donde había interrogantes, siendo uno de los puntos esenciales despejar el rol del gobernador Claudio Orrego, quien había sido protagonista en la adjudicación de un convenio por más de $1.600 millones a la ONG comandada por Alberto Larraín, un cercano colaborador de él desde hace años.

Pero aunque en las nuevas rondas de declaraciones el exmilitante de la DC no estuvo incluido, se logró establecer que había indicios suficientes para formalizarlo por fraude al Fisco, al igual que como se pretende hacer respecto de la mayoría de los personeros que integran la cúpula de ProCultura. Informes policiales adjuntados al expediente durante las últimas semanas fueron trascendentales para que Castro Bekios diera el paso.

Así fue como el Ministerio Público llegó a la convicción de que Orrego habría actuado más allá de las atribuciones que le otorga el cargo, por lo que Castro Bekios encomendó al fiscal Ríos preparar la solicitud de desafuero que finalmente ingresaron durante la jornada del jueves 4 de septiembre ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Se trata de la primera determinación contundente en esta causa y ya hay fecha para la audiencia en que la dupla de persecutores deberá exponer los antecedentes con que sustentan la solicitud. El mencionado tribunal de alzada convocó para el 6 de octubre a las 9.00 horas y requirió a la Corte de Apelaciones de Santiago que efectúe las diligencias necesarias para notificar al gobernador.

“De conformidad a lo dispuesto en el artículo 416 del Código Procesal Penal, procédase a la vista del recurso, señalándose para tal efecto la audiencia del día lunes seis de octubre del año en dos mil veinticinco”, se lee en la resolución del pleno de la Corte de Antofagasta que firmó el presidente Hernán Cárdenas.

Imputado no notificado

Pero aunque el proceso de desafuero de Orrego ya está en curso, desde su equipo de abogados –integrado por Rodrigo de la Barra y Cristián Riego– se ha recalcado que ellos no han sido notificados y que, hasta ahora, desconocen el contenido de la solicitud del Ministerio Público.

Desde que la causa se trasladó a Antofagasta han tenido contacto con el equipo investigativo y tuvieron acceso actualizado a la copia de la carpeta investigativa; pero del desafuero, hasta el cierre de esta edición, no tenían detalles.

“Como abogados del gobernador Orrego, nos hemos enterado por la prensa de la formulación de una solicitud de desafuero en su contra. La verdad es que aún no nos ha sido notificada, no conocemos su contenido y por lo tanto no podemos hacernos cargo de ello todavía”, dijo Riego este viernes.

Sin embargo, y tal como lo expresó en primera instancia De la Barra, el profesional recalcó que no había irregularidades por las que perseguir a su cliente.

“Debo decir que el gobernador desde hace ya muchos meses ha venido colaborando ampliamente y transparentemente con el fiscal que estuvo a cargo de la causa. Prestó declaración, entregó numerosísimos antecedentes que dan cuenta de la veracidad de su versión de los hechos. Hemos hecho esta defensa teniendo muy claro que esto no debiera prosperar, puesto que no hay ningún delito en el comportamiento del gobernador“, agregó el abogado.

Si la Fiscalía logra convencer a la Corte de Antofagasta de quitar el fuero que protege a Orrego, tendrá el camino despejado para luego formalizarlo y pedir medidas cautelares en su contra.