Para los registros del Dispensario Nacional, Leopoldo Carmona era otro de los pacientes a los que proveía de marihuana en formatos de aceite, edibles o cigarrillos. Carmona asistió a las sucursales de Las Condes, Maipú y de otras regiones. Justamente en el local de Av. Pajaritos es que ese paciente se presentó por primera vez para inscribirse como socio. Sólo tenía que cumplir con los requisitos de tener más de 21 años, presentar su certificado de antecedentes, carnet de identidad y una receta con el tratamiento cannábico. Sin embargo, no tenía una orden médica: algo que no fue impedimento para completar su registro. Ahí le indicaron que inmediatamente podía agendar una consulta mediante los centros médicos dispuestos en la página web del Dispensario. “¿Necesitas una receta?“, ese es el apartado de la web del Dispensario Nacional que envía directamente a los sitios de Farmacannabis, Receta Cannabis, Latinoamérica Reforma, Fundación Daya, CannabiMed, Mariamed, CannaSalud y Centro Médico Mercé. La única hora disponible era al día siguiente, pero eso fue solucionado en cuestión de minutos, mediante una llamada que realizó Sergio Olmedo, administrador de la sucursal.

“Hola, doctora, pasa que tengo un cliente que necesita una hora con usted que es especialista y que dentro de las posibilidades fuera para hoy. ¿Existe la posibilidad de obtener una hora médica por videollamada para hoy?”, se lee en las transcripciones contenidas en la causa judicial Operación Imperio Ámsterdam.

Esta conversación es parte de la investigación en contra de funcionarios y directivos del Dispensario Nacional, donde diferentes agentes encubiertos, como Leopoldo Carmona, acudieron para obtener evidencia de que funcionaba como una presunta fachada para el tráfico de drogas y el lavado de activos. Tras la llamada de Olmedo, el agente encubierto del OS7 de Carabineros fue atendido en 10 minutos por un cobro de $ 30 mil que tuvo que entregar en efectivo al propio Olmedo.

En el expediente de la investigación se indica que estas interacciones “demuestran que la obtención de recetas médicas para cannabis en los dispensarios investigados es un trámite rápido, superficial y carente de controles médicos efectivos, funcionando como un mecanismo de simulación para dar apariencia de legalidad a la posterior venta de cannabis y sus derivados”.

El Ministerio Público imputó a 44 personas por su participación –desde transportistas, distribuidores, encargados o administradores– en la red del Dispensario Nacional, todos funcionarios de la corporación. La investigación a cargo de la Fiscalía de Aysén defiende que lo que comenzó como una organización sin fines de lucro se transformó en una fachada para el tráfico de drogas. En su relato, el ente persecutor ha expuesto que los imputados se aprovecharon del marco legal que permite el cultivo de marihuana para fines terapéuticos y lo utilizaron para generar ganancias millonarias.

Además de los delitos en contra de los funcionarios, la indagatoria abrió un debate sobre los vacíos de la legislación del autocultivo y el fácil acceso a la marihuana para las personas que no la necesitan terapéuticamente. Bajo el mismo esquema con el que funcionaba el Dispensario Nacional es que operan otros cientos de corporaciones de pacientes. En Chile está permitido el uso de cannabis medicinal, aunque no hay una ley exclusiva para regular su uso, pero bajo la normativa que sanciona el tráfico de drogas se desprenden algunos lineamientos. Así, las personas que acceden a esta medicina alternativa deben realizarlo a través de un recetario magistral, autocultivo regulado o agrupándose con otros pacientes en asociaciones para generar sus propias plantaciones. Justamente ese es el rol que tenía el Dispensario. Para estos casos la siembra de la marihuana debe limitarse estrictamente a las dosis que necesiten los pacientes inscritos en las corporaciones, justificados con la receta de cada persona.

Aunque no hay una normativa que limite el número de personas inscritas en las corporaciones, algunas corrientes sobre el tema indican que debería realizarse a menor escala para no perder el sentido comunitario de la corporación. El Dispensario Nacional tenía cerca de 16 mil inscritos con sus respectivas recetas. En el expediente de la investigación hay al menos 15 doctores mencionados en la entrega de recetas cannábicas, algunos solo mediante un cuestionario vía WhatsApp. Los valores de las consultas fluctúan entre los $ 15 mil y $ 30 mil. Todos atienden de forma telemática, lo que explica que algunos tengan residencia en Antofagasta o Viña del Mar y aun así tengan recetas para pacientes de otras regiones.

De los doctores que figuran como emisores de las recetas de los agentes encubiertos, todos están habilitados para ejercer la profesión y provienen de diferentes casas de estudios, como la Usach, Universidad de Buenos Aires, UDP, Universidad de Talca y del Alba, entre otras. En promedio, están titulados hace seis años y la mayoría son chilenos: con excepción de una profesional de nacionalidad venezolana, que también está debidamente acreditada para ejercer en Chile. Una de las doctoras figura con al menos 11 recetas emitidas durante 2025. Además, cuatro de los médicos mencionados no están habilitados para emitir licencias médicas.

La mayoría atiende en centros especializados en medicinas alternativas, donde también realizan estudios sobre los beneficios de la marihuana para diversos tratamientos. Algunos de los doctores cuentan con diplomados enfocados en medicina cannábica y han desarrollado prácticas sobre el uso seguro de cannabinoides para dolores crónicos.

“No regalamos recetas”

“Soy un hombre de 51 años y siempre he trabajado cargando cosas y a veces me dan dolores de espalda, pero como a los 40 me convidaron cannabis y eso la verdad que me hacía bien. Solo eso”.

Esa fue la aflicción que detalló uno de los agentes encubiertos a una doctora de FarmaCannabis que lo atendió vía mensajería de WhatsApp. Previo a responder cuatro preguntas sobre la utilización de medicamentos, síntomas de estrés, alivio al consumir cannabis, alergias o cirugías, la doctora envió un mensaje predeterminado con un manual clínico sobre el uso medicinal de cannabis. Luego consultó en qué formato prefería su receta, que a los minutos fue enviada a su correo. La interacción duró 13 minutos.

En la investigación señalan que los doctores, “tras entrevistas breves, emitieron diagnósticos genéricos como estrés, lumbago crónico o trastorno del sueño, sin exigir antecedentes clínicos, exámenes ni controles presenciales. En esos casos, los agentes pudieron elegir libremente los síntomas a declarar y la modalidad de consumo, adaptándose la receta a lo solicitado por ellos”.

Bonie Amaro, fundadora y representante legal de FarmaCannabis –hace un año cambió a Clínica FC–, explica que desde que comenzaron a funcionar en 2024 han facilitado la atención mediante mensajería para tener atención accesible para personas con alguna discapacidad auditiva. Además, explica que si se utiliza este formato, es solamente porque así lo requiere el paciente.

“Acá no regalamos recetas. Hay un formulario, un manual que se entrega a cada paciente y procedimientos a seguir. Cuando la atención por mensajería es inconsistente, rechazamos la atención y agendamos una entrevista por videollamada para obtener más datos. No es que cualquier persona escriba y tenga una receta. Somos un centro médico tecnológico, por eso habilitamos el canal de mensajería para que todas las personas tengan acceso. Yo entiendo que quizás para Fiscalía puede ser cuestionable la forma de atención, porque desconocen las normas, pero es la misma forma en que la OMS y el Ministerio de Salud están orientando las atenciones telemáticas”.

Amaro también aclara que no tienen ninguna coordinación con el Dispensario Nacional: “No derivamos a nuestros pacientes a ningún dispensario, no hacemos acuerdos con influencers o damos códigos de descuentos como se hace en otros lugares. Eso se entendería como una comercialización y no es la visión que tenemos del tratamiento medicinal”.

Sin embargo, hay profesionales que difieren de la forma de atención de estos centros. Nicolás Dormal, director de la Fundación Daya, explica que la atención de cannabis debe ser extensa y personalizada, al igual que cualquier otra atención de especialista. Asimismo, también niega cualquier vinculación directa con el Dispensario Nacional.

En ese sentido, explica que “si no hay un diagnóstico o nunca ha consumido cannabis, lo más responsable es realizar exámenes. Estas revisiones exprés por WhatsApp no son para nada serias ni prudentes con la profesión médica. Las consultas que recomendamos de telemedicina consisten en una conversación que dura cerca de 40 minutos. Se repasa la situación del paciente, incluso hasta qué actividades realiza. Hay un montón de información del paciente que al médico le interesa conocer antes de tomar una decisión respecto de un tratamiento u otro”.

Las críticas sobre estas atenciones son amplias en el mundo de la medicina alternativa. El médico y director de la Fundación Latinoamérica Reforma, Sergio Sánchez, califica estas atenciones como un problema mayor en la medicina cannábica. Especialmente porque es comprender el acto médico como la mera emisión de una receta.

Ese punto se convirtió en un reclamo para el abogado del Dispensario Nacional, Hernán Bocaz:

“Ellos tratan de acreditar que hay una especie de falsacionismo en las recetas del Dispensario, que teóricamente no cumplen con los requisitos para poder ser utilizado como cannabis medicinal. Esa es la sensación que se dio en la audiencia. La teleconsulta está permitida, pero la Fiscalía intenta decir que las recetas del Dispensario son obtenidas irregularmente. ¿Cómo ellos acreditan que la enfermedad o la patología de los pacientes es falsa? Ahí entramos en otra discusión, donde quien está implicado es el médico, no somos nosotros, y lamentablemente la gran mayoría de las imputaciones van en contra del Dispensario Nacional. No hay ningún médico citado”, dice.

Sujetos de interés

Durante una de las jornadas de formalización, una de las defensas apuntó a que las sociedades que administran el Dispensario “no eligen a quién se dispensa, no eligen cuéndo se dispensa, ni siquiera eligen lo que se dispensa. Todo viene en la receta”.

Con este mismo argumento es que el abogado del Dispensario Nacional apunta a que la Fiscalía está al debe con esta parte de la investigación. Sobre todo porque “la insinuación del Ministerio Público es que, teóricamente, nuestras recetas no cumplen con los requisitos para ser consideradas correctas”.

Y aunque reconoce que pudo haber un actuar desprolijo de algunos administradores que facilitaron horas médicas a los agentes encubiertos, a su juicio, de ninguna forma se trata de un delito.

Por lo mismo, pone el foco en los cerca de 16 mil pacientes que ahora no pueden acceder a su medicación tras el cierre del Dispensario. “No nos corresponde a nosotros estar cuestionando la validez o no de una receta médica. Hay miles de miembros del Dispensario que no están teniendo acceso a su receta. Si hay que mejorar las normas hagámoslo, pero no dejemos a las personas sin su medicación, porque no hay reglas claras sobre el funcionamiento de los dispensarios”.

Si bien la parte de los acusados defiende que la investigación debe ampliarse a los emisores de recetas, hasta el momento el Ministerio Público no tiene médicos o representantes de centros médicos en la mira. Sin embargo, explican, tampoco es algo que esté descartado completamente: hay otros sujetos de interés que no figuran como imputados. En estos casos, la Fiscalía ha optado por la cautela. Sólo han comentado que “en su momento se van a adoptar las decisiones que, en derecho, correspondan respecto de él y respecto de otras personas”.

Eso explica que los doctores que emitieron recetas que hoy son parte de la carpeta investigativa estén sorprendidos.

Una doctora que atiende en un centro especializado en cannabis señala que muchos de sus pacientes eran usuarios de la organización. Con la noticia del caso, se puso a repasar sus atenciones. Aunque sabía que todo estaba en orden, los artículos de prensa sobre agentes encubiertos que recibían atenciones exprés la hicieron repasar todas sus consultas.

“Yo sé que no es mi caso. Ni siquiera el del centro donde trabajo, porque son muy rigurosos con todos los pacientes. Pero esto nos mete a todos en el mismo saco”.