Probablemente el modelo de seguridad de Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, sea el que genera más admiración en la región. Su política de represión y mano dura ha logrado reducir significativamente el número de homicidios en su país. Además de que existe controversia en torno al conteo, su política ha tenido un costo alto: restricción de libertades y violaciones a los derechos humanos, como ha reportado Human Right Watch. Aun así, Bukele defiende que el éxito lo volvió un modelo de exportación. Pero la socióloga Lucía Dammert, experta en seguridad y crimen organizado, es escéptica al respecto:

“El modelo de Bukele no es un escalón más en la estrategia de seguridad pública, sino un salto en un proceso de desmantelamiento del Estado de derecho”, escribe en su nuevo libro, Anatomía del poder ilegal, recién publicado por el sello Ariel.

Académica de la Universidad de Santiago y exjefa de asesores del Presidente Gabriel Boric, Lucía Dammert publica un acucioso estudio en torno al poder del crimen organizado en América Latina, que ha creado mercados ilegales y una poderosa estructura paralela a los Estados. El libro se basa en una exhaustiva investigación de campo, con visitas a numerosos países y entrevistas en terreno.

Según cuenta, a mediados de 2018 Lucía Dammert observó un incremento inusitado de las extorsiones en la región. Cuando comenzó a investigar se dio cuenta de que la extorsión es una pequeña parte de un problema mayor, de enormes dimensiones.

-Lamentablemente se habla solamente del narco o el Tren de Aragua, pero en realidad el problema que enfrentan América Latina y Chile es el poder ilegal: mercados ilegales que se vinculan con altísimos niveles de corrupción institucional e instituciones públicas muy débiles. Es como la tormenta perfecta -dice.

En el ojo de esta tormenta se cruzan cinco elementos. Uno de ellos es la crisis política: “La construcción de poder ilegal tiene uno de sus ejes centrales en el deterioro de la representación, de los partidos políticos y la consolidación de intereses personales”. Muy asociado a ello, el aumento de la corrupción; es “el eslabón fundamental que permite la infiltración del poder ilegal en las estructuras estatales”. En tercer lugar, la creación de una economía paralela ilegal con una gran capacidad de adaptarse a los cambios del mercado. A ello se suma la violencia como “una herramienta central de su consolidación”. Y, por último, la debilidad estructural de los Estados.

La autora analiza ocho fenómenos vinculados al crimen organizado y los mercados ilegales en el continente: el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la minería ilegal (robo y contrabando de oro), la tala, la pesca y el comercio ilegal de vida silvestre, así como la extorsión. El libro incorpora entrevistas e historias personales afectadas por este tipo de crímenes.

-El principal interés del libro es que el lector pueda darse cuenta que decir solamente voy a terminar con el crimen organizado y para eso tengo que meter a todo el mundo preso, es una parte muy pequeña del problema.

A diferencia de otros momentos, dice, la crisis de seguridad actual reviste más gravedad por la forma en que la corrupción entorpece y debilita la acción del Estado.

-Hoy tú vas a alguna aduana de América Latina, que tiene la plata para comprar leedores de containers, pero por algún motivo no los usan. Por algún motivo se quemó el sistema GPS. Vas a las cárceles y, por algún motivo, un sistema gigante en el que se invirtió para que no funcionen los teléfonos celulares empieza a fallar. Ahí tienes un elemento que lo vuelve mucho más grave.

¿Qué condicionantes han permitido el auge del crimen organizado?

Tal vez el condicionante principal es que todavía en América Latina tenemos un porcentaje importante de población que vive en la ilegalidad, porque no tiene capacidad de estar en la legalidad. Son la gente que no tiene acceso a la educación, a la salud, personas que tienen problemas de consumo de alcohol y drogas. Ahí está el caldo de cultivo para el crimen. Y luego tienes muchas industrias criminales que han florecido al alero de un Estado que o no está presente o hace de la vista gorda.

Lucía Dammert dice que en los últimos 30 años los Estados se han desgastado en la lucha contra las drogas y esta ha resultado ineficiente. En su opinión, el enfoque en el narcotráfico ha impedido ver el problema en su gran dimensión.

-Muchos de los migrantes que han llegado a Chile y otras partes de América Latina son víctimas del tráfico de inmigrantes. Les han robado la plata, las mujeres han sido víctimas de violaciones. Y sin embargo no lo asumimos como un fenómeno de una organización criminal que los mueve y que, por ende, tiene que tener vinculaciones muy serias con el Estado de muchos países para mover tres millones de personas. Por eso creo que para poder enfrentar el fenómeno del crimen organizado tenemos que desnarcotizar la agenda. Las drogas son muy importantes, pero hoy lo que probablemente impacta más a la ciudadanía en el día a día son los cobros extorsivos.

Para afrontar el problema, agrega, se requiere una decidida voluntad política.

-Necesitamos que la política se convierta en una política con P mayúscula, que este tema de los mercados ilegales o del crimen organizado no sea solo un tema solamente de campaña electoral sino que requiere realmente de instituciones policiales sólidas, mecanismos de fiscalización del fiscalizador. Hoy estos mercados tienen abogados, contadores, gente en todos lados, y uno necesita permanentemente buscar mecanismos de control del que controla. Porque las posibilidades de corrupción, y de amenaza o de extorsión son muy altas..

¿Qué ha facilitado el aumento de la corrupción en Chile?

El crimen organizado no es una estructura caótica, anárquica, no. Son estructuras inteligentes. Y frente a esas estructuras inteligentes, nuestros Estados son bastante más débiles. Yo no creo que en Chile todo el mundo es corrupto: eso es mentira. Pero tampoco necesitas corromper a todo el Estado para sacar containers con cosas, porque además la mayoría de las cosas ilegales se mueven en barcos.

¿La sorprendieron los casos de tráfico de drogas vinculados al Ejército?

Ese tipo de fenómenos se dan en todas las instituciones donde tú tienes uno o dos grados de separación con la presencia de los mercados ilegales: aduanas, puertos, policías, justicia, gendarmería, cárceles. Hay un mundo que es más probable que termine vinculado de alguna forma. Lo mismo para el lavado. El lavado está especializado en universidades, equipos de fútbol, construcción. Hay industrias, no digo en Chile, sino en general, donde se concentran. Era evidente que habiendo una mayor cercanía del mundo militar a estos mundos criminales, algunos, no institucionalmente, ni mucho menos, pero algunos se iban a tentar, porque además la tentación del dinero es muy grande.

Pero es un asunto grave, ¿no? ¿Cómo debe enfrentarse?’

Me parece un signo de alarma y requiere una respuesta rápida, sobre todo una respuesta de castigo rápido. Y no tanto por los miembros de la institución, porque la mayoría de los miembros de las instituciones son gente honrada, sino sobre todo porque el ciudadano que ve eso dice ‘están todos corrompidos, ya sabía que esto no funcionaba más’. Entonces ese ciudadano que ya no confía en nadie termina comprando su arma para protegerse y termina diciendo la democracia es una porquería.

¿Cuál el siguiente estadio del problema?

El siguiente estadio del poder ilegal es la construcción del estado mafioso, donde el dueño de la minería ilegal en la Amazonía, por ejemplo, dice para qué le voy a pagar al gobernador si puedo ser gobernador. Al final del día tú terminas lidiando con unas capacidades gubernamentales que juegan para otros intereses. Pero estamos a tiempo en la mayoría de los países latinoamericanos de reconocer que si entramos en esto de los estados mafiosos es mucho más difícil. Y además cada día los ciudadanos estamos más abiertos a de alguna forma participar de algo ilegal, desde robar el cable, no pagar la micro o comprar ropa robada.

Hay un deterioro ahí también.

Hay un deterioro de lo que se considera la cultura de lo legal. Eso tiene que ver con que, en muchos países, no en Chile, la gente dice, mira, todos los presidentes son unos ladrones, todos los políticos son unos corruptos, y resulta que yo tengo que trabajar y pagar impuestos. No, no voy a pagar impuestos, chao. El crecimiento de los mercados ilegales tiene que tener una demanda.

¿Qué opina de la agenda de seguridad en esta materia del Presidente Boric?

La agenda de seguridad del Presidente me ha parecido muy concentrada en los cambios legales. Y creo que las agendas de seguridad requieren tantos cambios legales como políticas públicas. Y yo extraño las políticas públicas. Son necesarios los cambios legales, sin duda, pero eso no es una agenda de seguridad

¿Se contagió el gobierno con el discurso de la mayor represión?

Creo que cuando llegó el gobierno se dio cuenta inmediatamente de los fenómenos del crimen organizado. Me parece que en un país como Chile, donde los problemas son bastante más acotados que en la región, uno no puede abandonar los problemas fundamentales, los factores de riesgo del desarrollo de carreras criminales, que siguen siendo abandono del colegio, falta de capacidad de trabajo, consumo de drogas, consumo de alcohol, ser víctima de violencia. O sea, contra esos fenómenos yo me pregunto qué es lo que estamos haciendo realmente, porque al final del día pareciera que hay una hiperconcentración en la lucha contra, entre comillas, los grupos criminales, pero esos grupos criminales se nutren de un mundo que pareciera que se sigue reproduciendo.

¿Qué le han parecido las propuestas de los candidatos en esta materia?

No he visto en detalle las propuestas, pero está todo muy concentrado en esta mirada más punitivista, castigadora, respondiendo un poco a la ansiedad ciudadana.

Más cárceles, cierre de fronteras.

Nadie sabe qué fue primero, ¿no? Que la ciudadanía se puso más autoritaria porque tenía miedo, entonces la política empezó a responder desde ahí. Y por supuesto, como esto no va a funcionar, la ciudadanía va a tener más miedo y hacia allá vamos, en un círculo vicioso. Tal vez la novedad de este periodo es que hasta hace unos 8 años tú tenías un mundo más progresista que se ponía en contra de algunas de estas posiciones. Hoy día parece que eso no existe. Pero evidentemente hay un clima merecidamente de preocupación, porque han aumentado los delitos violentos, porque hay más mercados ilegales, más corrupción, más debilidad estatal. Pero me gustaría que ojalá se esté proponiendo, por ejemplo, fortalecer la unidad de análisis financiero, que estén avanzando en reconocer cómo hacer para levantar el secreto bancario en los casos

Jeannette Jara lo propuso. ¿Le parece una buena herramienta?

En muchos países se usa, no indiscriminadamente. No hay recetas mágicas. Una mala práctica de levantamiento de secreto bancario sería un problema, pero está claro que en algunos casos es muy necesario. Ahí es donde hay que regular bastante bien. Pero lo que no podemos es quedarnos solo con el menú bukelista, porque además Chile tiene problemas de seguridad y capacidades institucionales muy diferentes.

¿Qué esperaría Ud. del mundo progresista?

Yo esperaría una mirada de qué hacemos con los miles de niños que no volvieron al colegio después del Covid, o con los cientos que no saben leer y escribir, o con los muchos que siguen pasando por los sistemas cerrados de inicio de carreras criminales que son un horror. No creo que el mundo del progresismo sea un mundo pro garantías, pero el progresismo y también la derecha tienen que hacer un esfuerzo muy significativo en mirar estos otros fenómenos de descomposición social.