Una serie de dificultades logísticas implicó la formalización de los 47 gendarmes y 23 civiles detenidos en el marco de la Operación Apocalipsis.

Los integrantes de la red de corrupción en cárceles fueron imputados como autores de delitos de cohecho, soborno, lavado de activos y asociación ilícita, por hechos ocurridos entre los años 2020 y 2025.

Por la cantidad de imputados, la audiencia debió desarrollarse en dos salas.

Al iniciarse la audiencia, desde las defensa se pidió reserva para evitar la difusión de las identidades y rostros de los imputados.

El tribunal consideró extemporánea la petición y la desestimó.

También se rechazaron las solicitudes de tratar a los imputados como inocentes y quitarle las esposas.

“Esta es una sala que claramente no está preparada para este tipo de megaformalizaciones. Estamos hablando que esta sala está diseñada por un máximo de imputados de 40. Hoy día tenemos 70, sumados intervinientes, sumado destacamento de Gendarmería, y es absolutamente insuficiente para efectos del control de la seguridad de la audiencia”, señaló el juez Francisco Ramos Pazó.

El magistrado recalcó que “el tribunal también tiene que velar por la seguridad, no solamente de los intervinientes, sino que la seguridad de los propios imputados que se puede ver arriesgada en cualquier tipo de situación”.

“Por lo tanto, el tribunal no va a sacar ningún tipo de medida y se van a quedar con las medidas que actualmente mantienen todos los imputados”, dijo, precisando que su criterio es que las medidas se mantengan hasta que no concluya la audiencia de control de detención y se resuelva respecto a las medidas cautelares de cada imputado.