A partir del informe de Contraloría que reveló la existencia de 910 funcionarios administradores de fondos públicos que apostaron en casinos a pesar de su prohibición, el Ministerio de Defensa envió oficios a Fuerza Aérea de Chile (FACH) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para informar las acciones y sumarios que realizarán ambas reparticiones para esclarecer los hechos.

En concreto, las dos instituciones lideran el listados de los 20 mayores montos transados: hay dos funcionarios de la FACH y diez de la DGAC involucrados que realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos por un monto que asciende los $1040 millones y $622 millones respectivamente.

Por lo tanto, la cartera decidió enviar oficios a ambas insituciones públicas para “informar -en un plazo de 5 días- las acciones y sumarios que realizarán para establecer las responsabilidades que correspondan y fortalecer los mecanismos de control interno”, señaló Defensa en un comunicado.

“En este mismo orden de cosas, el Ministerio de Defensa Nacional cursó otro oficio a todas sus reparticiones dependientes, con el fin de realizar una indagación interna para detectar eventuales hechos similares y adoptar todas las medidas necesarias para evitarlas”, agregó la cartera.

Según plantearon en el comunicado, el objetivo es “resguardar la integridad, la confianza pública y el estricto apego a la legalidad que exige el servicio al país”. Además, reafirmaron el compromiso con la probidad, transparencia y correcto uso de los recursos públicos.

En tanto, la FACH emitió su propio comunicado donde condenaron los hechos y señalaron que la institución “dispondrá la revisión inmediata de los antecedentes que correspondan al ámbito institucional, con el propósito de determinar eventuales responsabilidades administrativas y adoptar, de ser procedente, las medidas disciplinarias que establece la normativa vigente y los reglamentos".

Asimismo, la institución apuntó que colaborará “plenamente” con los organismos competentes, “entregando toda la información que sea requerida, en el marco de los procesos de fiscalización e investigación que se desarrollen”, señalaron en un comunicado.