De los ministerios sectoriales, Salud y Educación son, casi desde siempre, nicho de promesas reformistas. Gabriel Boric, en su campaña presidencial, no se quedó atrás y prometió, por ejemplo, modificar completamente el sistema de salud por uno en que las isapres sólo funcionarían como un complemento, pero terminaron siendo fortalecidas. También comprometió condonar y terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que indefectiblemente implica una gran reforma en el sistema de financiamiento de la educación superior, propuesta que hoy se refleja en el FES que se discute en el Congreso.

En escalones intermedios de esas grandes promesas hubo otras menos grandilocuentes, mientras en el camino aparecieron también otros desafíos que se robaron la atención. Y con apenas dos meses y un poco más de gestión por delante, el balance tras el último año de esta administración también sirve para hacer uno más amplio y general.

Educación

A modo de contexto, Gonzalo Muñoz, profesor de la Facultad de Educación de la UDP, miembro del Consejo Nacional de Educación y exjefe de Educación General del Mineduc en Bachelet II, cree que el gobierno desarrolló “fundamentalmente una gestión de continuidad y tuvo dificultades para articular una agenda sólida de políticas educativas orientada al fortalecimiento de la calidad y la equidad, y que tuviera el potencial de mejorar la experiencia escolar a escala sistémica”. Esto, cree, se debe a múltiples factores, “entre ellos que la educación no está teniendo la prioridad que necesita, ni en el sistema político ni en la sociedad en su conjunto”.

Pero a pesar de esas debilidades, para Muñoz el Ejecutivo logró conducir “un complejo proceso de reactivación post-pandemia”, esfuerzo que, dice, se tradujo “en una recuperación significativa de aprendizajes fundamentales y en mejoras sustantivas en asistencia y revinculación escolar que, en perspectiva comparada internacional, constituyen logros valiosos y difícilmente alcanzables en otros contextos”. El desafío para el gobierno de Kast, cierra, será “sostener y profundizar” esta recuperación.

Pero la visión sobre los avances en materia de reactivación no es compartida por Raúl Figueroa, exministro de Educación en Piñera II y director del Instituto UNAB de Políticas Públicas, quien cree que a la hora de hacer un balance “queda en evidencia un problema en la escala de prioridades: mientras para el gobierno del Presidente Boric la educación nunca ocupó un lugar relevante, en el Mineduc esa escala estuvo claramente distorsionada”. Y suma que “lejos de centrar todos los esfuerzos en la urgente recuperación de aprendizajes luego de la pandemia, la agenda educativa giró en torno a un cambio de paradigma incomprensible y totalmente desconectado de las verdaderas necesidades del sistema educativo”.

“El fallido intento por no aplicar el Simce, la agenda legislativa centrada exclusivamente en intereses gremiales y la incapacidad para implementar un plan de recuperación a gran escala con metas y acciones concretas, fueron el sello de los primeros años”, complementa. Y aunque destaca la continuidad que se le dio a programas como Leo y Sumo Primero, lo que cree influyó en los resultados positivos del Simce de cuarto básico, por otro lado contrasta que “la falta de planes de urgencia para los cursos superiores y el consecuente estancamiento de los aprendizajes en esos niveles serán un problema grave cuyos efectos se verán en el mediano y largo plazo”.

Como sea, lo cierto es que nadie duda que el nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES) propuesto por el Ejecutivo fue el gran protagonista del año en términos educativos. Con los aún persistentes reparos de expertos, rectores y parlamentarios, el proyecto de ley apuesta a ser uno de los legados que quiere dejar este gobierno y ha sido empujado como tal. Guste o no, el FES no dejó a nadie indiferente y promete seguir en la palestra, toda vez que el Mineduc aspira a ingresar durante la primera quincena de enero las indicaciones que aborden los puntos más críticos de su propuesta más emblemática.

“En la segunda mitad del periodo se ha insistido en prioridades equivocadas al poner todo el foco de la política en un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior que ha recibido críticas transversales por su impacto negativo en la calidad universitaria, la injusticia que implica para futuros egresados que pagarán más y el desequilibrio que generaría en las cuentas fiscales”, reflexiona Figueroa.

Un problema irresoluto -sólo pausado ahora por las vacaciones- para la cartera que comanda Nicolás Cataldo es la violencia escolar y algunas de sus movilizaciones con graves episodios. En particular, en 2025 hubo un público enfrentamiento con los alcaldes Sebastián Sichel (ind., Ñuñoa), Mario Desbordes (RN, Santiago) y Jaime Bellolio (UDI, Providencia) por las responsabilidades que les compete a cada uno en el abordaje del conflicto.

El Sistema de Admisión Escolar (SAE), a su vez, sigue siendo un flanco abierto. El modelo que el oficialismo abraza con fuerza no ha dejado de estar en el centro de las miradas por constantes falencias, como las que dejó de manifiesto apenas esta semana un informe de Contraloría que reveló que más de 31 mil estudiantes se matricularon de forma irregular para el proceso de 2024. Los cambios forzados por la oposición aún no se concretan y el Mineduc incluyó parcialmente las recomendaciones que hizo una mesa transversal de expertos para mejorar la herramienta.

“Entre otras, quedan pendientes las necesarias modificaciones al Sistema de Admisión Escolar y las correcciones urgentes al deficiente diseño de la Nueva Educación Pública (NEP)”, dice de modo general el exministro Figueroa.

Justamente, la NEP es otro de los temas que se han robado la atención para la cartera educativa, con algunos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) aún mostrando falencias durante este 2025, aunque en ningún caso como la crisis vivida en el SLEP Atacama entre 2023 y 2024, donde hubo un paro de casi tres meses.

Desde la UDP Muñoz asevera que en los meses finales de la administración “aún existe margen para construir un legado relevante en política educacional”. En este sentido, cree que “lejos” es importante “por un lado, consolidar y mejorar la Nueva Educación Pública, mediante la aprobación de la ley que se tramita en el Congreso y, por otro, dejar elaborada una propuesta viable de reforma al financiamiento de la educación inicial y escolar, que será indispensable abordar en los próximos años dada la creciente ineficiencia del modelo actual”.

Al Mineduc se le pidió participar de este balance, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Salud

El 2025 ha estado lejos de ser un año tranquilo para el Ministerio de Salud, marcado por polémicas, una alta carga sanitaria, recambio de autoridades y una agenda de decisiones que ha tensionado al sector.

De hecho, el año pasado inició con la jefa de la cartera sanitaria, Ximena Aguilera, enfrentando su primera interpelación en la Cámara de Diputados por la cantidad de personas aguardando por un atención en el sistema público de salud.

Y aunque logró superar sin demasiados sobresaltos el interrogatorio, las listas de espera continuaron siendo un flanco permanente para el ministerio.

De acuerdo al último balance público hay 2.134.364 personas que esperan una consulta nueva de especialidad -2.576.371 registros de prestaciones porque una persona puede estar esperando más de una atención- y 365.118 personas aguardan por una cirugía, correspondientes a 417.561 intervenciones pendientes.

Con todo y hasta ahora el ministerio saca algunas cuentas positivas. Durante la entrega de las nuevas cifras, las autoridades destacaron un baja en los tiempos y en los registros, además de un aumento en la productividad.

“Esta cifras no sólo demuestra una recuperación de la demanda acumulada en pandemia, sino también una mayor capacidad de resolución en el sistema público. Pero tomamos este resultado con mesura, porque aún hay personas que esperan y trabajaremos hasta el último día para que puedan recibir atención”, indicó durante el balance de noviembre el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell. Con todo, la mediana de espera de 200 días prometida por Gabriel Boric está lejos de cumplirse y acorde lo dijo la misma autoridad en junio de este año a La Tercera, esto no se logrará durante esta administración.

Otro flanco que se arrastra desde años anteriores y que se terminó de ratificar durante 2025 es la anhelada reforma de salud. Durante el primer semestre, las autoridades confirmaron que ya no estaba en los planes del gobierno avanzar en la creación de un Fondo Universal de Salud que también proponía transformar a las isapres en aseguradoras de segundo orden. En su lugar, afirmaron que la reestructuración del sistema sería a través de un paquete de proyectos legislativos. Un gran anuncio nunca existió ni existirá.

En ese contexto y durante el transcurso del año ingresaron y tramitaron varias iniciativas con este fin: el que propone el fin de las preexistencias, los que fortalecen Fonasa y la superintendencia de Salud, el que regula las licencias médicas, el que legaliza la eutanasia y la ley de salud mental.

Con todo, avanzar -y en el mejor de los escenarios terminar- con la tramitación de estos proyectos es también el gran pendiente que tiene la cartera para los últimos meses de administración que tiene en 2026.

De todos estos el que más tiene posibilidad de ser aprobado es el que regula la muerte asistida, pero el aplazamiento de votación de diciembre a enero pone en riesgo, según varios parlamentarios, su aprobación.

En la misma idea de reformar de a poco el sistema, este año el gobierno enfrentó otro problema: la primera licitación que realizó Fonasa para crear la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) se declaró desierta a fines de junio, ya que ninguna compañía de seguros hizo ofertas.

Y el resultado del segundo intento no fue mucho mejor. Solo llegó una oferta, de Zurich, que hizo una propuesta por solo una de las siete fracciones disponibles, las que representaban una séptima parte del seguro cada una.

Para el próximo año se debe determinar el modelo definitivo. En caso de que Zurich se adjudique la fracción por la que ofertó, Fonasa deberá buscar una manera para cubrir las seis fracciones restantes, para lo cual la ley la autoriza a negociar un trato directo.

Eso sí, el Minsal saca cuentas positivas en otros áreas: se inauguró el nuevo Hospital de Alta Complejidad en San Antonio y se agregaron tres nuevas patologías al GES: tratamiento de hospitalización para menores de 15 años con depresión grave, tratamiento tras el alta por cirrosis hepática y cesación de consumo de tabaco para personas mayores de 25 años.

Consultado por La Tercera respecto de los avances y pendientes de la cartera durante 2025, así como sobre listas de espera, reforma de salud y proyectos de ley en tramitación, el Ministerio de Salud no respondió hasta el cierre de esta edición.