La Municipalidad de Santiago destituyó este jueves a la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, luego de un sumario administrativo efectuado en su contra, que concluyó en que la funcionaria incurrió en faltas graves a la probidad administrativa y negligencia en el cumplimiento de sus deberes.

Esto, a raíz de un hecho de violencia registrado al interior del establecimiento educacional, ocurrido el 18 agosto pasado, cuando un estudiante de tercero medio resultó brutalmente agredido al interior de una sala por sujetos que cursaban cuarto medio, producto de la difusión de una funa en redes sociales, sostiene el municipio.

Dos días después del hecho, Vega fue suspendida de sus funciones y se instruyó el sumario en su contra, que arrojó resultados esta jornada.

“La investigación estableció que la autoridad del liceo no adoptó las medidas necesarias para resguardar la integridad del estudiante, omitió realizar la denuncia obligatoria al Ministerio Público dentro de las 24 horas y no informó oportunamente a la Dirección de Educación Municipal (DEM) sobre lo ocurrido, incumpliendo los protocolos de seguridad escolar y las obligaciones establecidas para los directivos de establecimientos públicos”, señala un comunicado del municipio dirigido por el alcalde Mario Desbordes.

Asimismo, se señala que Vega incurrió en faltas a la ley de Probidad Administrativa, puntualmente el artículo 8, la cual “exige actuar con eficiencia, eficacia y legalidad en el ejercicio de la función pública”, consigna la comunicación.

De igual forma, se señaló que la exrectora Carolina Vega presentó un listado de 45 testigos para respaldar su actuar. Entre ellos el exdirector de Educación Municipal, Rodrigo Roco, y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien finalmente no declaró.

De ellos, solo 12 testigos prestaron declaración, entre los que se incluían docentes, exalumnos y representantes del centro de estudiantes. También se realizaron careos y la revisión de documentos institucional.

El Municipio de Santiago consigna que Vega, en sus descargos, acusó “discriminación de género” y “persecución política”, lo que fue descartado por la investigación.