Fue a mediados de agosto del año pasado cuando el mundo político puso foco en un factor hasta entonces desconocido de lo que iba a ser la candidatura de Aldo Duque a alcalde por Santiago. El abogado figuraba en un listado de la Contraloría General de la República de aquellos juristas que han sido defensores en causas de La Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Mejor conocida como “Ley de Drogas”.

Duque aparecía en causas de defensa a narcotraficantes, como un caso de dos personas implicadas en tráfico de 200 kilos de marihuana en Santiago Centro, u otra situación de imputados que internaron desde Perú 43 kilos de cocaína, y otra de febrero de 2023 en la que se intentó procesar cerca de 452 kilos.

En el primer caso se acordó efectuar un procedimiento abreviado en el que los imputados admitieron responsabilidad para aceptar una pena menor; el segundo caso fue condenado a siete años de presidio mayor, y en la tercera situación su defendido fue condenado a cinco años de presidio con el beneficio de libertad vigilada. Duque, consultado por este diario, sostiene que ya renunció a todos los casos de la Ley 20.000 y no tiene ninguna causa al respecto.

En estas elecciones parlamentarias Duque ahora se presenta como candidato a diputado y todavía figura en el lista de la Contraloría, aunque se ha defendido públicamente diciendo que de llegar al Congreso dejaría de llevar estas causas.

Pero su caso no es único, pues en ese listado también figuran otros candidatos al Parlamento.

Así se constata en un cruce de datos realizado por La Tercera entre las 1.091 candidaturas a la Cámara de Diputadas y Diputados y los 129 postulantes al Senado, con los 9.008 abogados que hoy figuran en el listado actualizado de Contraloría, a junio de este año. El artículo 61 de La Ley 20.000 establece la creación de esa nómina a efectos de evitar que abogados tramiten este tipo de causas siendo funcionarios del sector público. El Ministerio Público ha puesto bajo la lupa de dónde salen los dineros con que se les paga a estos juristas, a partir de casos como los abogados Helhue Sukni y Vito Contreras.

En concreto, se identificaron otros cinco casos de candidatos en el listado, pero según las explicaciones de los propios aludidos son situaciones menores y no comparables a las de los “abogados narco”. De hecho, algunos juristas aparecen por haber trabajado como profesionales de la Defensoría Penal Pública. En el Poder Judicial no se pueden verificar las causas en que figuran, pues en la mayoría de los casos son reservadas.

Los otros casos

Un caso es el de Claudio Uribe Hernández, quien fuera por 18 años fiscal del Ministerio Público, llegando a presidir la Asociación de Fiscales. Uribe dejó la Fiscalía en 2021 y desde entonces ejerce como profesional independiente. Hoy postula como candidato a senador por el Partido de la Gente (PDG), de Franco Parisi, en Valparaíso. Según el listado de Contraloría, acumula cinco causas por narcotráfico, tres datan del 2022, una es de 2023 y otra de 2024, pero él explica a este diario que tiene más en otros lugares, pues los juristas desconocen qué causas en específico informa la Contraloría.

Si bien aclara que no puede entregar detalles por “secreto profesional”, sostiene que “jamás he atendido bandas criminales, lo que he defendido son personas particulares que como muchas han tenido problemas con la justicia que no son de ninguna organización criminal. Por ejemplo, una causa en La Ligua se trataba de un trabajador de una empresa minera que iba arriba de un auto y el chofer iba transportando drogas; él iba de copiloto y fue imputado por tráfico de drogas”, dice.

Y agrega: “Tengo otra causa de un joven universitario controlado por Carabineros y en la mochila llevaba una cantidad de marihuana que la policía estimó que era más que la propia para consumo personal. Otro caso es de jóvenes sorprendidos en la vía pública y que portaban drogas. La Fiscalía te va a decir que esa droga estaba destinada a la venta, pero ellos dicen que es para consumo. Veo muy pocas cosas de tráfico, no es mi especialidad. No tengo ningún reparo ni problema con los abogados que ven causas de tráfico, pero soy mucho más especialista en otras áreas”.

Otra situación se da con el abogado de Punta Arenas Juan José Srdanovic Arcos, quien es candidato a diputado independiente por el Partido Republicano. En el listado de Contraloría figura con cinco causas entre el 2010 y el 2012 en Magallanes y la Región Metropolitana.

“Son casos de consumidores que han terminado con absolución. Es muy distinto defender a un narcotraficante, que está haciendo daño a la sociedad, que defender a un consumidor. Lamentablemente en el registro de Contraloría te figura la causa por Ley 20.000 y quedas en el registro, pero no te hace el discernimiento de qué es lo que tú estás defendiendo. Es distinto cuando defiendes a una persona que, por ejemplo, iba manejando un vehículo y te dicen que manejaba bajo el efecto de la marihuana. Eso también queda tipificada por Ley 20.000 y no es narcotráfico. Yo no defiendo narcotraficantes”, dice.

Srdanovic afirma que parte de los casos que ha defendido “son personas que son consumidores, casos que han salido absueltos, o gente con tratamiento psicológico por consumo de marihuana, o un caso de consumo colectivo; un joven que en pandemia compró marihuana para un grupo de amigos que iban a consumir y fue procesado y absuelto de los cargos. He defendido muchas personas que están con delitos menores de la Ley 20.000”.

Otro ejemplo de Srdanovic es la defensa de Esteban Zamorano, quien en 2021 fue detenido en Magallanes y se le incautaron de su domicilio tres kilos de marihuana, cocaína, éxtasis y hongos alucinógenos. En ese operativo su esposa fue detenida en calidad de cómplice, luego de que los policías lograran sortear a cinco perros pitbull que cuidaban el domicilio. Ya el 2019 estaba en la mira de la justicia por haber sido sorprendido en el aeropuerto con anfetamina. Su teléfono había sido interceptado por el Ministerio Público y se determinó que vendía drogas a través de llamados y redes sociales. En un artículo de El Pingüino del 2022 el profesional defendía cambiarle la pena de condena por una más flexible, y en el portal del Poder Judicial el abogado figura como defensor privado de Zamorano.

Casos públicos

Otros abogados candidatos figuran en el listado por haber desempeñado trabajos para la Defensoría Penal Pública, que entrega los servicios de juristas a quienes no cuentan con los recursos para defenderse. Ahí los profesionales no eligen las causas que les tocan, no pueden renunciar a ellas, y por ello se defienden argumentando que no debería haber cuestionamiento alguno a su postulación parlamentaria.

Uno de ellos es Cristián Sanzana, candidato a diputado en Arica y Parinacota independiente en cupo de Acción Humanista. Él señala que figura en el listado porque su estudio jurídico prestó servicios licitados a la Defensoría Penal Pública. “No son causas particulares. Desde el 2004 me desempeñé como defensor penal público licitado en distintos proyectos, lo que interrumpí del 2015 al 2018 porque fui gobernador de Arica. Del 2018 al 2022 volví a retomar”, dice.

Sostiene que “como defensor público no puedes negarte a las causas. Te puede tocar cualquier cosa. En la Defensoría Penal Pública no amerita cuestionamiento alguno, porque es deber del defensor asumir todas las causas”.

Otra situación similar es la de la exconvencional Manuela Royo Letelier, quien es candidata a diputada independiente por el Frente Amplio en el distrito 22 de La Araucanía y figura con causas el 2013 en la Región Metropolitana. “Yo jamás en la vida he tomado causas privadas, uno sabe que es complejo. En la Defensoría Penal uno no puede decir que no. He visto mucho abogado de narcos que terminan siendo funcionario de los narcos. Lo encuentro peligroso. Cada persona tiene derecho a la defensa, pero si uno como persona tiene la opción de elegir, ese para mí es un límite”, dice, sumando que le tocó participar en causas de “gente que tiene plantas en su casa, mucho microtráfico de las poblaciones, pasta base”.

La abogada Celeste Jiménez, candidata independiente en cupo del Partido Humanista para ser diputada en el distrito 10 (Santiago, Providencia y Ñuñoa), también figura en el listado con causas de la Ley 20.000, y en su currículum detalla haber trabajado en la Defensoría Penal Pública desde el 2008. No pudo ser localizada para esta nota.