La Moneda no quedó fuera del listado de las 788 instituciones con licencias médicas irregulares denunciadas por la Contraloría General de la República (CGR).

Esto, como parte de los datos enmarcados en el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la institución, donde se evidencia que 25.078 funcionarios salieron del país mientras estaban con licencia. Asimismo, se sabe que para esa cantidad de funcionarios se emitieron un total de 35.585 licencias médicas, y que éstos habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo.

Del listado general, la institución que concentra más funcionarios involucrados es la Junta Nacional de Jardines Infantiles(Junji), con 2.280 licencias, le sigue la Fundación Integra, con 1.934 y la Municipalidad de Arica, con 719.

De acuerdo al documento del ente contralor, 14 ministerios y 22 subsecretarías del gobierno del Presidente Gabriel Boric figuran entre las instituciones con funcionarios que viajaron fuera del país.

El Ministerio de Obras Públicas encabeza las carteras con más licencias médicas, con un total de 312, siendo seguido por Relaciones Exteriores (29), Bienes Nacionales (24), Secretaría General de Gobierno (19), Medio Ambiente (15), Energía (15), Mujer y Equidad de Género (9), Justicia (6), Deporte (6), Secretaría General de la Presidencia (5), Desarrollo Social (2), Educación (1), Hacienda (1) y Vivienda (1).

De las subsecretarías, Salud Pública presenta el mayor número de reposos, con 393. Le siguen Vivienda (207), Servicios Sociales (39), Educación (35), Redes Asistenciales (25), Transporte (18), Trabajo (9), Para las FF.AA. (8), Economía (7), Agricultura (6), Interior (5), Educación Superior (5), Telecomunicaciones (5), De la Niñez (4), Relaciones Económicas Internacionales (3), Minería (3), Cultura y Artes (2), Prevención del Delito (2), Ciencia (1), Previsión Social (1), Turismo (1) y Derechos Humanos (1).

Previo a que se conociera el listado completo de instituciones, el Ejecutivo anunció que recurrirá al Consejo de Defensa del Estado (CDE), y además la creación de un Comité Nacional de Ausentismo. También se llevan a cabo sumarios administrativos en las reparticiones involucradas.

El escándalo, además, ya se encuentra en sede judicial. Esto, porque el Ministerio Público, dirigido por el fiscal nacional Ángel Valencia, decidió abrir de oficio una investigación penal para determinar la responsabilidad de estos funcionarios en delitos de fraude al fisco y, en el caso de los médicos, la eventual emisión de permisos médicos falsos.