Tal como ha sido los últimos días, producto de las lluvias que se registran en la región, el gobernador Claudio Orrego comenzó la jornada de este lunes desplegado. En horas de la mañana se trasladó hasta la comuna de Pudahuel, aunque rápidamente debió interrumpir esas labores.

A eso de las 7.30 horas le avisaron que efectivos del O.S.7 de Carabineros, por orden de la la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, lo requerían para que hiciera entrega de sus dispositivos electrónicos. Todo, en medio de la investigación que lidera la persecutora para esclarecer el presunto mal uso de gastos públicos por parte de otrora DC.

Y es que a raíz de un informe de Contraloría se detectó que, en 2024, el Gore Metropolitano habría contratado una asesoría sobre competencias directivas y liderazgo para altos cargos, pero que en realidad habría sido utilizada para abordar estrategias electorales y evaluaciones políticas de la campaña a la reelección del otrora DC.

De esta forma, mientras se encontraba en la zona poniente de la capital, el gobernador recibió el llamado de su abogado, José Pedro Silva, para que regresara a su domicilio, en Providencia, para hacer entrega de su celular y de su computador personal.

Si bien una vez que se abrió la nueva investigación penal que complica a Orrego desde su equipo han transmitido que colaborarán en lo que sea necesario, pues “no hay nada que esconder”, la fiscal Encina igualmente había requerido orden de entrada y registro al Séptimo Juzgado de Garantía para allanar tanto su domicilio como las oficinas de la gobernación.

Pese a ello, y dada la coordinación establecida entre Silva y el Ministerio Pública, esta no se hizo necesaria y los elementos fueron entregados voluntariamente por la autoridad.

Así, se le incautaron el celular que utiliza habitualmente y su computador, y también cinco directivos hicieron entrega de sus respectivos aparatos electrónicos.

En dependencias de la gobernación, además, los equipo del O.S.7 accedieron a los servidores de la repartición para extraer una serie de correos electrónicos vinculados con las pesquisas.

“También nos llevamos una serie de archivos y otros documentos que tienen relación justamente con la materia investigada, vinculada al informe de Contraloría que tiene relación con el coaching que se habría pagado por parte del Gobierno Regional”, explicó la persecutora.

De igual forma, Encina precisó que la autoridad regional mantiene la calidad de imputado en una indagatoria por un eventual delito de fraude al Fisco.

La “colaboración”

Producto de las diligencias, desde el Gobierno Metropolitano hicieron presente que “el gobernador Claudio Orrego, a través de sus abogados, ofreció voluntariamente declarar y poner a disposición de la Fiscalía su celular y sus dispositivos electrónicos, para colaborar en todo el proceso de la investigación".

“Hoy se hizo entrega de tales dispositivos. De la misma forma, su equipo accedió a entregarlos de forma voluntaria, como le fuera expresado la semana pasada a la Fiscalía, por los abogados del gobernador. Aclaramos que la diligencia no se trató de un allanamiento, dado que no hay una orden judicial, sino de una entrega voluntaria, coordinada con la Fiscalía. El gobernador y su equipo seguirán colaborando activamente con las instituciones correspondientes para esclarecer los hechos en el más breve plazo”, agregaron.

Al mismo tiempo, el propio Orrego complementó: “Esto lo hemos hecho de manera voluntaria, porque queremos que esto se esclarezca a la brevedad y porque tenemos la certeza de que esta investigación va a comprobar que hemos actuado siempre correctamente y conforme a derecho”.

Por su parte, consultado sobre el caso, el abogado Silva manifestó que toda la colaboración que se está prestando busca “que la fiscal pueda corroborar, el día jueves cuando declaremos, la absoluta inocencia del gobernador y que aquí no se utilizó ningún fondo público para la campaña”.

¿Y las solicitudes de destitución?

En paralelo a las diligencias investigativas, en el Consejo Metropolitano continúan los análisis referentes a las dos anunciadas solicitudes de destitución que prometieron desde republicanos y Chile Vamos.

La mañana de este lunes, en la comisión de coordinación que integran los jefes de las distintas bancadas se aprobó la creación de la comisión fiscalizadora que analizará la situación. Así, durante la jornada de este miércoles el consejo en pleno deberá dirimir.

En caso de que se apruebe, se deberá sortear a los cinco integrantes que la integrarán, tenido 15 días hábiles para constituirse. Podrá sesionar, además, por un total de 45 días.

Adicionalmente, en distintas bancadas también se esta analizando la posibilidad de interponer querellas contra el gobernador.