Tal como ha sido en los últimos días, producto de las lluvias que se registran en la región, el gobernador Claudio Orrego comenzó la jornada de este lunes en terreno. Incluso antes que amaneciera en la capital se trasladó hasta la comuna de Pudahuel, aunque rápidamente debió interrumpir esas labores.

A eso de las 7.30 horas recibió un llamado en que le alertaron que efectivos del OS-7 de Carabineros, por orden de la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, estaban en su casa y en la gobernación requiriendo la entrega de sus dispositivos electrónicos. Todo esto, en medio de la investigación penal que dirige la persecutora para esclarecer el presunto mal uso de gastos públicos por parte del otrora DC.

Y es que a raíz de un informe de Contraloría se detectó que, en 2024, el Gore Metropolitano habría contratado una asesoría sobre competencias directivas y liderazgo para altos cargos, pero que en realidad habría sido utilizada para abordar estrategias electorales y evaluaciones políticas de la campaña a la reelección del otrora DC.

A esa hora ya había dos caminos. La fiscal había ingresado un escrito pidiendo autorización para allanar. Sin embargo, como la propia autoridad, y su abogado José Pedro Silva, habían reiterado su interés por colaborar, no fue necesario esperar la decisión del tribunal. Una vez contactado, Orrego se devolvió a su su domicilio, en Providencia, para hacer entrega voluntaria de su celular y de su computador personal.

Lo propio se hizo en dependencias de la Gobernación de la RM, ubicada a un costado de La Moneda. Ahí las mismas diligencias se cursaron con cinco directivos, quienes hicieron entrega de sus respectivos aparatos electrónicos sin que mediera una orden de un juzgado.

“El que nada hace, nada teme”, ha reiterado en más de una oportunidad Orrego en los últimos días, quien ha sido especialmente activo en ponerse a disposición de la indagatoria.

En dependencias de la Gobernación, además, los equipo del OS-7 accedieron a los servidores de la repartición para extraer una serie de correos electrónicos vinculados con las pesquisas.

“También nos llevamos una serie de archivos y otros documentos que tienen relación justamente con la materia investigada, vinculada al informe de Contraloría que tiene relación con el coaching que se habría pagado por parte del Gobierno Regional”, explicó la persecutora.

De igual forma, Encina precisó que la autoridad regional mantiene la calidad de imputado en una indagatoria por un eventual delito de fraude al Fisco.

La “colaboración”

Producto de las diligencias, desde el Gobierno Metropolitano hicieron presente que “el gobernador Claudio Orrego, a través de sus abogados, ofreció voluntariamente declarar y poner a disposición de la Fiscalía su celular y sus dispositivos electrónicos, para colaborar en todo el proceso de la investigación".

“Hoy se hizo entrega de tales dispositivos. De la misma forma, su equipo accedió a entregarlos de forma voluntaria, como le fuera expresado la semana pasada a la Fiscalía, por los abogados del gobernador. Aclaramos que la diligencia no se trató de un allanamiento, dado que no hay una orden judicial, sino de una entrega voluntaria, coordinada con la Fiscalía. El gobernador y su equipo seguirán colaborando activamente con las instituciones correspondientes para esclarecer los hechos en el más breve plazo”, agregaron.

Al mismo tiempo, el propio Orrego complementó: “Esto lo hemos hecho de manera voluntaria, porque queremos que esto se esclarezca a la brevedad y porque tenemos la certeza de que esta investigación va a comprobar que hemos actuado siempre correctamente y conforme a derecho”.

Por su parte, consultado sobre el caso, el abogado Silva manifestó que toda la colaboración que se está prestando busca “que la fiscal pueda corroborar, el día jueves cuando declaremos, la absoluta inocencia del gobernador y que aquí no se utilizó ningún fondo público para la campaña”.

Así, simultáneamente, los diferentes actores recalcaron que se trataba de una entrega totalmente voluntaria.

¿Y las solicitudes de destitución?

En paralelo a las diligencias investigativas, en el Consejo Metropolitano continúan los análisis referentes a las dos anunciadas solicitudes de destitución que prometieron desde republicanos y Chile Vamos.

La mañana de este lunes, en la comisión de coordinación que integran los jefes de las distintas bancadas, se aprobó la creación de la comisión fiscalizadora, cuyo objetivo será analizar los detalles en torno al Informe de Contraloría 873.

En privado, consejeros de distintas bancadas indican que este proceso permitirá, entre otras cosas, una solicitud de información más ágil, dado que obliga al Ejecutivo a responder en plazos más acotados.

A su vez, el oficialismo, recalca que la revisión debe centrarse exclusivamente en los antecedentes contenidos en el informe de Contraloría, y no extenderse a otros casos como ProCultura u otros elementos promovidos por distintas bancadas para fundamentar la destitución de Orrego.

Así, durante la jornada de este miércoles el consejo en pleno deberá dirimir.

En caso de que se apruebe, se deberá sortear a los cinco integrantes que la integrarán, tenido 15 días hábiles para constituirse. Podrá sesionar, además, por un total de 45 días.

Adicionalmente, en distintas bancadas también se está analizando la posibilidad de interponer querellas contra el gobernador.

Renuncia mujer “clave”

En medio de la agitada jornada, además, durante la mañana el gobernador le solicitó la renuncia a la jefa de la División de Presupuesto e Inversión, Mayuri Reyes, luego de que se conociera su relación societaria con el representante de la consultora AJEM, empresa que obtuvo contratos por más de $ 109 millones y que también fue cuestionada por la Contraloría.

Así lo informó el secretario ejecutivo del Gore a través de un correo electrónico enviado a todos los consejeros regionales, y al que accedió La Tercera. En el mensaje se indica: “Por encargo del Administrador Regional, se solicitó la renuncia de la Jefa de Presupuesto e Inversión Regional".

Reyes es socia de José Solís Venegas, uno de los dueños de AJEM, firma contratada directamente por el Gore en dos ocasiones durante 2024 para asesorías en el cierre de proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). La primera solicitud de compra —por $ 44 millones— fue firmada por la propia Reyes en noviembre de 2023.