El 27 de noviembre el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), durante un concejo municipal, expuso uno de los mayores anuncios que ha tenido hasta ahora en materia de probidad durante su administración. Según reveló el frenteamplista, en el periodo de la exalcaldesa Carolina Leitao había dejado una herencia de $16.300 millones de déficit.

“Hemos recibido información de la administración anterior que nos indica que hay un problema de menores ingresos y un aumento de costos en los contratos de ciertos servicios”, dijo Concha luego de que el concejo aprobara los recursos necesarios para llevar a cabo una auditoría a las arcas municipales.

Junto con eso, la administración de Concha activó una arremetida judicial, para lo cual fichó al estudio BACS Abogados, para avanzar en una querella ante presuntos delitos, algo que concretaron a comienzos de marzo con la presentación de una acción judicial, declarada admisible en el 13^er Juzgado de Garantía de Santiago, por el millonario perjuicio financiero que dejó la también exsubsecretaria de Prevención del Delito.

Pero, en paralelo, el alcalde y su equipo igualmente emprendieron medidas administrativas, abriendo una investigación interna respecto a lo sucedido. En esa ocasión la indagatoria apuntó a la directora de Administración y Finanzas (DAF), Tamara Rubio, quien presuntamente tendría responsabilidad en lo ocurrido en el millonario déficit, lo que finalmente fue comprobado por el municipio tras un sumario abierto en diciembre de 2025, el que ordenó destituir a la funcionaria.

La remoción se da luego de que la fiscal del sumario, Catalina Bezzenberger, decidiera suspender a Rubio en diciembre del año pasado. Desde entonces y hasta su remoción, la directora de la DAF se encontraba alejada de sus funciones en el edificio de avenida Grecia 8735.

La remoción de Rubio

Este martes la Municipalidad de Peñalolén emitió un decreto alcaldicio en el que se concretó la remoción de Rubio. El escrito, firmado por Alonso Grau en su calidad de alcalde subrogante, concretó la desvinculación de la funcionaria que se desempeñó en la DAF durante la administración de Leitao.

Grau, quien subrogó a Concha luego de que la autoridad comunal se inhabilitara debido a que Rubio es una de las querellas en la acción penal que ingresó, determinó que la funcionaria de Finanzas habría incurrido en cinco faltas administrativas que concretaron su salida.

El primero de los hechos, según antecedentes recogidos por este medio, apuntarían a que Rubio tuvo responsabilidad en las falencias económicas. En específico, la funcionaria no habría concretado jerarquía, lo que llevó a que su repartición no supervisara el déficit municipal, lo que solo en esos años habría generado un perjuicio fiscal de $2.500 millones.

Un segundo caso por el que se destituyó a Rubio fue porque la directora de la DAF habría omitido la información que daba cuenta del déficit, una de las principales falencias detectadas por la auditoría al municipio.

Junto con eso también se le acusó administrativamente por no manejar como corresponde los recursos públicos, así como también por haber sobreestimado los ingresos municipales, lo que a su vez habría derivado en incongruencias presupuestarias.

Por último, según conocedores del proceso, también se le habría responsabilizado por no colaborar con la investigación que estaba llevando adelante el municipio, lo que habría generado retrasos en la indagatoria interna.

Lo anterior, a juicio de Grau, implicó una grave falta a la probidad administrativa que ameritaba su destitución. Incluso quienes conocen del proceso de destitución agregan que el decreto alcaldicio además determinó que la Dirección Jurídica enviara los antecedentes del sumario al Ministerio Público. La Fiscalía Oriente es la que indaga presuntos delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

Todo indica que Rubio recurrirá en contra de la decisión. Para eso la normativa contempla que pueda presentar un recurso de reposición y en última instancia recurrir de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Ahí podrá exponer lo que, acusa, han sido falencias en el debido proceso, sobre todo por la rapidez del sumario. El viernes de la semana pasada fue el término probatorio, el lunes se le rechazó una prueba presentada y en menos de 24 horas ocurrió la vista fiscal de un sumario de 700 fojas, para que el martes se procediera a la destitución.