Las últimas semanas la Fiscalía Regional de Antofagasta ha estado enfocada en trazar la trayectoria de los fondos públicos que llegan a la fundación ProCultura vía convenios con distintos organismos. Y si bien han recibido una serie de negativas de parte de tribunales, que han advertido falencias en las solicitudes de alzamiento de secretos bancarios, los persecutores que encabezan las pesquisas -fiscal regional Juan Castro Bekios y fiscal Eduardo Ríos- han insistido en acceder a la información bancaria.

De hecho, a pesar de que se les negó la ampliación del alzamiento respecto de las cuentas de la fundación comandada por Alberto Larraín, y de particulares ligados a la cúpula de la organización, los últimos días volvieron a la carga y requirieron autorización para revisar los productos de otros sujetos y empresas subcontratadas por la entidad.

Se trata de la Fundación Círculo Polar, una de las ejecutoras del programa Quédate, de la Gobernación Metropolitana; de Opalvaris, de Sonido e Iluminación Paradise, de Innova Global y de los productos bancarios de Mauricio Mellado.

El objetivo de los investigadores es determinar con detalle dónde fue a parar cada uno de los pesos transferidos a la fundación de Larraín, por lo que se pidió detalle de cada una de las cuentas de los mencionados sujetos.

El pasado lunes 20 de octubre el Juzgado de Garantía de Antofagasta les dio visto bueno. Esto, considerando la serie de informes expuestos y, además, que se evidenció “un patrón de comportamiento contable, emisión de documentos y operaciones de reverso en los periodos que indica”.

Por ello, el juez Juan Pablo Torres concluyó que “aparece pertinente la diligencia solicitada de alzar el secreto bancario”.

“Tratándose de una investigación de este tipo, por eventuales delitos que afectan el patrimonio fiscal, resulta indispensable acceder a dichas medidas para recabar elementos que confirmen o descarten las operaciones comerciales y/o financieras que por naturaleza empecen a dichos prestadores de servicios, cuestión que impone, además de los parámetros de pertinencia y necesidad, entender que no existen otros medios idóneos o alternativos para acceder a la trazabilidad de recursos financieros dubitados, descartando en esta parte una afectación de garantías sustancial de los requeridos que obsten a su procedencia", se lee en la misma resolución.

El “no” sobre Esquerré

Como ha quedado en evidencia durante esta indagación, ProCultura subcontrataba prestadoras de servicios que ejecutaban convenios que se adjudicaban. Y una de ellas era Esquerré, por lo que también los persecutores han puesto la lupa sobre esa sociedad.

Según han podido constatar los investigadores, entre la fundación y la citada consultora existía una relación comercial de proveedor/cliente, “caracterizada por un flujo de transacciones significativo y sostenido que, en total consolidado, asciende a $174.155.427 entre septiembre de 2022 y octubre de 2023″.

Por lo mismo, hace algunos días requirieron el alzamiento del secreto bancario de sus cuentas. “La magnitud y la frecuencia de las operaciones registradas a nombre de Esquerré, y la superposición de los periodos de facturación, constituyen un indicio que exige corroborar la correspondencia entre los fondos desembolsados por ProCultura y los movimientos bancarios reales de la consultora”, detallaron en el requerimiento.

Y agregaron: “En este punto de la investigación el levantamiento del secreto bancario es una diligencia crucial para obtener la trazabilidad completa del dinero, validar la efectiva prestación de los servicios facturados y establecer la concurrencia de eventuales ilícitos, permitiendo a esta Fiscalía acceder al flujo real de los capitales para su contraste con las obligaciones y servicios declarados por la empresa”.

Lo que los fiscales requerían despejar era la existencia de “desvío o egreso injustificado de dinero público”, aunque la solicitud fue rechazada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Lo anterior, como se desprende de la resolución de la jueza Marisol Melgarejo, porque no se justificó correctamente. Según expuso la magistrada, se expusieron informes y declaraciones sin conclusiones claras respecto de los hechos investigados y, por otro lado, no se sumaron todos los documentos que la misma solicitud citaba.

Y si bien hubo reposiciones de parte del Ministerio Público, el tribunal mantuvo su postura, al igual que frente a los requerimientos sobre las cuentas de ProCultura y de personas ligadas a la cúpula, lo que incluso fue revisado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta vía recurso de hecho.