En octubre de 2024, a más de un año de que estallara la primera causa del denominado caso Convenios, la minera anglosudafricana, Anglo American, presentó una querella por estafa contra la Fundación ProCultura.

De acuerdo con antecedentes que difundió en ese momento la multinacional, la acción apuntaba contra del fundador de la ONG, el psiquiatra Alberto Larraín. Esto, luego de que la entidad no rindiera fondos que la firma había entregado, por concepto de donaciones, por más de $ 290 millones.

Llevaba años trabajando en conjunto. De hecho, contaban con convenios suscritos desde 2017, pero la acción penal apuntaba específicamente a donaciones acordadas entre 2021 y 2023, para la ejecución de proyectos específicos.

Como publicó este medio en esa época, Anglo American emitió un comunicado: “La empresa posee estrictos protocolos de cumplimiento y, ante la evidencia recopilada en nuestro proceso de investigación interna, se estableció que existían irregularidades en la rendición de cuentas y trazabilidad en los últimos proyectos entregados a la Fundación ProCultura, las que correspondan sean investigadas por el Ministerio Público”.

Tras múltiples diligencias, la Fiscalía reunió una serie de antecedentes en base a los que concluyeron que había elementos suficientes para formalizar tanto a Larraín como a María Constanza Gómez, representante de la ONG.

Así, hace algunos días el fiscal Cristián Aguilar, quien integra el equipo que dirige el fiscal regional Juan Castro Bekios, requirió audiencia ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago para concretar la comunicación de cargos en contra de los dos imputados como autores del delito de apropiación indebida.

Ante dicha presentación, la jueza Paulina Moya fijó audiencia para el próximo 19 de octubre, a partir de las 10.00 horas.

“Los imputados deberán presentarse en el tribunal 15 minutos antes de la hora de la audiencia para su identificación (...) En el acto de la notificación, apercíbasele que en el evento que no compareciere injustificadamente, será conducido por medio de la fuerza pública a la presencia judicial, y quedará obligado al pago de las costas que causare, sin perjuicio de las sanciones que además puedan imponérsele, conforme con lo previsto en el artículo 33 del Código Procesal Penal”, agregó la magistrada en su resolución.

De acuerdo con lo que había expresado Anglo American, las donaciones que habían hecho a ProCultura tenían por objeto “beneficiar a las comunidades en las zonas donde la compañía tiene operaciones, con foco en las áreas de medios de vida (turismo y patrimonio), plan de montaña, salud y bienestar”.

Cuando presentaron la acción penal, adicionalmente, la empresa recalcó: “Todas las donaciones fueron destinadas a proyectos específicos que la donataria debía ejecutar. Anglo American nunca entregó libertad a la Fundación para el destino de los fondos donados”.

Arista Biobío

La arista por convenios entre ProCultura y el Gobierno Regional del Biobío también ha tenido avances. Como publicó este medio, la jornada de este miércoles 5 de agosto se concretó la formalización de Larraín y Gómez en dicha hebra, por el delito de apropiación indebida.

Lo anterior, como se detalló en la audiencia por parte del fiscal Aguilar, porque en 2022 la entidad se adjudicó un convenio mediante el cual se le alcanzaron a transferir más de $ 1.500 millones, aunque $ 600 de ellos no fueron rendidos y desaparecieron de las cuentas.

Posterior a la lectura de los cargos, ambos imputados quedaron con arraigo nacional, misma medida que ya se les había aplicado tras las formalizaciones de las aristas del caso vinculadas a transferencias desde el GORE de la RM, el GORE de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la misma región.

Tal como actuaron las defensas en las formalizaciones anteriores, se requirió con éxito la incompetencia del tribunal, para que la causa siga su tramitación bajo la jurisdicción del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, instancia que ahora deberá emitir su pronunciamiento.

Tras la audiencia, el abogado de Larraín, Cristián Arias, indicó a este medio: “El tribunal rechazó todo lo solicitado por la Fiscalía y por el CDE, señaló que era bien discutible la imputación que se hace a Alberto Larraín, y una vez más quedó claro que nadie de ProCultura lucró ni favoreció el enriquecimiento ilícito de ninguna persona. Eso explica, en parte, que la Fiscalía nuevamente no logre una medida intensiva para este mismo caso”.