Junto a la reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE), la del freno al proceso de traspaso de colegios desde las municipalidades hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) son las dos grandes batallas educativas que está dispuesto a dar el gobierno de José Antonio Kast.

Con esa premisa y después de primero haber abordado los cambios al SAE, el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley que además de postergar hasta 2040 la total implementación de la reforma, flexibiliza los requisitos para que los municipios puedan quedarse con sus establecimientos. Eso incluye a las 55 comunas que tienen programado traspasar sus colegios el 1 de enero de 2027, del total de 177 que quedan por hacerlo en el país. Otras 53 lo tienen programado para 2028 y las restantes 67 en 2029. Hay, además, otras dos que ya aplazaron y deben entregar tras esa postergación: Zapallar y El Carmen.

Ese es el calendario que quiere ser modificado por el gobierno a través de un proyecto que este lunes retomó su discusión en la Comisión de Educación del Senado.

En enero, cuando preparaba su aterrizaje en La Moneda, Kast justificaba la necesidad de una iniciativa de ley tras una reunión con las asociaciones de municipalidades: esa vez dijo que los alcaldes le pidieron que se hiciera el análisis sobre “si se avanza de acuerdo a lo que dice la ley o si se puede retrasar”, instalando la idea de que el pedido de pausa era algo más o menos transversal.

Sin embargo, La Tercera hizo el ejercicio de contactar a los 55 municipios que tienen calendarizado originalmente para el próximo 1 de enero de 2027 el traspaso de sus colegios. De sus respuestas se desprende que apenas un puñado -20%- verbaliza estar dispuesto a frenar el proceso en caso de prosperar la iniciativa del Ejecutivo.

A pesar de que tendrían condiciones incluso más flexibles para pedir mantenerlos, sólo 11 de las 55 comunas optarían por esta alternativa si es que se transforma en ley. Ellas son Mejillones, Sierra Gorda, Ñuñoa, Curicó, Sagrada Familia, Requínoa, Colina, Lampa, Algarrobo, El Tabo y Santo Domingo. Esto solo implica su intención, sin considerar que algunas podrían ni siquiera cumplir los nuevos requisitos para retener los colegios.

De las 55 comunas, otras cuatro decidieron no participar de esta consulta (Chaitén, Talagante, El Monte e Isla de Pascua), dos no contestaron (Romeral y Teno), dos dijeron que acatarán lo que se defina a nivel central (Curepto y Los Ángeles), y tres señalaron estar meditando qué hacer: Licantén, Yumbel y Cartagena. Otras 33 (60%) aseguraron que su intención es mantener el calendario tal cual está establecido y traspasar. Incluso desde sectores oficialistas.

Una de ellas es Coltauco. Su alcalde, Félix Sánchez (RN), dice a este diario que si bien hace un tiempo querían quedarse con los recintos, esa idea mutó. “Entregamos un buen servicio educativo, pero que se esté cambiando año a año si pasamos o no es complejo no solo para el municipio, sino para todos”, señala. Y justifica: “Por un lado, poner plata nos está perjudicando a todos, por otro, el estrés al Departamento de Educación ni te lo explico y para las familias es lo mismo. Y lo tercero es que el SLEP ya está armado, hay muchos funcionarios trabajando, no creo que se justifique que como Estado estemos pagando para que no hagan la pega por la que fueron creados”.

Desde Antofagasta el alcalde Sacha Razmilic (Evópoli) asevera que han sostenido conversaciones con el Mineduc para realizar la transición: “Así como el 2025, ahora tenemos preparado el protocolo para un traspaso como corresponde, porque acá es fundamental dar certezas a la comunidad escolar y docente”.

En Puerto Montt, la comuna con más establecimientos educacionales públicos a cargo en Chile con 106 colegios, el alcalde Rodrigo Wainraight (RN) asevera que si este proceso se posterga el impacto financiero aumentará considerablemente. “Para 2027 necesitaríamos disponer de aproximadamente $ 6.200 millones, recursos que hoy la municipalidad no tiene contemplados en su presupuesto. Si el proceso de traspaso se posterga debe existir un financiamiento adicional”, señala.

Puerto Montt va al SLEP Del Reloncaví, donde al menos seis de los otros siete municipios que lo componen quieren ser traspasados al servicio. Uno de ellos es Hualaihué y su alcaldesa Cristina Espinoza (IND) es tajante: “Venimos trabajando hace rato para el traspaso y ha sido un gasto enorme, hemos dejado de hacer muchas cosas en la comuna. Ya basta, que se hagan cargo realmente las autoridades, han pasado por alto todas las necesidades de la educación”.

Su par de Cochamó -va al mismo SLEP-, Francisco Donoso (IND), dice en tanto que “no nos gustaría que este proceso siga siendo postergado porque la educación pública de nuestra comuna necesita certezas y una institucionalidad que permita fortalecerla”.

Una mirada similar tiene Felipe Muñoz (PS), alcalde de Padre Hurtado: “Cualquier modificación al cronograma debiera considerar también el impacto que genera en las comunidades educativas. Alterar procesos que ya presentan un importante nivel de avance podría generar incertidumbre en directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y familias”.

Pero a pesar de estas opiniones y que pocas comunas que deben ser traspasadas en 2027 optarían por quedarse con sus colegios, en el Mineduc aclaran que no buscan “acomodar el criterio para quienes simplemente no quieren traspasar”.

“Permitir que postergue el traspaso incluso una sola comuna comprometida con los aprendizajes de sus estudiantes ya representa un avance respecto de la situación actual”, señalan en la cartera, donde añaden que el foco es que los estudiantes estén en el establecimiento que pueda ofrecerles el servicio educativo de mayor calidad posible.

Según análisis del propio Mineduc, de las 177 comunas que aún deben traspasar, hoy solo 28 cumplen los requisitos para postergar. Con la reforma esa cifra subiría a 85. Y de los que traspasa a inicios de 2027, hoy solo seis comunas podrían postergar. Con la ley serían 27. En el Mineduc no contestaron a la pregunta de La Tercera sobre si habían tanteado en todos los municipios involucrados su postura antes de ingresar el proyecto.

Como sea, el factor económico parece ser una variable relevante para algunos municipios que sí quieren entregar sus colegios. Por ejemplo, otro alcalde como Boris Acuña (Doñihue, PPD), dice que “bajo las condiciones actuales de financiamiento de la educación prácticamente los siete municipios del SLEP Valle Cachapoal estamos de acuerdo en entregar la educación. Es imposible que nos planteemos seguir administrando la educación como sostenedores”.

Una idea similar plantea Rodrigo Cornejo (UDI), alcalde de Peñaflor: “En las condiciones actuales es imposible pensar en quedarnos con la educación”, asevera, sólo abriendo la puerta a no traspasar si es que el gobierno les da alguna salida alternativa al déficit financiero.

Los factores administrativos y legales también pesan. Así lo deja ver Claudia Medina (DC), alcaldesa de Rauco: “La ley es muy clara y tenemos el deber de acogernos a ese mandato. Rauco necesita pasar al SLEP Los Cerezos porque la educación no puede quedar en una incertidumbre administrativa”. Esa mirada es compartida desde la Municipalidad de Coinco, donde exponen que “el traspaso al SLEP Valle Cachapoal ya es una realidad para 2027″, y que por ello están concentrados en realizar ese proceso de la mejor manera posible.

Sebastián Rodríguez (IND), alcalde de Quinta de Tilcoco (SLEP Valle Cachapoal), es claro: “No queremos retrasar un proceso que consideramos clave para dar mayor sostenibilidad a nuestra educación pública (...) y que los recursos del municipio puedan destinarse también a otras áreas fundamentales para el desarrollo de la comuna”.

Mientras, en Pirque, que quiere traspasar al SLEP Los Viñedos al igual que Puente Alto y San José de Maipo, exponen que “la ley debe cumplirse y los calendarios establecidos deben respetarse. La postergación de este proceso desconoce el trabajo realizado y, finalmente, genera incertidumbre”.

Los que no quieren pasar

El problema que algunos actores vislumbran es que, de aprobarse el proyecto y con municipios reteniendo colegios, algunos SLEP, al no hacerse cargo inmediatamente de las comunas que les corresponde, estarán funcionando con una realidad que no es la definitiva y por un tiempo indefinido. Y que eso hará, indefectiblemente, que al momento de su ingreso se corran riesgos de desfases educativos y administrativos, y un mayor gasto para el Estado al tener funciones dobles.

Y es que de los 11 SLEP que tienen calendarizado recibir colegios el 1 de enero no hay ninguno donde todos los municipios que lo componen quieran quedarse con los colegios. Por ejemplo, al SLEP Antofagasta deben llegar los establecimientos de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Sierra Gorda, y sólo las dos últimas quieren mantener la educación municipal.

Marcelino Carvajal (PPD), alcalde de Mejillones, asegura que no están “disponibles para entregar los colegios de buenas a primeras, pero si así se requiere, estamos preparados. Creemos que la respuesta del SLEP no es la misma que podemos dar nosotros. De avanzar el proyecto lo ideal sería poder quedarse con los colegios, pero hay que darle una vuelta grande”. Mientras, Adriana Rivera (IND), jefa comunal de Sierra Gorda expone que mientras no tengan la certeza de que el SLEP significará una mejora real “nuestra posición es mantener la administración municipal”.

Un caso similar de miradas divididas se da en el SLEP Del Litoral, donde San Antonio, El Quisco y Casablanca están por entregar los recintos, pero Algarrobo, El Tabo y Santo Domingo los quieren mantener. Cartagena, en tanto, aún lo medita.

Lidia Silva (IND), alcaldesa de esta última, justifica su indecisión exponiendo que hoy enfrentan una situación financiera compleja. “Estamos trabajando para regularizar y tomar una decisión responsable que resguarde el patrimonio municipal y, sobre todo, garantice la continuidad y calidad de la educación”, explica.

En la RM, el SLEP Chacabuco debiera recibir los colegios de Tiltil, Colina y Lampa y estas últimas dos quieren mantenerlos. Isabel Valenzuela (UDI), alcaldesa de Colina, señala que no lo plantea como una defensa de una estructura administrativa, sino porque “durante años hemos construido una forma de hacer educación que está muy vinculada a nuestra realidad, a nuestro territorio y a las necesidades de nuestros estudiantes”.

Desde Lampa, en tanto, el jefe comunal Jonathan Opazo (IND) asegura que no van a traspasar “porque no se nos ha entregado ninguna garantía respecto del funcionamiento y operación del SLEP”, y además porque considera que no hay otro actor tan relevante en una comuna como un municipio.

Los que meditan

Dentro de las municipalidades que aún no toman una postura respecto de las posibilidades que abre el proyecto está Curepto. Ahí, el alcalde Fernando Alcántara (IND) dice que actualmente hay “bastante incertidumbre”, mostrando sus dos caras: “Si bien (el traspaso) es beneficioso desde lo financiero, por otro lado tenemos en duda lo que pueda entregar el SLEP”.

Una mirada similar entregan en la Municipalidad de Licantén, donde si bien aclaran que la intención inicial ha sido avanzar hacia el traspaso, también exponen que considerando los eventuales cambios “es necesario evaluar nuevamente el escenario antes de adoptar una definición”. Algo parecido reseñan en Yumbel: “No contamos con mayores antecedentes oficiales que permitan adoptar una posición definitiva”.