Internamente, en el Ministerio de Educación liderado por María Paz Arzola no tienen muy claro por qué fijaron 2040 en el proyecto de ley que busca ajustar el proceso de desmunicipalización escolar como año perentorio para que todos los colegios municipales hayan sido traspasados a sus respectivos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Las explicaciones dependen de quién las esgrima y, hasta aquí, en lo formal se ha dicho que esto tiene que ver con que el proyecto establece que de los 12 SLEP que restan por crear (hay otros 22 creados esperando el traspaso de recintos) se debe constituir, al menos, uno cada año. Así, considerando que de aquí a 2040 restan 14 años, se daría espacio para crear esa docena de servicios y dejar algo de margen.

Sin embargo, quienes estuvieron encima de la redacción de la iniciativa de ley entregan -en privado- otras explicaciones, algunas sin demasiado sustento técnico.

“Se zanjó así porque 2040 sonaba bien como una cifra cerrada”, dice una alta fuente del ministerio que estuvo ligada a la concreción de la propuesta.

Otra persona, de hecho, refuerza que en algún punto de la discusión del proyecto se pusieron sobre la mesa otros años que el escrito fijase como plazo, pero ninguno terminó de convencer.

Incluso, en las entrañas de la cartera educativa hay quienes se aventuran con que era para “sacarse un problema de encima” por un buen tiempo, haciendo referencia a que desde el propio oficialismo hay alcaldes que pujan constantemente por una contrarreforma a la desmunicipalización. Y esto silenciaría, al menos por lo que dure este gobierno, la discusión.

Esto cobra relevancia considerando que ya hubo voces de alcaldes del sector que instalaron la idea de que el gobierno había desistido de dar la pelea de la pausa a los SLEP. “No sé si es porque no se atreven a manifestar sus intenciones de modificaciones administrativas o legales por si no llegasen a funcionar, o simplemente ya no quieren enfrascarse en la problemática de la discusión de los SLEP”, dijo en junio José Manuel Palacios (UDI), alcalde de La Reina.

Hasta aquí, desde implementada la ley se han instalado en promedio poco más de cuatro SLEP por año y ahora, con más experiencia, los cuestionamientos apuntan a que con el proyecto, cuando más, considerando que quedan 34 por implementar (12 por crear y 22 a la espera de recibir colegios), el promedio caería a dos por año.

Cabe recordar que la reforma comenzó a hacerse efectiva en 2018 y que primero se estableció 2025 como el año de tope para su total implementación. En el camino la ley sufrió modificaciones y actualmente está calendarizado que en 2029 se terminen de traspasar los colegios.

Hay, eso sí, una salvedad: en mayo se promulgó la ley que busca fortalecer y corregir la reforma, en la que se establece como plazo máximo 2035 para los traspasos, aunque, según lee en la norma, ese tope es para “todos aquellos municipios o corporaciones municipales que hubieren sido autorizados a la postergación establecida en el presente artículo”. En el fondo, 2035 no es el tope para traspasar colegios a SLEP recién creados, sino para que los municipios que pidan postergar traspasen definitivamente sus recintos. Dicho en otras palabras, actualmente está calendarizado que en 2029 sean traspasados los últimos colegios municipales, pero por ley el tope es hasta 2035 para los casos excepcionales.

Y ahora con su proyecto el gobierno abre la puerta para prolongar la creación de nuevos SLEP y, con ello, la total implementación hasta 2040.

Desde el Mineduc establecen que la propuesta de ampliar la fecha final de implementación “sólo 5 años”, tiene tres propósitos: “Primero, confirma un plazo máximo y horizonte final para completar la implementación del Sistema de Educación Pública.

Segundo, es una medida de responsabilidad que permite ampliar el marco temporal con el que contamos para graduar dicha implementación, que tiene enormes exigencias administrativas y económicas para el Fisco.

Tercero, le entrega más tiempo al sistema para procesar la reforma a la Educación Pública aprobada en el gobierno anterior, que recién se está iniciando. Contar con más tiempo facilita que cada traspaso se realice en las condiciones necesarias para garantizar un buen servicio educativo para las comunidades escolares. Para nosotros es más importante implementar bien, y que el sistema funcione bien desde el primer día, más que implementar rápido”.

A pesar de esas explicaciones, los reparos siguen siendo los mismos. “Es correcto que debemos ir gradualmente para lograr que la educación pública sea un referente para todo el sistema escolar. Pero eso implica que en promedio cinco nuevos SLEP se hagan cargo de los establecimientos escolares, la mitad de los últimos años. De 2027 a 2032 es un periodo razonable. Lo contrario solo pondrá en riesgo la sostenibilidad de la educación pública”, dice al respecto Juan Pablo Valenzuela, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la U. de Chile y quien ya fue a exponer frente a la Comisión de Educación del Senado sobre esta iniciativa.

Los cuestionamientos a la elección de la fecha se han dejado ver en diversas instancias desde que la discusión del proyecto comenzara a desarrollarse hace algunas semanas en la Comisión de Educación del Senado.

La académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la U.de Chile y miembro del Consejo de Evaluación de los SLEP, Teresa Flores, establece que “ampliar el horizonte a ese nivel ignora la urgencia de la necesidad de superar la crisis municipal en educación, así como la importancia de realizar mejoras y transformaciones en el sistema público en general, especialmente considerando que antes los plazos ya fueron revisados y se contaba con un tiempo mayor al original”. Asimismo, agrega que le parece más urgente discutir el sistema de financiamiento a la educación pública, ya que “el actual diseño es insuficiente para su fortalecimiento y para cumplir con lo que los niños merecen para su buena educación”.

Por otro lado, el investigador del CIAE, Xavier Vanni, quien también expuso del proyecto en el Congreso, señaló en Radio U. de Chile que “puede hacerse una recalendarización y eso es razonable, pero extender la implementación hasta el 2040 es completamente excesivo, genera una enorme incertidumbre y afecta a la reforma de manera muy significativa. Es bien incomprensible una extensión de esa magnitud”.

En una línea similar, Gonzalo Muñoz, académico UDP y todavía miembro del Consejo Evaluador de los SLEP, planteó en La Tercera apenas conocidos los detalles del proyecto que “reprogramar los traspasos parece una idea razonable. La propia historia de esta reforma muestra que hacerlo bien exige más tiempo del que se estimó en 2017 y una ley recién promulgada apunta precisamente en esa dirección. Sin embargo, 2040 es excesivo y genera una incertidumbre que afecta negativamente a la educación pública”.

Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020, señala que “el Ejecutivo argumenta que la Ley 21.819 recién se promulgó y que una vez operativa permitirá hacer mejores traspasos. Podemos entender la premisa, mas no la conclusión. Esa ley queda operativa para los traspasos de 2028. Si el problema es llegar con el nuevo marco funcionando, lo que se justificaría es postergar una cohorte, un año o a lo más dos. Entre eso y 2040 hay más de una década que el propio Mensaje no explica en ninguna parte”.