La peor crisis del Poder Judicial desde la dictadura -que explotó por el caso Hermosilla y lo que después se conoció como la trama bielorrusa- obligó al gobierno anterior a ingresar un proyecto de ley para hacer una importante modificación al gobierno judicial.

Dicha reforma retomaba un viejo anhelo -iniciado sin éxito en 1991 por el exministro de Justicia Francisco Cumplido- de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales.

Por eso cuando explotó la crisis que afectó a magistrados de las altas cortes del país, el exministro Luis Cordero y su sucesor el exministro Jaime Gajardo (PC) empujaron una reforma constitucional que implica un cambio radical en la judicatura, ya que modifica el gobierno judicial, saca a las cortes de la selección de las ternas para los nombramientos de los jueces y suprime la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema que data desde 1833.

Ese proyecto de ley, que avanzó como ningún otro ya que quedó en segundo trámite en el Senado, incluye la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales que se hará cargo de esa función, que en la actualidad está radicada principalmente en el Ejecutivo.

De hecho, el exministro Hernán Larraín (UDI), uno de los impulsores de sacar esta facultad del Ejecutivo, comentó que cuando él estuvo al mando de Justicia vio los efectos negativos de nombrar a miles de jueces. “Cuando fui ministro me tocó nombrar a más de cuatro mil jueces y llegué a la convicción que ese era el peor sistema posible”, dijo a este medio en 2023.

Sin embargo, el ministro de Justicia Fernando Rabat planea hacer un relevante giro en la tramitación de ese proyecto. Quienes han sabido de su trabajo legislativo comentan que tal como lo hizo con la reforma de Gendarmería, el abogado está liderando un trabajo prelegislativo para compartir con los senadores las modificaciones que pretende hacer.

Esto será relevante ya que el plazo para presentar las indicaciones cerró durante el gobierno pasado por lo que si Rabat quiere modificar el núcleo del proyecto, debe pedir a la sala un nuevo plazo para ingresar enmiendas por parte del gobierno.

Rabat está decidido a hacerlo porque no está de acuerdo con el corazón de esa reforma, es decir, el Consejo de Nombramientos Judiciales. Así lo dijo el ministro en entrevista con El Mercurio. “No proponemos un consejo porque según la experiencia comparada termina exponiendo una situación política que debemos evitar”, aseguró.

Quienes han sabido del análisis de Rabat comentan que no ve con buenos ojos que los consejos de la magistratura de otros países hayan terminado cooptados políticamente y, por lo tanto, quiere tomar resguardos para que “el remedio no sea peor que la enfermedad”.

En esa misma entrevista con El Mercurio, Rabat entregó pistas de hacia dónde está pensando las indicaciones que presentará el Ejecutivo en esta reforma constitucional. El titular de Justicia comentó que el objetivo es “incorporar un sistema que plantee aleatoriedad a la designación de los ministros de la Corte Suprema”.

Para eso, Rabat quiere plazos breves y acotados en la nominación que hace el Presidente cuando elige un nombre de la quina elaborada por la Suprema. Cuando ese nombre va al Senado, en ocasiones ocurre que la discusión se dilata durante meses, los senadores bloquean que avance y en todo ese tiempo van saliendo antecedentes que desacreditan o complican la carta del Ejecutivo.

Por eso Rabat pretende que al acotar los tiempos, si el Senado no ha votado el nombre, entonces vendrá el azar: “Si ello no ocurre en los plazos, que tendremos que conversar, el ministro de la Corte Suprema será elegido por un sorteo de la quina en que vaya”. Esta es la primera vez que el Ejecutivo se abre al sorteo. Previamente lo había propuesto el excandidato presidencial Johannes Kaiser (Libertario) y también algunos de los gremios judiciales.

“Acortando los plazos e incorporando la idea del sorteo vamos a tener un sistema de nombramientos más rápido y con mayor transparencia en la designación”, concluyó Rabat.