Tras escuchar a las partes en audiencia, este lunes, la Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió el desafuero del diputado Joaquín Lavín León por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

Esto, ante el recurso de la defensa del legislador contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago en favor de la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Por otro lado, en una decisión dividida, el máximo tribunal rechazó la petición de desafuero respecto a la querella por delitos tributarios que presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII), revocando de esa manera el fallo del tribunal de alzada capitalino en la parte que había acogido la petición respecto a ese ilícito en particular.

Tras la audiencia, el abogado de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, descartó que esta distinción que hizo el máximo tribunal debilite la causa en la que el municipio actúa como querellante.

“En ningún caso se debilita la causa. Aquí, desde un comienzo, nosotros imputamos los delitos de fraude al Fisco y de tráfico de influencias, que es por los que ha estado siendo investigado la mayor parte del tiempo el diputado Lavín. Y recibimos con gran satisfacción el hecho de que la Corte Suprema, de forma unánime, al igual como lo hizo la Corte de Apelaciones, considere que hay antecedentes vinculados con hechos ilícitos en que participó el diputado, aseguró.

Una opinión similar expresó el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.

“El cuarto delito tributario dice relación con la acción penal por parte del Servicio de Impuestos Internos. Es un delito de acción penal de instancia particular y que deberá el Servicio de Impuestos Internos analizar”, dijo.

“Estamos hablando de alta corrupción”

Campos destacó que la Suprema acogió el desafuero por “todos y cada uno de los delitos” por los cuales el Ministerio Público recurrió y eso les permitirá solicitar medidas cautelares personales en la formalización que preparan.

“Los hechos son de suma gravedad, estamos hablando de alta corrupción, estamos hablando de fraude al Fisco respecto de asignaciones parlamentarias por un monto superior a 104 millones de pesos. Hay falsificación de elementos de facturas las cuales fueron presentadas a cobro, ¿no?, al Congreso Nacional y fueron pagadas”, señaló.

Bonacic: “Hay mucho paño que cortar”

Por su parte, Cristóbal Bonacic, abogado defensor del diputado valoró que se desechara la solicitud vinculada a la querella del SII y lo calificó de “satisfactorio”.

“Se excluyó el delito tributario que fue una acción que presentó el Servicio de Impuestos Internos a último minuto, a juicio de esta defensa, por presión del Ministerio Público”, aseguró.

Bonacic advirtió que “hay mucho paño que cortar” y hay diligencias de investigación que tienen que realizarse.

“Si el Ministerio Público quiere formalizar, está en su legítimo derecho, esperamos que sea así, pero obviamente va a dar cuenta de una investigación desprolija, inacabada, donde existe una serie de diligencias de investigación que esta parte viene reclamando desde mayo del año pasado, que si se hubieran hecho oportunamente, este desafuero obviamente no hubiera tenido lugar”, sostuvo.