En el edificio Centenario de Carabineros se reunió el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, junto a la jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general Karina Soza, y el fiscal de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, para entregar un balance de los funerales de alto riesgo a dos meses de la puesta en marcha de la ley (28 de mayo).

Las autoridades informaron que en total se han activado 75 alertas por fallecimientos que podrían derivar en funerales de riesgo y de ellas, 25 han sido confirmadas. Es decir, uno de cada tres casos ha requerido la aplicación de medidas especiales de control y seguridad.

El delegado Durán explicó que “el sistema funciona sobre la base de que cuando una o más personas fallecen en circunstancias violentas o los antecedentes de la persona fallecida pudieran representar un factor de riesgo, entonces se emite de inmediato una alerta a la Delegación Presidencial”.

Además de la alerta, Carabineros emite un informe preliminar, información que es derivada a la Delegación Presidencial correspondiente. De esa forma, se determina si esa alerta se considerará o no para declarar al funeral de riesgo.

Durán precisó que en los 25 casos donde se han aplicado los protocolos que contempla la Ley, se ha “imposibilitado la realización de las afectaciones que normalmente se producían en estos velorios y funerales, tales como disparos injustificados, uso de fuegos artificiales, afectaciones a las comunidades aledañas, y por supuesto, graves afectaciones al resto de los actores que participan del sistema, incluidos los cementerios".

Desde Carabineros indicaron que de estos 25 funerales catalogados como de riesgo, el 96% estuvo asociado al uso de armas de fuego, mientras que solo uno involucró un arma blanca. Además, señalaron que todos los fallecidos tenían nacionalidad chilena y una edad promedio de 31 años.

Las autoridades destacaron que la aplicación de esta ley ha fortalecido significativamente la seguridad en los barrios, evitando balaceras, cierres de calles y alteraciones al orden público.

La general inspector, Karina Soza, subrayó que “la anticipación, coordinación y el trabajo conjunto han sido claves para neutralizar los riesgos que este tipo de funerales podría generar en la convivencia y tranquilidad de la comunidad”.