Bajo total reserva se realizó este miércoles la audiencia de formalización de seis detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), un exfuncionario de la misma institución y un civil, a quienes la Fiscalía Metropolitana Occidente imputó por los delitos de tráfico de drogas, malversación de caudales públicos, contrabando, falsificación de instrumentos público y asociación criminal.

La Fiscalía imputa a los funcionarios, pertenecientes a la Bicrim de Puente Alto, una serie de actos mediante los cuales los detectives utilizaban sus procedimientos para quedarse con material incautado, como cajetillas de cigarrillos, que luego, presuntamente, comercializaban.

Fue una investigación del Departamento V Asuntos Internos de la PDI la que develó indicios de irregularidades cometidos por los detectives, identificados como Cristóbal Machuca, Sebastián Illanes, Jaime Urrutia, Catalina Cáceres, Diego Muñoz, Shiara Hernández y Felipe Burgos. La PDI señaló que se abrió un sumario contra los imputados, “quienes fueron suspendidos inmediatamente de sus funciones y además, en tramitación, su desvinculación de la institución”.

Por su lado, el Servicio Nacional de Aduanas presentó una querella por el delito de contrabando contra las ocho personas imputadas. Allí se detallan dos hechos, uno ocurrido en 2024 y otro en 2025, donde los detectives y el civil se habrían apoderado de manera fraudulenta de cientos de cajetillas de cigarros. Conocedores de la causa afirman que esta es solo una parte del caso, que involucra una serie de hechos, algunos de ellos que serían incluso de mayor gravedad.

La querella

El primer hecho que se lee en la querella ocurrió el 19 de noviembre de 2024. Ese día, a eso de las 7.00, la subcomisaria Cáceres, la subinspectora Hernández y el inspector Machuca realizaron labores de vigilancia en Bajos de Mena, en Puente Alto.

Allí divisaron a un sujeto bajar de una camioneta sin patente y entregar una bolsa en una calle, para luego retirarse rápidamente. Los policías siguieron el vehículo, llegando hasta Quilicura. Al efectuar un control encontraron 4.900 cajetillas marca Eight y 4.800 cajetillas marca Gift.

La mercancía fue avaluada con un valor aduanero de $1.926.758. En la bodega fue detenido un sujeto de nombre Miguel Urichi Choque, quien mantenía otras 20 mil cajetillas de cigarrillos. En una segunda bodega se encontraron otras 7.500 cajetillas, de marcas como Carnival, Time, Bill y Pine.

El segundo hecho ocurrió el 12 de febrero de 2025, cerca de las 14.50. Ese día funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto realizaron diligencias investigativas, ahora en la plaza de esa comuna. Nuevamente allí lo que buscaban era dar con bodegas de cigarrillos ilegales. Fue así como llegaron hasta una bodega en Pudahuel donde nuevamente estaba Urichi.

En el operativo de este año, dice la querella, los funcionarios declararon 431 cajetillas, pero las que habrían encontrado fueron 1.300. Asimismo, el trabajo interno de la PDI que desbarató a la banda incluyó escuchas telefónicas de los detenidos por los funcionarios.

Según la investigación por los cigarros, la banda dedicada a esa comercialización es una mujer de nombre Matilde Choque. A ella se le incautaron las comunicaciones con Rosario Aparicio, detenida por los PDI suspendidos. En una conversación del 7 de mayo de este año dijeron: “Ellos son los mismos PDI en busca de dinero (…) quieren robarnos de nuevo”. A quienes aludían, dice el texto legal, era a Cristóbal Machuca, Sebastián Illanes, Catalina Cáceres, Diego Muñoz, Shiara Hernández y Felipe Burgos.

También en la querella se señala que los detectives continuaron yendo hacia las bodegas incautadas en tres días consecutivos de marzo, sin registrarse procedimientos autorizados, “lo que evidencia intervención posterior destinada al retiro u ocultamiento de la mercancía faltante”.

“A ello se sumaron ingresos extraordinarios al recinto, incluyendo el vehículo fiscal, coincidentes con la desaparición de las 869 cajas”, se agrega en la querella. Esas cajas tenían en su interior más de 400 mil cajetillas.

Por otro lado, en la querella se señala el rol del civil, Agustín Moreno. El análisis técnico permitió ubicar su dispositivo en los mismos sectores donde se desarrollaron dichas diligencias, “evidenciando su participación en labores de apoyo logístico, comunicaciones o coordinación con los funcionarios policiales imputados, reforzando la hipótesis de un actuar concertado”.

“La carga sustraída -869 cajas de cigarrillos, equivalentes a más de 434.500 cajetillas- constituye un perjuicio fiscal elevado y corresponde a mercancía de contrabando. Los hechos descritos configuran el delito previsto en el artículo 182 de la Ordenanza de Aduanas, sin perjuicio de las demás figuras penales concurrentes que determine el Ministerio Público”, se añade en la acción penal.

Todos los formalizados quedaron en prisión preventiva: los detectives fueron llevados a un cuartel policial y el civil quedó en el penal Santiago 1.

Respuesta de la PDI

El martes, cuando se conoció de la detención de los detectives, la PDI emitió un comunicado señalando que continuarán colaborando con la investigación: “Esto demuestra que los procesos de control e investigación son rigurosos y estrictos, sin importar a quienes estén dirigidos”.

“Como PDI somos enfáticos en señalar que cualquier conducta que transgreda la ética, valores y probidad funcionaria, no tiene cabida alguna y siempre se tomarán las más drásticas medidas respecto a quienes se aparten de la ley y la doctrina institucional”, agregaron.