A pesar de la resistencia de diversos actores, quienes han planteado que la entrada en vigencia de la Ley Uber fuera abordada “con tiempo” por el nuevo gobierno, la actual administración ha intentado por todos los medios acelerar la marcha para que entre en vigor antes del cambio de mando del 11 de marzo. "Como ministerio estamos trabajando para dejar la Ley EAT implementada", aseguraban desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) el 14 de enero a La Tercera, cinco días después de haber abierto una licitación clave para la operatividad de la ley.

Y ahora, a un mes del término del gobierno, el MTT encabezado por Juan Carlos Muñoz adjudicó la nueva licitación que permitiría poner en marcha la ley, el cuarto intento para consolidar la normativa. En este caso, el concurso era para desarrollar una plataforma de registro, un software que tarda seis meses en trabajarse, tiempo que tiene una serie de implicancias: por un lado complica a trabajadores y a las empresas de transportes, por otra parte dificulta que el actual ministerio logre implementar operativamente una ley que defendió con fuerza, lo que a su vez deriva en que la implementación pase a manos del futuro ministro Louis de Grange, públicamente crítico de la ley.

El MTT ha puesto énfasis en la ejecución de la también llamada Ley EAT, promulgada en el 2023, que requiere un proveedor para el desarrollo de la plataforma de registro, fundamental para toda la información exigida a las Empresas de Aplicación de Transporte (EAT). Sin él, la operatividad de la ley no es factible y, por ende, la entrada en vigor de la ley es una quimera, toda vez que la norma obliga a las empresas a inscribirse en ella para operar legalmente.

De los tres llamados a licitación anteriores hubo dos declaradas desiertas (una recibió una única oferta), y otra que finalmente se adjudicó la empresa Concordia, cuyo contrato terminó anticipadamente en octubre por incumplimientos de exigencias técnicas.

En esta línea, la cartera liderada por Muñoz abrió el 9 de enero el cuarto llamado a licitación, el que cerró en menos de un mes el pasado 6 de febrero, con apenas una semana y cuatro días como tiempo de revisión de los postulantes, siendo que las reglas del concurso consideraban 12 semanas para ello, hasta abril. La adjudicación quedó en manos de la empresa de Consultoría y Desarrollo de Software Arkhotech SPA. La comisión evaluadora situó el monto total en 13.839,6 UF.

De acuerdo a las bases de licitación, el proveedor tiene seis meses -agosto- para desarrollar una plataforma que recibirá toda la información exigida a las empresas sobre conductores, vehículos y usuarios. “Esos seis meses no consideran un periodo de pruebas piloto ni de coordinación con las EAT, las cuales también deberán, por cierto, realizar desarrollos internos para adaptar la información a la plataforma de gobierno, asegurando la privacidad de los datos y cumpliendo con los requisitos particulares para Chile”, dicen desde AlianzaIn, el gremio de aplicaciones.

“El ministerio está en conocimiento de este desafío, por lo que nos sorprende la urgencia por adjudicar un nuevo contrato de esta extensión de tiempo, por $550 millones de pesos y que estará bajo la supervisión de la administración entrante, con la consiguiente revisión y reestructuración de quienes lleven adelante el proyecto en el MTT a partir de marzo”, agregan.

El tema es que en el gremio de aplicaciones, derechamente, hay desconfianza con las actuales autoridades: temen que el gobierno publique la ley en el Diario Oficial antes del 11 de marzo y que acelere la dictación del reglamento. “Más preocupante es que el ministro de Transportes continúe afirmando su intención de publicar en el Diario Oficial la Ley EAT antes del término del gobierno. Esta publicación, según lo estipula la misma ley, hará que todo lo que establece entre en vigencia 30 días después. De esta forma, si fuera publicada hoy, el mismo 11 de marzo el nuevo gobierno tendría que contar con la plataforma tecnológica implementada para registrar a los conductores. Ante la imposibilidad de terminar la plataforma en ese tiempo, más de 140 mil conductores quedarán expuestos a sanciones graves o a la pérdida de su fuente de ingresos, con las consecuencias que ello tendrá en la movilidad y el empleo en todo Chile”.

En rigor, según se lee en las disposiciones transitorias de la ley, el paso a paso de lo que viene para ésta es así: una vez se publique en el Diario Oficial, el MTT dispone de nueve meses para dictar el reglamento y 30 días después de que esto ocurra comenzará a regir la ley. En medio de esa expectación es que el gobierno licitó este sowtware, el que, como se ha dicho, tardaría seis meses en desarrollarse.

En ese mismo sentido, el sindicato de conductores expuso en un comunicado que de publicarse en el Diario Oficial sin plataforma no podrán trabajar al no estar debidamente inscritos y, con ello, portar el distintivo habilitante. “Si el sistema no se encuentra disponible oportunamente, desde abril podríamos enfrentar la paralización forzada de miles de conductores por una razón exclusivamente administrativa”, declaran.

De acuerdo con cifras de Alianza In, más de 140 mil conductores estarían implicados en la implementación de esta ley. “Si existe una brecha entre la publicación y la operatividad del registro, debe establecerse una norma transitoria, una ley corta o una resolución administrativa que garantice continuidad laboral sin riesgo de multas mientras el sistema se implementa correctamente”, resalta el sindicato, que asegura estar a favor de la regulación. “La formalización no nos asusta; la incertidumbre sí”, sostienen.

De todas formas, en las disposiciones transitorias de la ley se indica que una vez se publique en el Diario Oficial, la que a su vez comenzará a regir en los treinta días posteriores, el MTT tiene nueve meses para dictar el reglamento, el que tiene pendiente la plataforma en cuestión.

Consultados por la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial, desde el MTT omitieron comentarios y se remitieron a enviar un comunicado donde recalcaron esperar que “la empresa pueda comenzar con su trabajo en las próximas semanas, de manera de cumplir con un hito más en el calendario de implementación que nos trazamos”.

Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma, miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, cree que “en la práctica se está chuteando para que sea el próximo gobierno el que tenga que resolver esto con años de atraso y con incertidumbre para decenas de miles de personas que vivían trabajan en Uber”.

Cercanos a las futuras autoridades de gobierno, que deberán hacerse cargo de la ley, esperan que el contrato con dicha empresa sea de carácter general para poder realizar modificaciones consistentes con el reglamento planea el gobierno de José Antonio Kast. Asimismo, miran como posibilidad modificar decretos para actualizar las políticas de transporte y reglamento.