La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, presentó una solicitud de reconsideración para dejar sin efecto el Dictamen N° D344, resolución que concluyó que actuó fuera de sus atribuciones al requerir información reservada a la PDI.

La exsecretaria de Estado acusa errores de derecho, vulneración de su derecho a defensa y sostiene que el pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR) debilita las facultades que la ley otorgó al nuevo ministerio.

Los hechos ocurrieron luego de que se diera a conocer el Oficio Reservado N° 28 y el organismo encabezado por Dorothy Pérez estimara que Steinert excedió sus facultades al solicitar antecedentes detallados sobre funcionarios policiales vinculados a una investigación que ella misma había liderado como fiscal regional de Tarapacá.

En concreto, el documento de la Contraloría señalaba que la actuación de la ministra “no se ajusta estrictamente a las atribuciones” y que vulneró su deber de abstención.

“La actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”, señaló el organismo que encabeza Dorothy Pérez en un dictamen divulgado el jueves pasado.

Como respuesta, en su solicitud de reconsideración Steinert indica que “se acreditan errores de derecho en cada uno de los pasos argumentales del dictamen”, sosteniendo que el Ministerio de Seguridad sí cuenta con facultades legales para requerir información a las policías.

Asimismo, uno de los puntos centrales de la reconsideración es que la exministra rechazó en el documento “la existencia de un interés -personal, patrimonial o de las personas vinculadas que la ley señala- capaz de restar imparcialidad a la decisión” y aseguró que “el dictamen no individualiza cuál sería ese interés”.

Además, indica que el reproche “personal y retrospectivo a una exautoridad cesada excede la función dictaminante e invade una sede constitucional privativa”. A juicio de la exsecretaria de Estado que estuvo 69 días en el cargo, la interpretación del organismo fiscalizador “carece de todo precedente en la jurisprudencia administrativa que el propio dictamen cita”.

La presentación busca que Contraloría deje sin efecto o modifique las conclusiones más críticas del dictamen.