El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, organismo creado por el gobierno de José Antonio Kast para auditar al Estado, levantó esta semana alertas sobre un eventual riesgo fiscal por US$ 9.200 millones en el periodo 2022-2026. Así, abrió indagatorias particulares en cuatro organismos públicos: Junaeb, Prodemu, la ANID y el Ministerio de Transportes.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el subsecretario de esta última repartición, Martín Mackenna, abordó en entrevista con Roberto Gálvez y Rodrigo Álvarez la deuda de $ 30.000 millones que, según el gobierno, se arrastra desde la administración de Gabriel Boric.

El ministerio acusó que dieron con millonarias deudas impagas del gobierno anterior. ¿Con qué se encontraron?

La inspección total es un compromiso del gobierno del Presidente José Antonio Kast que tomamos con mucha dedicación y hemos tratado de aportar a conocer el estado en que tomamos el ministerio de manera lo más detallada posible, el estado de las cuentas fiscales, y ahí nos hemos encontrado con pagos pendientes por aproximadamente $ 30 mil millones. Son $ 27 mil millones si uno hace el corte a noviembre de 2025, que son deudas con operadores, principalmente del transporte de regiones. Es un desorden en la división de transporte público regional donde hemos encontrado el mayor problema. Estos $ 27 mil millones finalmente son pagos que, al no estar con contratos vigentes, hacen que tengamos que asumirlos, regularizar esos contratos este año porque son servicios que se han prestado. Estamos en un proceso de regularización y para regularizarlos tenemos que pagarlos con presupuestos de este año.

¿Es deuda que tiene el ministerio con esas empresas?

Así es, con empresas a lo largo de todo el país. Si uno suma lo que va desde septiembre de 2022, que es la más antigua que hemos encontrado impaga, hasta noviembre de 2025 son $ 27 mil millones, aproximadamente.

¿Esta situación se repitió en el traspaso del gobierno de Sebastián Piñera a Gabriel Boric o es inédita?

(...) Efectivamente en el gobierno del presidente Piñera al presidente Boric hubo una situación, pero de alrededor de $ 2.000 millones, hoy estamos hablando de $ 27 mil millones.

Cuando eran autoridades electas, ¿se conversó esto con el entonces ministro Juan Carlos Muñoz?

En ningún caso en las magnitudes que estamos hablando.

¿Pero sí les mencionaron?

Efectivamente, porque como digo es algo que suele ocurrir, porque no siempre por distintos trámites se logra pagar todo al cierre de cada año, pero en la medida que fuimos asumiendo el cargo y sentándonos también, producto de la crisis de los combustibles, con muchos de los operadores a nivel nacional nos fuimos dando cuenta que el problema de flujo de caja de los operadores venía no solamente por el aumento de los combustibles sino que por todos estos pagos pendientes.

Esta deuda, ¿les hace recalcular el recorte presupuestario instruido por Hacienda?

Nosotros vamos a cumplir con el 3% (de recorte) pero también tenemos que ir viendo cómo asumimos esta otra responsabilidad. Ya hemos avanzado bastante. Nos hemos puesto a trabajar con los operadores fuertemente para poder pagar y regularizar los distintos contratos y pagos que estaban pendientes y de esa forma poder ir asegurando la continuidad de los servicios (...). Hemos puesto el foco en regularizar y efectivamente vamos a tener que hacernos cargo de un compromiso financiero mayor con el mismo presupuesto que teníamos.

¿Hay posibilidad de ir a sede judicial? Junaeb ya lo hizo.

Hay que revisar las responsabilidades tanto administrativas como potencialmente judiciales. Hoy estamos trabajando desde el Programa de Inspección Total, y también desde las auditorías propias del Ministerio de Transportes y de los procesos administrativos y sumarios que se están abriendo al respecto, y ahí después se van identificando ciertas responsabilidades y ciertos casos que habría que, tal vez, llevar a responsabilidades.

¿No lo descarta?

No, no lo descarto. Hoy en día no lo hemos iniciado, pero sí se han iniciado las investigaciones administrativas, porque además también nos encontramos con otro problema que tiene que ver con el no cobro de multas producto de procesos sancionatorios y no cobro de boletas de garantía. Se iniciaron algunos procesos sancionatorios a ciertos operadores por no cumplir con los contratos. Se hizo un proceso sancionatorio completo. Finalmente, se establece una sanción, pero el ministerio no la cobró hasta el 8 de marzo del 2026. Se fueron cumpliendo legalmente lo que es la sanción, pero que la tenían clara desde el año 2024 y la ejercieron el 2026, dejándonos a nosotros el problema. Creo que ya es una decisión, postergar la aplicación de una sanción que sabían que podía tener un escenario complejo con la prestación de servicios porque esos operadores, al recibir esa sanción, podían tener que enfrentar algún tipo de paro, etc.

Mencionaba la paralización en Valparaíso y ahí se dejaba ver también la molestia por el alza de los combustibles. ¿Cómo se ha llevado esta situación?

Hemos tenido una conversación permanente con los operadores de distintos tipos de servicios de transporte público donde el gobierno, desde el día en que se anunció el alza de combustibles, ha tenido un plan fuerte en cuanto a la entrega de recursos para el congelamiento de tarifas en los distintos modos de transporte público. El Plan Chile sale adelante, que incorporó subsidios para los taxis y taxis colectivos por aproximadamente $ 60.000 millones, para los transportes regulados urbanos por aproximadamente $ 65.000 millones anuales, para los rurales por aproximadamente $ 55.000 millones, y también para todos estos subsidios de conectividad por $ 23.000 millones. Estamos hablando de más de $ 150.000 millones que el gobierno comprometió para poder apoyar a los operadores y, de esa forma, contener el alza de tarifas.