El sumario de la Corte de Apelaciones acumula una tercera suspensión. Esta vez, un funcionario del 8° Juzgado de Santiago se suma a las sanciones a raíz de la liberación errónea de Alberto Carlos Mejía, imputado que se mantenía en prisión preventiva por el asesinato de José Felipe Reyes Ossa, reconocido comerciante que era apodado como el Rey de Meiggs.

El imputado venezolano fue dejado en libertad por razones que están siendo investigadas, mientras Gendarmería defiende que se limitaron a seguir las ordenes del tribunal, la jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, insiste en que aplicaron los procedimientos para su encarcelamiento y apunta a un error administrativo y falta de “cotejo” en la institución penitenciaria.

Así, con esta última sanción de la Corte, ahora son tres los funcionarios suspendidos: la jueza Rodríguez y una funcionaria que está siendo asesorada legalmente por la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial.

Además del sumario administrativo, la Corte derivó los antecedentes al Ministerio Público, que lidera la indagatoria penal que –hasta ahora– tiene a nueve imputados: una funcionaria del Poder Judicial y siete gendarmes.

El fiscal a cargo del caso, Marcos Pastén, en conversación con CNN, explicó que los cargos de los gendarmes están vinculados con el delito de evación culpable, es decir, la fuga o excarcelación de presos o detenidos por descuido o culpa de los custodios.

Respecto al caso de la jueza, detalló que no descartan el delito de cohecho, sin embargo, precisó que por el momento está siendo acusada por figuras de prevaricación. Por su parte, la funcionaria judicial está siendo formalizador por presunta falsificación de instrumento público.