Máximo hermetismo existe en el Poder Judicial respecto de los procesos disciplinarios que se iniciaron en contra de jueces que habrían viajado al extranjero con licencia médica.

Este martes el Pleno de la Corte Suprema, en un encuentro que se extendió por casi tres horas, culminó el análisis iniciado el lunes sobre los procedimientos en que se establecieron sanciones y donde el judicial correspondiente decidió apelar con miras a reducir dicho castigo.

Frente a cada uno de esos casos -se revisaron alrededor de 15- los titulares del máximo tribunal ya adoptaron un acuerdo, que contempla resoluciones específicas para cada uno, lo que se espera sea comunicado una vez se estudien los sumarios donde no se formularon apelaciones.

De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, eso ocurriría durante la jornada del lunes 15 de junio, cuando el Pleno volverá a reunirse.

Ese día, eso sí, se deben estudiar alrededor de 90 procedimientos, por lo que tampoco se ha descartado que el debate deba extenderse en una nueva jornada.

Los casos apelados

De acuerdo con la pauta de Pleno dada a conocer por el Poder Judicial, las apelaciones que recibieron corresponden a casos en que se aplicaron sanciones que van desde la amonestación privada a la apertura de cuadernos de remoción.

Esa medida más gravosa, como se evidencia en ese mismo documento, corresponde a determinaciones adoptadas frente a dos casos que analizaron la Corte de Apelaciones de San Miguel y la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

El primero de ellos se centró en el accionar de la jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel Juana Álvarez, a quien se le aplicó la medida disciplinaria de suspensión de funciones por cuatro meses y la apertura de cuaderno de remoción.

Y el segundo fue respecto de la secretaria del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas Patricia Machuca, a quien además de aplicarle la sanción de apertura de cuaderno de remoción, se le suspendió por 60 días de sus labores.

Ambas apelaron a lo resuelto por los respectivos tribunales de alzada, al igual que cinco funcionarios judiciales a quienes se les aplicó la medida disciplinaria de suspensión de funciones por cuatro meses.

Entre ellos aparece el juez de Familia de Antofagasta Jorge Saavedra, la jueza de Familia (s) de Calama Lisette Morgado, el juez del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago Diego Illanes, el juez de Letras y Garantía de Carahue Carlos Jeria, y el juez de Letras de Constitución Gustavo Benavente.

A ese grupo se suman tres judiciales que fueron sancionados con suspensión por tres meses: Katrina Chahin, jueza del Tercer TOP de Santiago; Paulina Lara, jueza del Segundo TOP de Santiago; e Inés Reinoso, jueza de Garantía de Santiago.

También apeló la jueza María Verónica Arancibia del 10° Juzgado de Garantía de Santiago, suspendida por 60 días; Kathyuzka Drpic, jueza de familia de San Fernando, suspendida por 15 días; Juan Manuel Gatica, juez de Letras y Garantía de Pichilemu, suspendido por 15 días; Rolando Valenzuela, juez de Letras de Quillota, a quien se le aplicó censura por escrito; y la jueza de familia de Angol Sandra Nahuelcura, quien recibió amonestación privada.