Durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo la formalización del conservador de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle, y de Harold Pizarro, este último dueño de una casa de cambio, en el marco del caso judicial denominado “trama bielorrusa”.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la fiscalía, los abogados Vargas y Lagos, como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, habrían realizado una serie de pagos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a través de su pareja, Gonzalo Migueles, dinero que habría sido blanqueado mediante operaciones en las que participaron los imputados Sergio Yáber, Yamil Najle y Harold Pizarro.

En la ocasión desde el tribunal decretaron las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para los tres imputados por el delito de lavado de activos. “La multiplicidad de antecedentes que hasta ahora han sido incorporados en esta causa permiten asentar que aquellos antecedentes, que han tenido una presunta participación punible en calidad de autores del delito de lavado de activos", sostuvo el juez.

“Estima este tribunal necesario dejar constancia expresa de que la adopción de estas medidas cautelares no importa en caso alguno una minimización de los hechos investigados (...) Estima el tribunal que el arresto domiciliario total (...) motivado hacia todos los imputados, aparece como la medida más intensa posible dentro del debate efectuado y resulta, por cierto, idóneo, necesario y proporcional para asegurar la sujeción de los imputados al proceso, impedir su desplazamiento, evitar coordinaciones indebidas y resguardar el éxito de la investigación", argumentó el magistrado.

Argumentos de la Fiscalía

En la formalización, desde la Fiscalía detallaron que en el caso de Harold Pizarro, dueño de la casa de cambio Inversiones Suiza Limitada, este habría participado de manera reiterada en operaciones de ocultamiento y disimulación de pagos ilícitos efectuados a Migueles.

De acuerdo a lo que explicaron, “Pizarro Iturrieta, a sabiendas del origen ilícito de los bienes, ocultó y disimuló el soborno dado por los imputados Lagos y Vargas a la imputada Vivanco por intermedio del imputado Migueles, utilizando su giro comercial con infracción de las obligaciones legales y reglamentarias que rigen a la casa de cambio en materia de prevención de lavado de activos”.

Además añadieron que se habrían usado como testaferros a Cristian Pizarro y Andrés Morales, hijo y yerno de Harold Pizarro. “Recibían el dinero transferido por el imputado Lagos, lo retiraban y lo entregaban a Harold Pizarro en efectivo, para la compra de dólares”, explicaron.

En el caso del conservador de Bienes Raíces de San Miguel, Sergio Yáber, desde la Fiscalía apuntaron que este recibió 47 mil dólares en efectivo de Gonzalo Migueles conociendo su origen ilícito.

“Aceptó recibir estos 47.000 dólares y comprárselos a Migueles, realizando las posteriores transferencias que le fueron solicitadas por Migueles, maniobras de ocultamiento y simulación consistentes en la fragmentación del dinero para facilitar su posterior integración en el patrimonio del imputado Migueles”, explicaron desde el Ministerio Público.

Según detallaron, entre el 17 y el 28 de junio del año 2024, “el imputado Yáber realizó operaciones con dinero contaminado constante en ocultar y disimular su procedencia a través de sucesivas transferencias fragmentadas hacia la cuenta de Yamil Najle como también hacia la cuenta de Gonzalo Migueles para lograr borrar cualquier huella documental y reintroducir el dinero de origen ilícito en el patrimonio de Gonzalo Migueles”.

Sobre el rol de Yamil Najle, conservador de Bienes Raíces de Chillán, desde el Ministerio Público expresaron que recibió 25 millones de pesos desde Sergio Yáber, a sabiendas de su origen ilícito.

“Se coordinan para generar una serie de contratos destinados a encubrir, ocultar y disimular el verdadero origen de estos dineros”, explicó el Ministerio Público añadiendo que “el imputado Najle acordó con el imputado Migueles suscribir documentos notariales predatados o antedatados con la finalidad de otorgar apariencia y legalidad a estos fondos contaminados, simulando que se trataba del pago de una deuda”.

La fiscalía también expuso durante la audiencia que los tres imputados han entregado información relevante que confirma su hipótesis del caso. De hecho, el tribunal reconoció que “parte sustantiva de los antecedentes que sustentan la imputación provienen de declaraciones de los propios imputados, quienes han reconocido las operaciones financieras descritas, lo que confiere a la investigación una base práctica sólida y proyecta un interés colaborativo, que lejos de disminuir la necesidad cautela, como se ha planteado, la refuerza en cuanto a la investigación se encuentra en pleno desarrollo”.