El caso Convenios o lío de platas, bajo el cual se indagan una serie de tratos entre fundaciones y organismos públicos, obligó el despliegue de las autoridades para restituir fondos entregados de manera irregular y, además, a buscar fórmulas que permitiesen robustecer los controles y así evitar nuevos casos.

Luego de que a mediados de 2023 se denunciaran posibles delitos en los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, surgieron antecedentes que derivaron en que el Ministerio Público iniciara decenas de investigaciones. No era un caso aislado: en cuestión de meses las ONG pesquisadas eran más de 30, mientras que el monto total que analizaban los distintos fiscales superaba los $60 mil millones.

Y si bien las autoridades del gobierno activaron acciones, hasta la fecha aún hay un punto pendiente: la modernización del régimen normativo de las corporaciones y fundaciones que colaboran con el Estado.

Para resolver ese pendiente, el Ejecutivo -vía el Ministerio de Justicia y la Segpres- estaría cerca de presentar el proyecto de ley con el que buscan fijar nuevos estándares y robustecer los controles.

El nuevo enfoque, dicen desde el gobierno, apunta no solo a sancionar las conductas indebidas, sino también a prevenirlas mediante mayor supervisión sistemática.

La iniciativa, según explican fuentes conocedoras del mensaje, recoge las conclusiones de la Comisión ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, la cual se constituyó precisamente producto de la crisis de los convenios.

Nuevas exigencias y más control

Entre las principales disposiciones, el proyecto de ley establece un nuevo procedimiento para el control de legalidad y el otorgamiento de la personalidad jurídica de corporaciones y fundaciones, que pasará desde las secretarías municipales al Ministerio de Justicia.

Asimismo, propone la creación de un registro electrónico de acceso público, denominado Registro Público de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, que estaría a cargo de Justicia.

El objetivo de esto, se detalla, sería reunir y conservar la información relativa a las corporaciones y fundaciones constituidas conforme a lo dispuesto en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil; las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales constituidas conforme a la Ley N°19.418, y las demás personas jurídicas sin fines de lucro regidas por leyes especiales que determine el reglamento.

Este catastro reemplazaría al actual Registro Nacional de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, que actualmente está a cargo del Registro Civil.

De igual forma, fija un procedimiento administrativo sancionatorio específico, aplicable tanto a las personas jurídicas como a las personas naturales que ejercen cargos directivos dentro de las corporaciones y fundaciones. En relación con las personas naturales, el articulado a proponer establece la posibilidad de imponer sanciones personales. Entre ellas, destaca la inhabilitación para ejercer cargos directivos por un período que puede ir desde 1 a 3 años, según la gravedad de la infracción cometida.

Para las entidades, plantea el proyecto de ley, una de las sanciones más severas que se contemplan es la cancelación de su personalidad jurídica. Esta medida podrá ser aplicada mediante resolución dictada por la Subsecretaría de Justicia, previa tramitación del procedimiento correspondiente, y podrá ser recurrida ante la corte de apelaciones respectiva.