El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) intervino en los alegatos de clausura del juicio contra 12 integrantes del Tren de Aragua que se desarrolla -en modo telemático por razones de seguridad- en el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique.

Se trata de uno de los grupos más “puros” que ha tenido la organización criminal en Chile: el denominado “TDA1″, que operaba en Iquique y cayó en enero de 2023.

El INDH de Tarapacá se querelló contra los integrantes de la banda de origen venezolano por los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de explotación sexual.

La Fiscalía de Tarapacá presentó 224 testigos reservados en el juicio.

Entre los enjuiciados figura Carlos Leonardo González Vaca, alias Estrella, que sería uno de los líderes del Tren de Aragua en el territorio chileno, además de Hernán Landaeta Garlotti, alias Satanás, uno de los principales sicarios de la organización criminal internacional.

El INDH interpuso acusaciones en contra de Estrella por delitos de tráfico de migrantes y trata de personas con fines de explotación sexual.

El organismo dio cuenta de diez víctimas, entre ellas cinco menores de edad, que fueron hechas pasar por al menos cuatro países antes de llegar al cruce Pisiga-Colchane.

Los sujetos cobraron más de 3.500 dólares por ingresar a Chile y una de las víctimas mayores de edad falleció durante el cruce que enfrentó con coronavirus.

Por otro lado, según la acusación del INDH, en febrero de 2022 los sujetos llevaron a Iquique a cuatro víctimas, a las que les ofrecieron ejercer la prostitución. Una vez en la ciudad les dijeron que tenían que pagarles una “multa” de 3 millones 600 mil pesos trabajando sexualmente en el sector de Plaza Condell. A una quinta víctima menor de edad, en las mismas fechas, la trajeron a Chile y le dijeron que ella debía pagarles una multa de 3 millones de pesos.

“Delitos sistemáticos que transcendieron fronteras”

En su alegato de clausura, el INDH planteó que “los delitos de trata y tráfico de migrantes no fueron aislados, sino delitos sistemáticos que transcendieron fronteras, cometidos con el objeto de lucrar a costa del sufrimiento humano. La legislación chilena, acorde con las obligaciones asumidas por el Estado de Chile a través de la ratificación de los tratados internacionales, exige una respuesta firme”, se indicó.

Además, en el caso del tráfico de migrantes, la sede Tarapacá del organismo insistió en que “todas las víctimas son coincidentes en mencionar la violencia experimentada y la falta de humanidad demostrada. Un ejemplo es la acción descrita por las víctimas de intento de asfixia de bebés para que no lloraran y también el abandonar, tras agredir, a una víctima, quien finalmente falleció en el lugar”, se dijo.

Y en cuanto a los casos de trata de personas, la sede indicó que “las víctimas viajaban engañadas y cuando llegaban a Chile, eran sometidas a explotación sexual, porque la deuda que mantenían con la organización no disminuía, más bien aumentaba”.

“La violencia, el control y las amenazas ejercidas contra ellas era tal que nadie podía salirse”, manifestó el organismo.