Un hombre subiendo a un vagón con una cuatrimoto; una violenta pelea como consecuencia de que un sujeto se encontraba fumando al interior del tren; un par de personas -como si fuera un bar- tomando piscolas sentados en los asientos del carro.

Las escenas, son solo algunas de las que han sido captadas en los últimos días, y se han viralizado en redes sociales, por usuarios del Metro de Santiago.

Para quienes viajan en el transporte público subterráneo, son cada vez más cotidianos estos episodios que están fuera de norma. Asimismo, se suman otra serie de hechos ilícitos que incluso afectan la operación diaria del Metro.

Este tipo de situaciones es lo que busca combatir un proyecto de ley presentado por diputados de varias bancadas, que busca fortalecer la seguridad del Metro de Santiago.

La iniciativa legal fue aprobada en general, este lunes, en la Comisión de Seguridad de la Cámara y ahora debe empezar su discusión en particular.

¿De qué se trata el proyecto?

En lo concreto, la iniciativa legal busca abordar de manera integral el problema y tiene cuatro ejes.

El primero, es la tipificación penal de conductas que afecten gravemente la operación del Metro. Se propone incorporar un nuevo artículo al Código Penal, que sancione incluso con cárcel a quienes interrumpan el tránsito, causen daños u obstaculicen los vagones o las vías férreas.

De esta manera, se busca equiparar el nivel de protección otorgado al servicio del Metro con el de otros servicios públicos, considerados esenciales.

En el segundo lugar, se apunta al fortalecimiento de las capacidades de fiscalización y denuncia ante los juzgados de Policía Local. En esa línea, el proyecto modifica la Ley N° 18.287 para entregarle facultades a Carabineros y al personal de seguridad de Metro a realizar denuncias por infracciones que alteren el funcionamiento y la operación del servicio.

Así, de transformarse en ley, se les dotaría a estas instituciones de instrumentos que permitan una intervención pronta y eficiente ante comportamientos incívicos, destructivos o que generen alteraciones.

En tercer lugar, se plantea el reconocimiento expreso de las facultades del personal de seguridad de Metro. Es decir, se establece un marco normativo específico para las labores del personal de seguridad de Metro, en coherencia con la Ley N° 21.659 sobre Seguridad Privada.

En este punto, se establecen las atribuciones o facultades de los guardias para constatar y denunciar infracciones que puedan cometerse en las dependencias (detallándolas), requerir el abandono de estaciones, despejar accesos y, en casos justificados, retener objetos o requerir la presencia de Carabineros, siempre manteniendo la proporcionalidad y que sean fiscalizables.

Finalmente, se apunta a la sanción y reincidencia. En esta línea, se propone una sanción en dinero para disuadir a quienes incurran en las conductas ilícitas, incluyendo también la posibilidad de castigar adecuadamente estas conductas, cuando hay reincidencia. Las multas son proporcionales a la gravedad de la infracción, con el objetivo de fomentar una cultura cívica para que el metro sea un espacio más seguro y eficiente.

Uno de los autores del proyecto (junto al socialista Daniel Melo), el diputado Leonardo Soto (PS), explicó a La Tercera que la idea busca proteger un servicio clave para el funcionamiento de la ciudad.

“Hemos visto muchas noticias en las últimas semanas donde se ha afectado gravemente el funcionamiento del Metro. Personas subiéndose a techos, balaceras en transacciones ilegales o protestas de personas al borde de los andenes (…) cuando se afecta al Metro, se afecta el funcionamiento total de la sociedad, siendo una infraestructura crítica de la Región Metropolitana”, señaló Soto.

Al respecto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, señaló a La Tercera que “valoramos el avance de este proyecto en el Congreso puesto que va en la dirección correcta, más allá de determinadas mejoras que puedan darse en la discusión parlamentaria”.

La autoridad añadió que “el proyecto Metro Seguro es un eslabón más en la cadena de seguridad territorial que estamos construyendo. Mientras avanzamos con los inspectores de seguridad municipal que podrían tener mayores facultades preventivas en el espacio público, este proyecto otorgaría herramientas equivalentes al personal del Metro para actuar dentro del sistema de transporte”.

¿Cómo se cuida hoy el Metro?

En medio del debate sobre el proyecto, en la comisión de Seguridad de la Cámara expuso el presidente del directorio de Metro S.A., Guillermo Muñoz, quien explicó que la dotación actual de efectivos de seguridad está compuesta por 2 mil personas.

De esas, 856 tiene la calidad de vigilante privado. Es decir, personal propio de Metro, que está distribuido en 213 por turnos. El 30% de ese personal es femenino.

En tanto, referente a la dotación de guardias privados – que son subcontratos-, son casi 230 puestos de trabajo, que se dividen en 86 guardias tácticos y 141 guardias, que son los vestidos de rojo.

En esa línea, Muñoz señaló que para bajar los porcentajes de delitos se requiere de mayores facultades.

Apuntó, por ejemplo, a que no se cuenta con atribuciones legales que permitan respaldar la operación de “erradicación” de la delincuencia, incivilidades, evasiones, dentro de otras que ocurren en la red Metro.

Además, recalcó que actualmente se encuentran supeditados a la disponibilidad de otros actores como Carabineros e inspectores municipales. Asimismo, para abordar las personas que comenten incivilidades o a los “lanzas” hoy “solo puede ser invitados a retirarse”.

Con todo, Muñoz apuntó a que se requiere uno enfoque, criterios y atribuciones específicas, dadas las particularidades que presenta Metro y su impacto en los habitantes de Santiago.

En esta línea, Leitao manifestó que “lo que estamos viendo en el Metro —personas fumando, tomando alcohol, subiendo vehículos motorizados a los vagones— no son hechos aislados, son síntomas de una pérdida del respeto por los espacios de uso público que debemos revertir con urgencia”.

Asimismo, añadió que “este proyecto establece por primera vez sanciones penales específicas, incluyendo cárcel, para quienes interrumpan o dañen la operación del Metro. Ya no hablamos solo de multas que algunos no pagan; hablamos de consecuencias penales reales. Los guardias podrían exigir identificación, ordenar el abandono de las instalaciones y retener mercadería ilegal o elementos peligrosos”.

Finalmente Leitao hizo una advertencia: “Cuando alguien decida subir una moto al Metro, sabrá que enfrenta no solo una multa, sino potencialmente una sanción penal. Ese es el nivel de seriedad que requiere proteger un servicio del que dependen 2.5 millones de personas diariamente”.