Fue el jueves 26 de junio cuando en el Juzgado de Garantía de Temuco se inició un caso que a medida que pasan las semanas solo crece y se inunda de episodios presuntamente irregulares.

El caso tiene dos protagonistas. Por un lado, la abogada Carla Fernández y, por el otro, el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa.

La primera es la querellante, quien representa a tres exoficiales del Ejército condenados en calidad de cómplices por homicidios calificados y apremios ilegítimos en el denominado caso El Polvorín.

El segundo es el magistrado, quien dictó la sentencia condenatoria y quien ejerce como ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique.

La querella de Fernández fue por el presunto cuasidelito de prevaricación culposa. Cuatro días después, el 30 de junio, el juez del Juzgado de Garantía de Temuco Federico Gutiérrez declaró admisible la querella y derivó los antecedes al Ministerio Público para que inicie una investigación en contra del magistrado Mesa. Dicha resolución -rotulada con el código BTGGXZXHLWM- al revisarse en el Portal de Verificación de Documentos Electrónicos del Poder Judicial aparece como un documento válido.

Un documento perdido

Sin embargo, menos de 24 horas después, el mismo juez se contradijo y realizó una segunda resolución en que declaró inadmisible la misma querella que el día anterior él mismo había dado luz verde para que continuara su tramitación. Incluso, cuenta Fernández, la resolución inicial -la misma que declaró la admisibilidad- desapareció del sistema de tramitación digital del Poder Judicial.

Eso fue suficiente para que la querellante apelara. La jueza de despacho Luz Arancibia se declaró inhabilitada para resolver el asunto, por lo que la apelación cayó nuevamente en manos del magistrado Gutiérrez. El juez recibió la apelación y la elevó a la Corte de Apelaciones de Temuco para que resolviera la disputa.

El 3 de julio la apelación quedó ingresada en el tribunal de alzada de Temuco, una corte que preside Mesa, el mismo ministro que era objeto de la querella. Entre medio, la representación de Mesa fue asumida por el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de La Araucanía, Marcelo Pizarro.

Dado que la resolución que declaró originalmente la admisibilidad de la querella seguía desaparecida, el 13 de julio la querellante ingresó una solicitud al tribunal para oficiar a la Fiscalía para que investigara la sustracción, hurto, robo o destrucción de “un expediente o proceso administrativo o judicial que estuviere en tramitación”. Además pidió oficiar al pleno de la Corte de Temuco para que “disponga un sumario en contra de quienes resulten responsables de este hecho”. Hasta el momento la causa de la querella quedó con reserva, por lo que no puede revisarse en la oficina virtual del Poder Judicial.

El portazo de la Corte de Valdivia

El asunto siguió escalando y Fernández informó de todo lo ocurrido al pleno de la Corte Suprema. Al máximo tribunal le pidió que oficie a la Corte de Temuco para que informe lo ocurrido y también derive los antecedentes a la Fiscalía para indagar posibles delitos.

El 18 de julio llegó la respuesta de la Suprema. En una resolución firmada por la presidenta (s), Gloria Ana Chevesich, le pidió un informe al tribunal de alzada de Temuco para que explique “el actual estado de tramitación del recurso de apelación ingresado al tenor de lo expuesto en la referida presentación”.

La disputa solo se fue complicando aun más y casi como por goteo los ministros de la Corte de Temuco se fueron inhabilitando para no tener que ver la apelación.

Por ejemplo, los ministros José Marinello y Alberto Amiot se inhabilitaron invocando la causal número 8 del artículo 195 del Código Orgánico de Tribunales, es decir, por haber “manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente, con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia”.

En tanto los ministros Carlos Gutiérrez, María Georgina Gutiérrez, Alejandro Vera, Adriana Cecilia Aravena y los fiscales judiciales Juan Bladimiro Santana y Óscar Viñuela también se inhabilitaron invocando la garantía de imparcialidad objetiva.

Esa fue la razón por la cual la Corte de Temuco se quedó sin ningún ministro o fiscal judicial disponible para armar una sala y resolver la apelación. Para solucionar el problema, en una resolución con fecha 21 de julio, las ministras Adriana Aravena y María Georgina Gutiérrez junto al abogado integrante Fernando Cartes tomaron la decisión de derivar todo el caso a la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Fue en ese momento que se armó la pelotera. Tres días después el tribunal de alzada valdiviano le llamó la atención a la Corte de Temuco y no estuvo disponible para asumir el problema. “Devuélvanse estos autos a la Corte de Apelaciones de Temuco para que se proceda como corresponda respetando el derecho de las partes para hacer valer la causal de recusación”, se lee en la resolución firmada por el ministro Samuel Muñoz, la ministra Soledad Piñeiro y el abogado integrante Ricardo Hernández.

El tribunal de alzada de Temuco hizo valer el derecho de las partes para la recusación y volvió a lo mismo: toda la corte quedó inhabilitada. Con eso, volvieron a remitir la causa a la Corte de Valdivia, la que ahora sí aceptó el encargo y será esta jurisdicción, en calidad de subrogante de Temuco, la que defina qué pasará con la querella del ministro Mesa.

Toda esta teleserie judicial llegó a oídos de los senadores, quienes están en pleno proceso para los nombramientos judiciales pendientes, que -en lo más inmediato- incluye dos cupos de la Corte Suprema, y luego de eso se vienen otros dos cupos más del máximo tribunal.

Es justamente en esos dos últimos cupos que, fuentes del Senado, comentan que el Ejecutivo ha manifestado interés en que Mesa sea nominado por el gobierno para esos puestos restantes del máximo tribunal. El magistrado tendría la venia de senadores de izquierda, sobre todo del PC.