La Contraloría General de la República (CGR) destapó una bomba este miércoles: el ente fiscalizador pesquisó que la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la Tía Rica, no tiene mecanismos de control suficientes, lo que le ha llevado a incurrir en una serie de irregularidades.

Así se deja de manifiesto en el Informe N° 400 de la entidad liderada por Dorothy Pérez, que abarcó desde el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, con unas conclusiones lapidarias para el ente prendario.

“Se constató que la Dirección General de Crédito Prendario no presenta procedimientos y controles mínimos sobre la verificación de datos personales de los empeñantes; sobre la generación de alertas u otros mecanismos sobre la reiteración de entregas de especies en prenda por las mismas personas y de la procedencia lícita de los bienes recepcionados”, se lee inicialmente en el informe.

Por ejemplo, la CGR determinó que la Dicrep–casa matriz recibió un número “inusual” de transacciones de joyas y alhajas por una misma persona. Y que al respecto, en 2023, un total de 4.769 individuos realizaron transacciones recurrentes que fluctuaron entre 10 y 229 operaciones por cada uno, por un monto de $7.139.044.380. Para 2024 fueron 4.895 empeñantes, quienes realizaron operaciones por $7.290.630.300, con una fluctuación de entre 10 y 230 transacciones por persona.

Pero lo grave es que se constató que la entidad auditada no solicitó ningún antecedente sobre la procedencia y pertenencia de los bienes que fueron entregados en prenda, como tampoco existieron validaciones de los datos personales entregados por los usuarios, “considerando, además, la recurrencia de los empeños de joyas y alhajas por las mismas personas”, según dice el informe.

Por otra parte, se verificó que 1.681 empeñantes con antecedentes penales realizaron operaciones en forma recurrente por un monto de $1.507.026.380 y no retiraron posteriormente las prendas empeñadas. “Sin perjuicio de todo lo anterior, realizadas las indagaciones acerca de denuncias o de la entrega de antecedentes que hubiese efectuado la Dicrep a los organismos competentes, se verificó que no se habían ejecutado”, se señala.

En ese sentido, las conclusiones se extienden al respecto señalando que “no se advierten para la operación habitual los procedimientos y controles que se implementaran para verificar la identidad y datos personales de los empeñantes, como tampoco, considerando la operatoria institucional, sobre la definición y establecimiento de controles y/o alertas tempranas que identifiquen situaciones o patrones de comportamiento inusual, como, por ejemplo, la entrega reiterada de bienes por un mismo usuario”.

Por lo anterior, la Tía Rica deberá elaborar y aprobar un manual de procedimientos y/o instructivo que establezca formalmente los controles necesarios para velar por la legalidad en la procedencia de los bienes recibidos en prenda, así como la verificación y registro adecuados de la identidad y datos personales de quienes los entregan, mandata la Contraloría, que da un plazo de 60 días hábiles para estos efectos.

Dentro de sus respuestas, la Diprec señala que hay pocos funcionarios que concentran muchas labores, lo que podría favorecer la falta de control.

Pero a pesar de ello la Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas, así como que el informe fue remitido al Ministerio Público.

Finalmente, Contraloría también verificó que la Dicrep no mantiene mecanismos de coordinación con organismos policiales con el fin de velar por la trazabilidad integral de las distintas especies entregadas en prenda y de sus empeñantes. Esto también debe ser corregido en un plazo de 60 días.

La preocupación de lo pesquisado radica en que se podría configurar que el Estado esté financiando delincuentes al funcionar como receptador de artículos robados, los que luego se van a remate.